Jorge Auat habló sobre el arresto domiciliario de los represores: "Hay que tomar recaudos para que se cumpla la pena"

EL TITULAR DE LA PROCURADURÍA DE CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD, QUE EN SU ÚLTIMO INFORME DIO CUENTA DE QUE LA MITAD DE LOS PRESOS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS CUMPLE PRISIÓN EN DOMICILIO, DIJO NO ESTAR EN CONTRA DE ESE BENEFICIO PERO LLAMÓ A TENER CUIDADO AL RESPECTO.

El hecho de que la mitad de los represores cumpla su condena en prisión domiciliaria es una prueba de que los juicios por delitos de lesa humanidad “están lejos de asociarse con el concepto de venganza” declamado por los defensores de la dictadura. Así lo consideró el titular de Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, en referencia al informe realizado por ese organismo, que dio cuenta de que 549 de los 1038 condenados por crímenes de lesa no está en una cárcel común. “El informe refleja lo que está pasando y todo lo que falta por hacer”, remarcó.

Del total de acusados por delitos contra los derechos humanos “hay un 15 por ciento de absueltos, y esto también marca que estamos lejos de la idea de ‘venganza’”, insistió Auat en declaraciones radiales, en la que analizó los resultados de la investigación de la Procuraduría.

Entro otros datos, allí se indica que, además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, uno está internado por fuera del SPF y otros 53 se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

Según Auat, estos números revelan dos cuestiones: “primero, que hay que admitir que los años de impunidad hicieron su obra” y que la edad de algunos represores son “efectos de haber llegado tarde” a sus juicios. Por el otro lado, que “hay que tomar recaudos” para que se cumplan las penas. “No estamos en contra de la prisión domiciliaria porque respetamos la norma. Lo que se tienen que tomar son los recaudos necesarios para que se cumpla la pena”, explicó el fiscal.

“Lo que hay que discutir es el sentido de la pena. No importa dónde la cumpla, pero que la cumpla. Si se desnaturaliza el sentido de la pena y se entiende que la prisión domiciliaria es ‘impunidad’, estamos licuando el proceso de memoria, verdad y justicia”, definió.

Uno de los puntos por los que la prisión domiciliaria está en la palestra es por el reciente fallo que le otorgó ese beneficio al represor Miguel Etchecolatz, quien cumple sus cinco condenas a perpetua con una prisión domiciliaria en su vivienda de Mar del Plata. Lo que aducen quienes rechazan esa medida es que el genocida podría entorpecer la investigación en su contra. Máxime con el antecedente de la desaparición de Julio López.

Por eso, el caso de Etchecolatz “debería ser parte de análisis y de la ponderación” a la hora de solicitar ese beneficio, agregó el procurador, quien junto con Carolina Varsky coordina la procuradoría.

Según un informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los represores presos están con domiciliaria

LAS CAUSAS POR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS AVANZAN EN LA JUSTICIA AUNQUE CON DIFICULTADES. EL 2017 TERMINÓ CON 1.038 REPRESORES DETENIDOS, 549 DE ELLOS CON ARRESTO DOMICILIARIO. EL AÑOS PASADO SE INSTRUYERON 593 CAUSAS, QUE AÚN CONTINÚAN EN TRÁMITE, Y SE DICTARON 200 NUEVAS SENTENCIAS. EL 67 POR CIENTO DE ELLAS FUERON APELADAS.

La reciente prisión domiciliaria otorgada al genocida Miguel Etchecolatz, que desató el repudio de los organismos de derechos humanos y gran parte de la sociedad, no es un caso aislado entre los detenidos por crímenes de lesa humanidad. 

Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, más de la mitad de los detenidos en las causas por violaciones a los derechos humanos se encuentran con arresto domiciliario. Los represores presos en domicilios son 549. 

La Procuraduría también informó que el 67 por ciento de las sentencias dictadas contra los represores fueron apeladas, por lo que se encuentran en alguna instancia de revisión, y que luego del fallo Muiña, donde la Corte Suprema aprobó el 2x1 para casos de lesa humanidad, hubo 118 condenados que pidieron acceder al beneficio.

De acuerdo con los datos del diagnóstico elaborado por la propia Procuraduría, que coordinan el fiscal federal Jorge Auat y Carolina Varsky, el año que pasó fueron investigados 2.979 imputados, en un total de 593 causas que aún continúan en trámite, y se dictaron 200 nuevas sentencias en todo el país, aunque sólo 26 fueron definitivas. “A la fecha los Tribunales Orales han dictado 200 sentencias en todo el país. De ellas, 135 (67 por ciento) se encuentran aun transitando alguna instancia de revisión (…) y su resolución se encuentra pendiente”, confirmaron los fiscales.

De las 393 causas en las que aún no se dictó sentencia, 17 se encuentran en etapa de debate oral o plenario -aunque en sólo seis causas ya está fijada la fecha de inicio del debate-, 98 causas están listas para comenzar el juicio y el resto, las 278 causas que faltan, continúan en etapa de instrucción. 

“Durante el 2017 fueron sentenciadas 234 personas”, de los cuales 198 fueron condenados y 36, absueltos, según señalaron los fiscales en el informe, Entre quienes aún no fueron sentenciados, la situación procesal varía según la causa: hubo 701 procesados, a 164 imputados se les dictó falta de mérito y 62 fueron sobreseídos. “A diciembre de 2017, son 1.305 los imputados libres y 1.038 los detenidos. Un total de 599 personas ha fallecido, 499 antes de ser sentenciadas y 100 luego del dictado de su condena o absolución. Por último, existen 37 personas que se encuentran prófugas de la justicia, un número levemente menor a 2016 (44), que implica que durante el año hubo varias capturas”, continuó el informe presentado por la Procuraduría.

Además de los detenidos con prisión domiciliaria, 435 están recluidos en cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) o provincial, hay un internado por fuera del SPF y otras 53 personas se encuentran en dependencias de las fuerzas armadas o de seguridad.

El informe analizó también cuánto tiempo transcurre desde que se inicia la causa hasta que se obtiene la sentencia firme. En promedio, en las "causas firmes", aquellas que ya no tienen pendiente instancias de revisión, transcurren 5 años y medios entre que se presenta el requerimiento de elevación a juicio y se obtiene la sentencia del último recurso tramitado ante la Corte Suprema de Justicia. En la "causas en trámite", las que tienen sentencia pero esperan la elevación a juicio o pueden ser recurridas, la demora alcanza los 4 años y medio.

“La instancia que mayor tiempo ha tomado hasta el momento es la confirmación de la sentencia por parte de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), con una demora de casi dos años luego de conocidos los fundamentos de la sentencia de TOF. Le sigue la instancia entre el inicio del debate y el veredicto, a cargo del TOF, con casi un año y ocho meses. A continuación se encuentra el periodo entre la sentencia de la CFCP y la confirmación del último recurso ante la CSJN, que demora en promedio un año y cinco meses”, detallaron desde la procuraduría.

En el informe, los fiscales hicieron hincapié en que “los responsables del trámite de las causa demoran en conjunto más de cinco años en resolver si una causa se eleva, realizar el juicio, dictar la sentencia y en confirmarla o no en las instancias recursivas posteriores”, lo que calificaron como un “cuellos de botella” que es necesario resolver.