Una sentencia irrisoria para un represor: cuatro años para Eduardo Alfonso

ALFONSO PARTICIPÓ DE UN OPERATIVO DONDE SE SECUESTRÓ A UNA MUJER EMBARAZADA Y SU HIJA. LOS JUECES LO ABSOLVIERON POR LA MUERTE DEL PADRE DE FAMILIA. PARA ABUELAS ES UN FALLO “INSULTANTE”.

El Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín condenó al general Eduardo Alfonso a cuatro años de cárcel por el allanamiento ilegal en el que se secuestró a Beatriz Recchia y su hija Juliana García de tres años. 

La mujer estaba embarazada de cinco meses y en el operativo fue muerto su marido, Antonio García. 

Por este hecho, aunque los jueces admitieron la participación de Alfonso en el operativo, el militar resultó absuelto.

El hecho ocurrió el 12 de enero de 1977 en Villa Adelina. El grupo de tareas mató a García y se llevó a la mujer embarazada y a su hija. Beatriz Recchia no volvió a aparecer. Juliana se salvó y en 2009 pudo reencontrarse con su hermana nacida en cautiverio.

Alfonso siguió en el Ejército en democracia y llegó a general de Brigada. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue designado secretario general del Ejército, lo cual significó que era el número dos de la fuerza, sólo por detrás del jefe, en ese entonces Ricardo Brinzoni. 

Solamente después de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida enfrentó a la Justicia. Fue detenido y procesado en diciembre de 2008, pero en agosto siguiente lo liberó la Cámara Federal de San Martín. Cuando la causa avanzó en 2012, se fugó a Paraguay para evitar su arresto. En el vecino país vivió con un nombre falso hasta 2016, cuando fue detenido.

Para Abuelas de Plaza de Mayo, el fallo a cuatro años de prisión resultó "insultante”, dado que “tal como lo dijo el tribunal, es un crimen de lesa humanidad y está probada la participación de Alfonso en los hechos”.

En la misma audiencia, los jueces Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Mónica Rodríguez absolvieron a otro represor, con lo que “la tristeza fue mayor”, según Abuelas. Se trata de Rafael Félix López Fader, ex Capitán del Departamento de Inteligencia del Comando de Institutos Militares. Estaba acusado de ser parte en el secuestro y muerte del ex diputado Diego Muniz Barreto y en el intento de asesinato de Juan José Fernández. Este último era secretario de Muniz Barreto y pudo sobrevivir al operativo.

Desde el organismo de derechos humanos, manifestaron que “no bajaremos los brazos, seguiremos luchando por nuestros hijos y por las futuras generaciones porque una sociedad sin memoria y sin justicia corre el riesgo de repetir sus errores”.

Comenzó un nuevo juicio por los crímenes de lesa humanidad Campo de Mayo

SON JUZGADOS DOS ALTOS OFICIALES DEL EJÉRCITO: EL GENERAL RETIRADO EDUARDO ALFONSO Y EL EX CAPITÁN DE INTELIGENCIA DEL COMANDO DE INSTITUTOS MILITARES, RAFAEL FÉLIX LÓPEZ FADER. 

El Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) de San Martín, integrado por Marta Milloc, Diego Barroetaveña y Marcela Rodríguez, comenzó a juzgar a dos ex integrantes de la guarnición militar de Campo de Mayo que hasta ahora no habían sido imputados por ninguno de los delitos de lesa humanidad cometidos en aquella guarnición durante la última dictadura militar: el general retirado Eduardo Alfonso y el ex capitán de inteligencia del Comando de Institutos Militares, Rafael Félix López Fader. 

López Fader está acusado por la privación ilegal de la libertad, la aplicación de tormentos y el homicidio del ex diputado nacional Diego Muñiz Barreto, y por el secuestro, torturas y la tentativa de homicidio de Juan José Fernández, ocurridos en 1977. Por su parte, Alfonso, quien al igual que su colega negó haber participado de la "lucha contra la subversión", está imputado por la privación ilegal de la libertad de Beatriz Recchia (quien se encontraba embarazada de cinco meses cuando fue secuestrada junto con su hija Juliana Inés García Recchia), y por el homicidio de su pareja, Domingo Antonio García. 

Alfonso, quien se desempeñó como secretario general del Ejército durante los gobierno de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, permaneció 4 años prófugo en Paraguay y se entregó en julio del año pasado, un mes después de que el ministro de Justicia, Germán Garavano, se reuniera con miembros de la Asociación Abogados por la Justicia y la Concordia, promotores de la impunidad a los represores. 

Antes de escaparse al Paraguay, Alfonso había sido detenido en 2008 como partícipe necesario del secuestro de Muñiz Barreto, pero los jueces Jorge Eduardo Barral y Hugo Rodolfo Fossati, de la Cámara Federal de San Martín, subrayaron la posibilidad de que Alfonso no conociera “la finalidad” del operativo y el juez de primera instancia dictó su sobreseimiento.

A pesar de que Abuelas de Plaza de Mayo apeló la medida, en 2011, la Cámara conformada por Barral y Fossati, más la incorporación de Juan Manuel Culotta -flamante juez electoral de Buenos Aires- ratificaron el sobreseimiento de Alfonso, y sostuvieron que el represor pudo haber entendido que el procedimiento para el que había sido convocado "era legítimo” porque todos sus participantes iban “vestidos de combate”, a pesar de que varios testimonios aseguraban que habían ido de civil, de madrugada, sin orden de allanamiento ni identificación. 

Abuelas volvió a apelar y la jueza de la Cámara de Casación Alicia Vence revocó el fallo y ordenó nuevamente la detención de Alfonso, quien bajo el alias de Walter Ramón Fariña Falcón ya se encontraba prófugo. Tras su entrega el año pasado y la unificación de su causa con la de Fader, comenzó el martes a ser juzgado. 

La desaparición de Beatriz Recchia, quien estuvo secuestrada en "El Campito" que funcionó en el extenso predio del Ejército en el oeste bonaerense está caratulada como "privación ilegítimia de la libertad". Durante su cautiverio, en mayo de 1977, dio a luz a una niña, quien recuperó su identidad, Bárbara García Recchia, el 12 de febrero de 2009. 

Juliana Inés García Recchia, la hija mayor de la pareja, fue una de las primeras en declarar ayer y relató los recuerdos de aquel 12 de enero de 1977, cuando secuestraron a sus padres. "Viví con ellos 3 años y 13 días. Los hechos traumáticos no se olvidan y éstos los tengo grabados a fuego junto con sus abrazos, que me acompañan, porque es lo que me queda de ellos", lamentó. 

Luego repasó el operativo de aquel día en su casa de Villa Adelina, realizado por efectivos del Ejército vestidos de civil, reafirmando los testimonios que los jueces Barral, Fossati y Culotta obviaron en su fallo de 2011, que permitió la fuga de Alfonso. "Que tenga la valentía de contar la verdad y diga qué hicieron", le pidió Juliana al ex secretario general del Ejército. 

En 2011, Abuelas había solicitado el juicio político de los camaristas por “garantizar la impunidad” de Alfonso, pero tres años después, vencido el plazo para impulsar la acusación, el Consejo de la Magistratura desestimó la denuncia.