"Basta de mentir, basta de matar": movilización de organizaciones sociales al Ministerio de Seguridad contra la escalada represiva

LA CTEP Y OTRAS ORGANIZACIONES SOCIALES SE MOVILIZARON AYER A LA SEDE DEL MINISTERIO QUE ENCABEZA LA EX MONTONERA ENTREGADORA DE COMPAÑEROS PATRICIA BULLRICH LURO PUEYRREDÓN PARA RECLAMAR JUSTICIA POR EL ASESINATO DE RAFAEL NAHUEL Y EL FIN DE LOS DESALOJOS VIOLENTOS EN LA PATAGONIA. MIENTRAS TANTO, EN BARILOCHE HUBO UN PRINCIPIO DE ACUERDO PARA QUE UNA MESA DE DIÁLOGO RESUELVA PACÍFICAMENTE EL CONFLICTO EN VILLA MASCARDI.

Bajo la consigna “Basta de mentir, basta de matar”, la Confederación de Trabajadores de la Economia Popular (Ctep), Barrios de Pie, la CCC y los sindicalistas Hugo Cachorro Godoy, de ATE, y Roberto Baradel, de SUTEBA, reclamaron ante el Ministerio de Seguridad de la Nación que el régimen macrifascista "abra canales de diálogo" con los mapuches tras el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Los manfiestantes dejaron un escrito en el que reclaman el llamado al diálogo.

"Esta marcha complementa lo que está haciendo en Bariloche nuestro compañero Juan Grabois. Nos movilizamos al Ministerio de Seguridad para que las autoridades instauren canales de diálogo y resolver las cuestiones relativas a los reclamos de los pueblos originarios y a la socialización de la tierra", explicó Gildo Onorato, del secretariado de la CTEP.

En paralelo, Leonardo Grosso, diputado nacional del Movimiento Evita, anunció desde Bariloche que se logró la instalación de una mesa de diálogo entre funcionarios del régimen y comunidades indígenas.

Grosso, vicepresidente de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja dijo que la instancia lograda es un “primer paso” y aseguró que  “se ha logrado que el Gobierno nacional cese su actitud en contra del diálogo y se pueda empezar a destrabar el conflicto como corresponde, democráticamente y por vías institucionales”.

Añadió que el Ejecutivo debió dar marcha atrás en su “estrategia de criminalización de la comunidad mapuche” tras la insistencia de los organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales, sindicales y religiosas y mencionó que la solución acordada implica “la desmilitarización de la zona como elemento fundamental para seguir avanzando en el camino del diálogo”.

De espaldas a los reclamos populares: el régimen macrifascista reconoció que no cumplirá la Ley de Emergencia Social

EL EJECUTIVO ASEGURÓ QUE "NO PONDRÁ EN PRÁCTICA LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS Y OTRAS POLÍTICAS" CONTEMPLADAS EN LA LEY QUE SANCIONÓ EL CONGRESO EN DICIEMBRE PASADO.

"Una nueva provocación"; así definieron los referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa a la reunión que ayer mantuvieron con los ministros de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y de Trabajo, Jorge Triaca, y con el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana. Después de un mes de movilizaciones, el Ejecutivo aseguró que "no pondrá en práctica los proyectos productivos y otras políticas" contempladas en la ley que sancionó el Congreso en diciembre pasado.

Desde fines de julio, las organizaciones populares reclamaron que el régimen macrifascista cumpliera con la ejecución de los 10 mil millones de pesos anuales contemplados por la ley, de los que solo ejecutó un 30 por ciento, y que se sancionara una ley de Emergencia Alimentaria que afrontara la tragedia que representa que el 43 por ciento de los chicos que asisten a los comedores populares sufran malnutrición.

Luego de que Stanley recibiera un petitorio con miles de firmas reclamando la emergencia en cuestión, el vicejefe de Gabinete canceló la primera reunión prevista con las organizaciones populares porque se encontraba de vacaciones. Finalmente la reunión se concretó ayer pero los funcionarios se mostraron implacables ante los reclamos. 

Tras el encuentro, los dirigentes sociales advirtieron que la respuesta oficial ocurre "en un marco de creciente persecución y hostigamiento contra los movimientos sociales, los pueblos originarios y los trabajadores" y denunciaron que el Poder Ejecutivo adoptó una "actitud de explícita soberbia" al desconocer una ley aprobada por el Congreso. "Dejaron en claro que no pondrán en práctica los proyectos productivos comunitarios y otras políticas sociales estipuladas en la ley", denunciaron. 

Frente a la negativa del régimen de cumplir con la ley, la CTEP, Barrios de Pie y CCC realizarán el lunes próximo una asamblea de delegados para evaluar un nuevo plan de lucha, que podría contemplar movilizaciones a las grandes cadenas de supermercados para pedir alimentos y una jornada nacional de acampe en las principales avenidas y rutas de todo el país.