La Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca realizó ayer a la mañana un allanamiento en el diario La Nueva Provincia, en el marco de la causa por la que es investigado su director, Vicente Massot, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, informaron fuentes judiciales.
Los fiscales Miguel Ángel Pallazani y José Nebbia, junto con colaboradores de la Unidad Fiscal y con el apoyo de integrantes de la Gendarmería Nacional, ingresaron pasadas las 8:30 al edificio del diario ubicado en Rodríguez 55, en pleno centro de la ciudad.
Fuentes del caso señalaron que "la diligencia se llevaba a cabo luego que los fiscales solicitaran el pedido de allanamiento al juez Federal subrogante Alvaro Coleffi” y agregaron que “tras analizar el requerimiento el magistrado autorizó a los fiscales a llevarlo a cabo”.
Según las fuentes consultadas “los fiscales buscaban diversos elementos vinculados a la causa por la cual es investigado el director del diario Vicente Massot”.
“Entre los elementos podrían figurar recortes periodísticos y fotografías ubicadas en el sector del archivo del diario y que daten del período comprendido durante la última cívico militar”, añadieron.
En el marco del allanamiento también estaban presentes integrantes de la Gendarmería Nacional, quienes se apostaron en el frente de la empresa periodística. En el edificio de La Nueva Provincia además se encuentra LU2 Radio Bahía Blanca y FM Ciudad.
El mismo juez Coleffi ordenó el pasado viernes que Massot deberá prestar declaración indagatoria el 24 de abril y que debido a la causa no pueda salir del país.
Así el magistrado hizo lugar al pedido de los fiscales Pallazani y Nebbia para que el empresario preste declaración indagatoria en el marco de la causa en la que está siendo investigado.
Massot está acusado de integrar "junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedios actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales", señalaron los fiscales en un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la fiscalía.
En ese contexto, el empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".
También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
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