La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas emitió un comunicado en el que manifiesta su preocupación por el allanamiento realizado en el matutino de Bahía Blanca, cuyo director Vicente Massot, está investigado por complicidad en delitos de lesa humanidad.
La Unidad Fiscal de Causas por Violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca realizó el martes un allanamiento en el edificio del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, en el marco de la causa por la que es investigado su director, Vicente Massot, por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.
Frente a ese hecho, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por el allanamiento, mediante un comunicado, y señaló que se trata de un ataque a "medios de prensa independientes".
"Las condiciones en que se cumplió la actuación judicial parecen constituir un nuevo eslabón de una larga cadena de ataques contra medios de prensa independientes, en tanto y en cuanto expresan visiones críticas sobre la realidad nacional", señalan en el comunicado.
"El juez interviniente expresamente había establecido que en ningún caso la medida debía 'entorpecer ni afectar el normal funcionamiento del medio gráfico', ni mucho menos afectar la libertad de prensa ni la absoluta reserva de la 'fuente periodística', garantías que han sido incorporadas por la reforma constitucional de 1994 y que no ceden pues adquirieron rango de una verdadera 'libertad institucional'", precisaron.
Los integrantes de ADEPA se quejaron porque los fiscales ad hoc que actuaron acompañados por personal de Gendarmería Nacional, secuestraron 119 tomos de la colección del diario desde 1974 a 1983 y cientos de sobres que contenían fotos y recortes periodísticos del archivo del diario "que hacen al funcionamiento cotidiano del medio de comunicación bahiense".
Lo que el comunicado de ADEPA omite es que Massot está acusado de integrar "junto con los mandos militares (Ejército y Armada) una asociación ilícita con el objetivo criminal de eliminar un grupo nacional", para lo cual habría contribuido desde el multimedios actuando "de acuerdo a las normativas y directivas castrenses y en cumplimiento de tales", señalaron los fiscales en un pormenorizado y extenso estudio de las pruebas recogidas en la investigación, que fue delegada por el juzgado en la fiscalía.
En ese contexto, el empresario fue imputado como coautor del homicidio de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, "instigándolo, determinándolo, prestando aportes indispensables para su concreción material y encubriendo a sus autores inmediatos".
También se le imputa haber efectuado "aportes esenciales", que "consistieron en el ocultamiento deliberado de la verdad", en los secuestros, torturas y homicidios de 35 personas.
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