La justicia decidió el embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias de petroleras extranjeras. La medida fue dictada en el marco de la causa por exploración ilegal en las Islas, denunciado por el gobierno nacional.
La jueza federal de Río Grande, Lilian Herraez, decidió el jueves ordenar el embargo preventivo de bienes y cuentas bancarias de empresas extranjeras que están operando ilegalmente en aguas cercanas a las Islas Malvinas. La decisión de la magistrada derivó de los pedidos de medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la denuncia penal que inició el gobierno nacional, el pasado 9 de abril.
La jueza de Tierra de Fuego dispuso que, mediante distintas medidas de alcance nacional e internacional, se embargue una plataforma semisumergible, cuatro buques y un dique flotante utilizados en las actividades ilegales de exploración y explotación que se realizan en el archipiélago austral. Hizo lo propio con cuentas bancarias de las empresas imputadas. A su vez, determinó la intervención judicial de una de ellas que operaría en la Argentina a través de una sucursal (la estadounidense Noble Energy). También ordenó una medida de no innovar para que cese el delito y autorizó al Ministerio Público Fiscal a tomar medidas para anoticiar a los organismos internacionales que puedan colaborar para hacer efectiva algunas de las medidas mencionadas.
El Ministerio Público, que fue el que solicitó las medidas cautelares, está trabajando en la causa de forma coordinada entre el Fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport; el Fiscal General de Tierra del Fuego, Adrián García Lois; y el titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Carlos Gonella. En la pesquisa tiene una importante participación la Unidad de Recupero de Activos de la Procuración General de la Nación.
Por caso, en la investigación quedó plasmado que el hallazgo de petróleo y gas en el archipiélago que comunicó la empresa Falkland Oil And Gas Limited (FOGL) el 2 de abril pasado –justo en el 33º aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas- derivó en una importante e ilícita ganancia para la mentada compañía. El día del anuncio, el valor de las acciones de FOGL en el Mercado Alternativo Bursátil de Londres aumentó más del 34% y el volumen de transacciones negociadas más de 400%. Esto desencadenó la solicitud de un embargo preventivo de tales ganancias.
El inicio de la causa se remonta al 9 de abril, cuando el gobierno nacional denunció a cinco empresas extranjeras por operar ilegalmente en la plataforma continental argentina de Malvinas. Se trata de las firmas Rockhopper Exploration plc, Premier Oil plc, Falkland Oil And Gas Limited (FOGL), Noble Energy Inc. y Edison International SpA que integraron el consorcio responsable de la contratación de la plataforma semisumergible Eirik Raude, que el 6 de marzo pasado inició una campaña exploratoria en la cuenca Norte de las islas, a unos 200 kilómetros del archipiélago.
El 21 de abril, en su requerimiento de instrucción del caso, el Ministerio Público Fiscal amplió el abanico de empresas acusadas: sumó a cuatro firmas más por facilitar el delito que cometen las primeras. Las nuevas denunciadas fueron Petrolium PGS, que aportó los buques para realizar los análisis de los yacimentos; Desire –absorbida por FOGL-; Neptune, que brindó el buque con el que se habrían realizado estudios geoquímicos y ambientales; Ocean Rig (noruega), propietaria de la plataforma Eirik Raude. Así, las acusadas se transformaron en nueve.
A todas se les imputó realizar “actividades ilícitas de exploración, búsqueda y eventual extracción de hidrocarburos en el Océano Atlántico, en proximidades de las Islas Malvinas sin contar con autorización, concesión o permiso alguno otorgado por la autoridad competente argentina”.
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