La titular del Consejo de la Magistratura, Gabriela Vázquez, opinó en medio de la polémica en torno a la decisión tomada el jueves pasado que designó a tres conjueces en reemplazo de los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral en la Cámara Fderal de Casación Penal.

La presentación de Cabral quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal número 7, interinamente a cargo de la jueza María José Sarmiento, quien deberá expedirse en relación a la cautelar solicitada por el magistrado para ser repuesto en el cargo que ocupaba en la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.
En declaraciones radiales, la presidenta del Consejo y jueza de la Cámara del Trabajo, Gabriela Vázquez, recordó que las subrogancias “no son eternas” y que Cabral había sido “designado a dedo” hace tres años, “violándose todo el régimen legal previsto en el artículo 31 de la Ley 1.285”.
Además, indicó que, tras la puesta en vigencia el 18 de junio último de la Ley 27.145 de procedimientos para la designación de subrogancias, Casación Federal había remitido al Consejo “un oficio en el que solicitaba que se procediera a ratificar, prorrogar o modificar sus designaciones”, en relación a las subrogancias de la Sala I.
En este contexto, Vázquez afirmó que Cabral “pretende atornillarse en una subrogancia que no tiene legitimidad ni constitucional ni legal” y respondió con un rotundo “absolutamente”, cuando le preguntaron si descartaba que el apartamiento se vinculara con el inminente pronunciamiento de esa Sala en relación al Memorándum de Entendimento con Irán, previsto para la mañana a las 11.
Garrigós de Rébori: Cabral "de ninguna manera dejó de ser juez"

"No es cierto que Cabral deje de ser juez sino que volvió al Tribunal Oral Criminal número 9, que es su cargo titular", aseveró Garrigós de Rébori.
En este marco, consideró “irresponsable” la convocatoria a una marcha en apoyo a la permanencia de Cabral en la Cámara Federal de Casación Penal dado que el cese en ese cargo “no es más que el cumplimiento de una ley en vigencia”, en alusión a la Ley 27.145, sancionada por el Congreso Nacional el 10 de junio pasado y publicada ocho días después en el Boletín Oficial.
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