Es porque el oficialismo firmó ayer a la tarde el despacho de comisión , al considerar que la oposición "ya tenía una posición adoptada y poca voluntad para debatir", con lo cual la iniciativa ahora se tratará en una sesión especial el próximo miércoles.
La decisión se adoptó en el transcurso de un plenario de las comisiones a propuesta del vicepresidente de la bancada del Frente para la Victoria, Pablo Kosiner, luego de recibir los informes del ministro de Planificación Julio De Vido, los secretarios de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y de Energía, Mariana Matranga, y del titular de YPF Miguel Galuccio.
Kosiner planteó que que "las posiciones estaban claras, el debate agotado por lo correspondía hacer circular el dictamen", en lugar de esperar hasta el jueves como era al idea original, ante lo cual la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, informó que las bancadas tienen tiempo hasta el jueves para presentar sus propios despachos.
Inicialmente, el oficialismo había organizado dos reuniones de comisiones, una para esta tarde y otra para el jueves, pero luego decidió acelerar la firma del despacho al considerar que estaba agotado el debate y que la oposición ya había adelantado su postura contraria al proyecto.
El vicepresidente del bloque oficialista dijo que desde este espacio político expresaron "una clara posición de participar del debate, pero no ocurrió lo mismo con la oposición que siempre está ausente de los grandes debates" y señaló que las "posiciones están claramente definidas".
Ante la propuesta del oficialismo, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diana Conti, quien condujo el debate junto a los titulares de Presupuesto, Roberto Feletti, y de Energía, Mario Metaza, anticipó que los bloques opositores tienen tiempo hasta el jueves al mediodía para presentar sus propios despachos de comisiones que serán de minoría.
De hecho, las posturas quedaron claro en el marco del plenario de comisiones dado que desde el oficialismo se planteó que con esta reforma de la ley de hidrocarburos se apostaba al ingreso de inversiones, mientras que desde la oposición argumentaron que la iniciativa tiene por objetivo "respaldar el acuerdo con Chevron".
El debate fue abierto por el ministro De Vido, quien aseguró que la ley de Hidrocarburos “incorpora nuevos beneficios e ingresos directos para las provincias e incrementa las exigencias a permisionarios y concesionarios” y sostuvo que se trata de “una herramienta fundamental para lograr la soberanía hidrocarburífera”.
En ese sentido, el ministro destacó que este proyecto "representará la consolidación del rol histórico que debe tener el Estado nacional en conjunto con las provincias" y precisó que los objetivos de esta iniciativa “son claros: asegurar la soberanía hidrocarburífera, el verdadero autoabastecimiento, el ahorro de divisas y la generación de nuevas fuentes de trabajo”.
Por su parte, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, dijo que este proyecto de hidrocarburos se busca "incrementar la energía para acompañar el crecimiento económico" y con "ello saldar un problema que es cíclico, el problema de cuello energético".
Al hablar en el plenario de comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y de Energía, Zannini dijo que con esta iniciativa "en lugar de que el Estado deba ir a comprar combustible al exterior, se busca que lo extraiga de su propio territorio y genere nuevas fuentes de empleo".
En tanto, la secretaria de Energía, Mariana Matranga, aseguró que este proyecto de actualización de la ley de hidrocarburos "es completa, moderna, homogénea y transparente" con el objetivo de "acelerar el proceso de autobastecimiento energético" y aclaró que esta iniciativa "no contempla la prórroga automática".
A su vez, Miguel Galuccio aseguró que la actualización de la ley de hidrocarburos es necesaria para "atraer las inversiones" y dijo que es prioritario poder explorar el sector off-shore.
Desde la oposición, los radicales Ricardito Alfonsinito y Miguel Ángel Guibergia cuestionaron que en la reforma "no está contemplado el impacto ambiental" y el acuerdo con Chevron para explotar Vaca Muerta.
Por su parte, la diputada massiclarinista Graciela Camaño -quien mantuvo un contrapunto con Conti-cuestionó a los funcionarios y anticipó el rechazo al proyecto por entender que "no contempla el impacto ambiental y no respeta las autonomías de las provincias".
El proyecto de reforma de la ley de hidrocarburos fija nuevos para plazos para las concesiones, diferenciados según el tipo de explotación: 25 años para los yacimientos convencionales, 35 para los no convencionales y 30 para los desarrollos off shore en la plataforma marítima argentina.
Además establece que las emprendimientos off shore tengan un beneficio fiscal del 20 por ciento siempre que la perforación se realice en una distancia menor a los 90 metros de la superficie, dado que cuando sea superior a esa distancia será del 60 por ciento.
En tanto, los derechos de los actuales concesionarios no se verán afectadas por las reformas a la ley de hidrocarburos.
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