Cuándo se perdió y cómo se reconstruyó el expediente de habilitación del depósito de Iron Mountain en Barracas, donde fallecieron la vida diez personas tras un incendio en 2014, y por qué no se clausuró el lugar a pesar de que no contaba con plan de evacuación aprobado fueron algunas de las preguntas claves que el titular de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) eludió contestar ayer en la Legislatura porteña.

El segundo argumento de Gómez Centurión consistió en remarcar que "el peritaje de la Policía Federal Argentina concluyó en que el incendio fue intencional y no por fallas de control".
Antes de su exposición, seis legisladores de diferentes bancadas habían increpado al funcionario buscando repuestas por el extravío del expediente de habilitación que fue informado por el propio Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando se lo requirió la Justicia.
"Las respuestas fueron evasivas, autoreferenciales, evocando en qué momento pasó para desvincularse en lo personal pero sin aceptar las responsabilidades del Estado", sostuvo tras la reunión Gabriel Fucks, legislador del Frente para la Victoria e integrante de la Comisión de Desarrollo Económico.

Por su parte, el diputado Marcelo Ramal (FIT) sostuvo tras la reunión que "lo que intenta hacer el Gobierno de la Ciudad es cortar esta tragedia en fetas. Lo que vimos hoy es a un funcionario que no se hace cargo de las otras áreas, y mañana sucederá lo mismo con otro de otra agencia que venga a responder".
"Centurión no dijo nada concreto de por qué en seis oportunidades Defensa Civil desaprobó el plan de evacuación y, sin embargo, el depósito continuó habilitado, y en nombre de la intencionalidad del incendio buscó eximir al Estado de toda responsabilidad", expresó.

"Para el Gobierno de la Ciudad, con la historia de muertos jóvenes los lugares de funcionamiento nocturno, donde se vende alcohol y eventualmente puede haber menores son altamente críticos", respondió el funcionario.
También respondió que la AGC "desconoce el pedido de clausura de 2008 (realizado por el inspector del área de Seguridad e Higiene del Trabajo, Edgardo Castro) ya que la Fiscalía informó que no había ningún registro de esta solicitud".
Para otras preguntas, el funcionario solicitó que se las enviaran por escrito ya que "son temas puntuales y no tengo estos detalles en la memoria".
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