Buscan crear una oficina de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires

Ya se juntaron más de 2500 firmas. La idea es dar asesoramiento jurídico gratuito.

Para frenar la situción de abuso que viven miles de inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, se impulsa un proyecto que busca crear una Oficina de Atención a Inquilinos. El organismo prestará asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos, quienes deben reunir una cantidad de dinero y requisitos exorbitantes para poder alquilar una vivienda en la Ciudad.

Se juntaron más de 2500 firmas para crear la oficina que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

El proyecto es impulsado por el Legislador porteño del interbloque kirchnerista, Fernando Muñoz, y por la organización Inquilinos Agrupados de la Ciudad de Buenos Aires. 

Las adhesiones serán entregadas al Defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor y a todos los Diputados que formen parte de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Se trata de Javier Gentilini (Frente Renovador); María Cecilia de la Torre, José Luis Acevedo, Christian Bauab, Alejandra Caballero, Cristian Ritondo, Lía Rueda y Paula Villalba (PRO); Paula Penacca, Jorge Aragón y Jorge Taiana (FPV); Marcelo Ramal (FIT) y Gustavo Vera (Bien Común).

A principio de Marzo, el legislador porteño Fernando Muñoz presentó un proyecto de ley para crear una Oficina de Atención a Inquilinos en el ámbito de la Defensoría del Pueblo. 

La iniciativa, que no tuvo tratamiento en la Comisión de Vivienda, establece que las funciones del organismo serán: prestar asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos, ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias; recibir reclamos de inquilinos, residentes de hoteles familiares y pensiones y promover la participación de la Ciudad en la proyección de los derechos de los inquilinos, entre otras.

Actualmente, en la Ciudad de Buenos Aires, no existe ningún organismo público que se encargue de defender a los inquilinos del abuso al que son sometidos. Las inmobiliarias, en complicidad con el Gobierno de la Ciudad, violan la Ley 2.340 que establece un tope máximo a la comisión inmobiliaria y generaron un gran mercado negro paralelo, dejando a los inquilinos en un estado de absoluta indefensión. 

En este contexto, la junta de firmas fue realizada con el objetivo de mostrarles a los Legisladores porteños y al Defensor del Pueblo la importancia de llevar a cabo políticas que tiendan a generar una relación más justa entre los inquilinos y el mercado inmobiliario.