El gobierno argentino recusará el fallo que dio cabida al reclamo por cerca de us$ 5.400 millones, o recurrirá a una instancia superior para pedir la nulidad de la medida, coincidieron economistas consultados.
“El ministro de Economía, Axel Kicillof, dio una muy contundente respuesta ante el avance de Griesa, que al equiparar los derechos de los 'me too' con los de los fondos buitre, presiona a la Argentina a negociar”, dijo el economista Arnaldo Bocco.
“Al darles beneficios a los reclamos adicionales de los bonistas -los me too-, hace extensivos los beneficios de los buitres a otros actores que negocian de manera diferente”, explicó.
Bocco considera que el juzgado de Griesa “presiona a favor de los fondos buitre” y estimó que seguramente los abogados argentinos “van a recusar esto”, ya sea “presentándose a una instancia superior o pidiendo la nulidad de lo dispuesto”.
Asimismo, sostuvo que en el conflicto con los fondos buitre, el juez Griesa “no está actuando en un plano de neutralidad” ni facilita el acuerdo.
“La Argentina debe recurrir a una instancia superior que reconsidere el fallo del juez”, estimó Bocco y aseguró que el Gobierno argentino “se manejó bien en el tema. No debe cambiar de caballo en medio del río y debe seguir su camino hasta las últimas consecuencias”.
En tanto, la economista Fernanda Vallejos sostuvo que el gobierno argentino ya había “alertado que esto iba a suceder”, en relación con el fallo del viernes último del juez Thomas Griesa, que dio lugar al reclamo adicional de bonistas en default denominados "me too" por cerca de 5.400 millones de dólares.
“Si la Argentina hubiera acordado con los tribunales de Nueva York, hoy estaría en problemas importantes”, consideró la economista y agregó que la Argentina “debe mantener con firmeza la posición de lo que viene sosteniendo”, ya que detrás del uno por ciento de la demanda de los buitre venía escondido el pedido adicional de los "me too".
Por otra parte, opinó que la posición argentina “puso en salvaguarda el interés nacional frente a estos actores depredadores de las finanzas internacionales”.
“Seguramente los abogados argentinos están trabajando en esto”, dijo en relación con el fallo del viernes último y consideró que “los buitres han sostenido un hostigamiento permanente contra la Argentina y los abogados no tienen respiro” contra ese ataque. "Los argentinos deben tener la tranquilidad de saber que se tomaron las decisiones correctas en pos del interés nacional”, agregó Vallejos.
Respecto de la posibilidad de negociar con todos los acreedores juntos, dijo que “esa fue la vocación argentina desde un principio. Negociar con el cien por ciento de los acreedores. Esa misma posición la viene sosteniendo en todos los foros internacionales. Es una solución factible, tal vez no inmediata, y hay que seguir trabajando en ese camino”, ya que “para los que quieren cobrar sus acreencias, la propuesta argentina es la mejor”.
A su turno, el economista Alejandro Robba, coincidió con sus colegas y opinó que el fallo del juez Thomas Griesa que convalidó el reclamo de los "me too" por 5.400 millones de dólares "se veía venir" y consideró que el magistrado de Nueva York "sigue en el mismo camino de ir resolviendo la deuda en default a favor de los fondos buitre".
"Eso se veía venir”, dijo el ex subsecretario de Coordinación Económica, al referirse al fallo de Griesa en favor de los denominados “me too” y recordó que el magistrado “había recibido a los bonistas”.
“Varios de esos tenedores (de bonos argentinos) pertenecen a los fondos buitre", recordó el director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Moreno.
“La Argentina deberá apelar para ver si esa situación es compatible con el primer fallo”, expresó Robba y afirmó que “el tema es que la Argentina debe saber cómo se llega a esa nueva suma. Esto lo deben analizar los abogados argentinos”.
Para Robba, el juez Griesa “sigue en el mismo camino de ir resolviendo la deuda en default a favor de los fondos buitre. No hay cambios”.
“Los Argentinos deberán quedarse tranquilos que el Gobierno no llegará a ningún acuerdo que esté en contra de los intereses nacionales”, aseguró el economista.
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