Fue sentenciado por no investigar cinco homicidios, garantizar la impunidad de sus perpetradores y por participar en el secuestro de una persona que además fue torturada en centros clandestinos de detención.
Martínez fue condenado ayer por los delitos de encubrimiento, abuso de autoridad, privación ilegítima de la libertad (como autor) y asociación ilícita agravada (coautor), en el marco del genocidio perpetrado por las fuerzas de la dictadura.
El tribunal integrado por Hugo Cataldi (presidente), José Asis y Mario Garzón, resolvió también que el ex magistrado deberá cumplir prisión domiciliaria hasta que se realice un examen médico, que será renovado cada 3 meses, con el objetivo de determinar si está en condiciones de salud para ser trasladado a la Unidad de Servicio Penitenciario Federal.
El Tribunal resolvió que Martínez tuvo responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal y encubrimiento en los homicidios de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses y Atilio Brandsen, quienes fueron ejecutados durante un allanamiento ilegal perpetrado el 20 de mayo de 1976 en una casa situada en Azcuénaga 1816/1820 de San Miguel de Tucumán.
También condenó a Martínez como autor de los delitos de privación ilegal de la libertad, por abuso de las funciones, agravado por grave daño en la persona y a la salud y por superar la misma un plazo mayor a un mes, abuso de autoridad y prevaricato, en el caso que tuvo como víctima a Miguel Atilio Romano, propietario de la vivienda donde se había llevado a cabo la matanza.
Romano se presentó espontáneamente seis días después de los asesinatos en el juzgado entonces a cargo de Martínez, quedó detenido y fue confinado en centros clandestinos de detención.
Este fue el décimo primer juicio que se realiza en la provincia de Tucumán por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar y el primero en el que un juez está sentado en el banquillo de los acusados.
Alejandra Romero Niklison, querellante, expresó que “recibimos esta sentencia como mucha alegría, si bien habíamos solicitado una pena de 25 años estamos conforme con la resolución”.
“Nosotros queremos que se cumplan con los derechos de todas las partes, así que si el tribunal considera que Martínez tiene que continuar en su casa lo entendemos y lo aprobamos, pero nos parece muy importante que haya un seguimiento con controles médicos permanentes y que la querella pueda intervenir con un perito. Que las cosas se vayan desarrollando de acuerdo a la ley”, aclaró y agregó que “hay muchas víctimas y familiares que aún no tuvieron su juicio pero que se sintieron parte de este proceso porque ver al imputado sentado en la sala y que estábamos intentado hacer justicia fue muy importante para todos. En lo personal, como familiar de una víctima, estoy muy emocionada ya que uno deja su corazón en cada juicio”.
Por su parte, Bernardo Lobo Bugeau, querellante de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación, sostuvo que esta "es una sentencia de máxima importancia sobre todo por el rol que cumplieron las instituciones civiles durante la última dictadura militar”.
“Como representante de la familia Romano me hubiera gustado que Miguel estuviera presente para escuchar la sentencia que espero durante tantos años, después de 39 años finalmente la justicia reconoce que fue privado ilegítimamente de su libertad, los vejámenes y el abuso de autoridad por los cuales tuvo que pasar”, señaló.
En tanto, el fiscal Diego Velazco, que solicitó 25 años de prisión, sostuvo que "vamos a ver en detalle los fundamentos, entendemos que la condena fue más baja ya que no se tuvo en cuenta el plateo que hicimos relacionado a la participación secundaria del imputado en los homicidio de los 5 militantes y se dejó la figura de encubrimiento que es más leve, pero en cuento a la mensuración de la pena estamos conformes”.
Por su parte, Lucia Romano, hija de Miguel Armando, dijo que “la sentencia era un momento muy esperado por toda la familia, llevamos muchos años de lucha esperando un juicio justo para Manlio Martínez y muchos otros que hicieron tanto daño a toda la sociedad y en particular a mi padre a nosotros. Lo que sucedió en aquel momento nos cambió radicalmente la historia, hace muchos años que no vivo en Tucumán, no me gusta venir y todo esto se debe a lo que le hicieron a mi padre que tuvo derecho a defenderse”.
La Fiscalía había requerido una pena de 25 años y que el acusado, de estar en condiciones de salud cumpliera la condena en una penitenciaría y que dejara de percibir una jubilación especial; mientras que las querellas habían solicitado penas de entre 18 y 25 años.
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