El auditor general porteño, Eduardo Epszteyn, sostuvo que en el proceso de licitación mediante el cual el gobierno de la Ciudad pagó $ 15 millones a tres empresas, tiene "puntos oscuros".
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| Eduardo Epszteyn, auditor general porteño |
"Llama la atención la división de las licitaciones en cuatro. Desde mi punto de vista, se podría haber hecho todo en una sola", sostuvo Epszteyn, al señalar que "la diferencia de precios es enorme porque la elaboración del software es lo más importante, pero se está gastando más en promoción que en el sistema mismo".
El gobierno porteño dividió las licitaciones en cuatro, una de las cuales estaba destinada al "desarrollo del software e implementación del sistema de inscripción online", que fue adjudicada a la empresa Syntagma S.A., por un monto de $ 3.180.000.
Las otras tres, otorgadas a las empresas Gestión Laboral S.A. y Solutions Group S.A, alcanzan en total un monto de $ 12.020.403 de los 15.200.403 que se gastó para la implementación del sistema que dejó sin vacantes a más de 10.000 chicos en edad escolar.
"El resto de los 15 millones se gastó en contratos de promotores para difundir el programa y para la coordinación" de la inscripción online, lo que, según el auditor, "se podría haber hecho con personal del Ministerio de Educación y de las escuelas".
Según el pliego de licitaciones, para la "promoción de sistemas informáticos" -servicio que otorga la empresa Gestión Laboral S.A.- se contrataron a 360 promotores durante un mes -aunque no figuran supervisores a cargo- por un monto de $ 4.568.577, por lo que se desprende que cada empleado cobraría una suma de $ 12.690.
En lo que refiere al "servicio de coordinación para implementación de sistemas informáticos", adjudicado a Solutions Group S.A., se estipuló un "servicio de asistencia general" que consiste en la "supervisión y coordinación de personal en diferentes proyectos", explicó Epszteyn.
En el pliego de licitación figura la contratación de 486 personas durante un mes, en la que hay coordinadores, supervisores y asistentes, a quienes en promedio se les pagaría un monto de $ 10.316 por el servicio prestado.
Además, Epszteyn criticó que "se gastaron 15 millones de pesos para promover un sistema online que no respeta el Reglamento Escolar", que prevé en el artículo 23, que corresponde a la inscripción de alumnos, que tendrán prioridad en la asignación de establecimientos quienes tengan el domicilio más cercano.
En el mismo apartado, figura que "la inscripción se realizará bajo responsabilidad del director o rector del establecimiento".
El auditor general porteño destacó que también "llama la atención que una de las empresas, Solutions Group S.A., fue desestimada en una de las licitaciones" por no estar inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP) de la Ciudad, pero "dos días después se la admitió para otra licitación".
Desde el organismo que preside Epszteyn solicitaron una auditoría especial para "aclarar estas cuestiones", porque "es un proceso licitatorio extraño", sostuvo el auditor al señalar que "están apareciendo puntos oscuros y da la impresión de que ha tenido un nivel de manipulación".
"Desde la mala implementación de este sistema hay una suerte de colapso, porque además hay que tener en cuenta que hubo una enorme cantidad de familias a las que se les dio la bienvenida a la educación pública con bombos y platillos, y a los cuatro o cinco días les dijeron que ya no tenían lugar asignado", sostuvo.
Además, criticó que desde el gobierno de Mugrizio Macri "están pretendiendo llevar la cuestión a un conflicto de padres contra padres", porque "no se hacen cargo" de la situación.
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