Vecinos de la avenida Paseo Colón, en el barrio porteño de San Telmo, presentaron recursos judiciales y administrativos para evitar el desalojo y derrumbe de negocios, viviendas y escuelas ordenado por el gobierno de Mugrizio Macri para construir un Metrobus que una Plaza de Mayo con el barrio de La Boca.
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| Avda. Paseo Colón |
El lunes pasado venció el plazo que les impuso la Ciudad a los frentistas para dejar sus inmuebles, basado en tres decretos y ordenanzas de los años 1943, 1968 y 1978, por lo que algunos vecinos decideron agotar los recursos administrativos para luego iniciar una protesta legal y otros presentaron recursos de amparo.
La obra, anunciada en octubre pasado, pretende unir Plaza de Mayo con el barrio de La Boca mediante el sistema de Metrobus, por lo que el gobierno porteño necesita desalojar o afectar los inmuebles ubicados en la avenida Paseo Colón, entre Carlos Calvo y Martín García, para ensanchar esa traza.
En ese tramo, hay edificios residenciales, comercios y la sede de la Asamblea Popular de San Telmo, que desarrolla múltiples actividades para la comunidad, mientras que tambien está incluido el colegio Isauro Arancibia, la escuela del Casco Histórico, una sede del INDEC y la playa de estacionamiento del diario Ambito Financiero.
Rubén Saboulard, vecino de la asamblea del barrio de San Telmo, explicó a Télam que hace 15 días los frentistas del lado este de esa avenida -entre Carlos Calvo y el Parque Lezama- recibieron una cédula de desalojo administrativo de parte del gobierno de la Ciudad.
El vecino, integrante de la "Comisión en defensa de la avenida Paseo Colón", detalló que lo que se les pide "es una franja de los inmuebles del orden de los 15 metros en promedio, lo que destruiría a algunos comercios que tienen esa medida y están ahí desde hace décadas".
"El gobierno porteño se basa en ordenanzas de la dictadura, de la gestión del `78, que expropió de oficio y a valores fiscales esos frentes a los vecinos", recordó y agregó que la expropiación "se hizo pero no se terminó de consumar, por lo que la gente se quedó en los locales".
Consideró que "si el Metrobus siguiera hasta Retiro aliviaría, pero este tramo es de 20 cuadras, no alivia nada y encima crea dos cuellos de botella, uno en la entrada de La Boca y otro detrás de la Casa Rosada".
El vecino detalló que los edificios afectados por la medida serán el Centro de Atención a la Infancia y la Adolescencia, "un refugio de día que atiende a 150 pibes que reciben alimentación, terapia, contención y escuela" y la escuela Arancibia, "que tiene 200 alumnos y es del casco histórico".
"Nosotros tenemos en nuestra sede una escuela de psicología social con 120 alumnos y una sala de teatro para 80 personas que también se verían afectadas", agregó.
El frentista apuntó además que si se construye el Metrobus, el barrio de San Telmo se quedará "sin colectivos porque los que circulaban por Piedras y Chacabuco ahora pasan por la 9 de Julio y los que circulan por Perú, Bolívar y Defensa desaparecerían y se irían a Paseo Colón".
"Nos demuelen, nos sacan el transporte público y dejan que todo se caiga a pedazos; hay un proyecto de ciudad que busca erradicar a los viejos y más humildes habitantes de San Telmo y La Boca para hacer un gran corredor turístico e inmobiliario al servicio de sus negocios", aseveró Saboulard.
No obstante, los desalojos de esta semana se suspendieron luego de que "el Jefe de Gabinete de Macri, Rodríguez Larrata vino a San Telmo a querer hablar con los vecinos, pero se encontró con nosotros", por lo que no pudo realizar la actividad.
"Cuando averiguó por qué estábamos protestando ordenó suspender, de palabra los desalojos que iban a realizarse esta semana, para enfriar un poco el tema", informaron desde la Dirección de Bienes Fiscales, sostuvo el vecino.
En tanto, la abogado María del Carmen Verdú, que patrocina a un comerciante que instaló una importante gomería en la zona, presentó un recurso de amparo para evitar el desalojo ya que se basa "en una ordenanza de 1968 en la que se menciona la posibilidad de ensanchar Paseo Colón pero para otros fines, no para instalar un Metrobus".
Indicó que el comerciante "realizó una inversión de 40.000 dólares para ampliar su comercio lo cual fue autorizado por el gobierno de la ciudad, pero para expropiar tiene que haber una ley de utilidad pública y de allí realizarse audiencias con estudios de impacto ambiental, no puede basarse en una ordenanza de hace 50 años".
Verdú puntualizó que "la cédula de notificación de desalojo a algunos les afecta casi toda su propiedad, a otros una parte, el recurso de amparo es para que se dicte una medida de innovar y luego discutir la cuestión de fondo".
El Metrobus Paseo Colón tendrá una extensión de 2,5 kilómetros y recorrerá desde Plaza de Mayo hasta la calle Wenceslado Villafañe, en La Boca, y según el gobierno de la ciudad beneficiará a "225.000 mil personas que utilizan 18 líneas de colectivo".
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