EL JUEZ FEDERAL JULIÁN ERCOLINI ORDENÓ LA DETENCIÓN DEL EX DUEÑO DEL EX GRUPO INDALO (AHORA GRUPO CEIBO) CRISTÓBAL LÓPEZ Y SU SOCIO FABIÁN DE SOUSA, AL TIEMPO QUE PROCESÓ SIN PRISIÓN PREVENTIVA AL EX TITULAR DE LA AFIP RICARDO ECHEGARAY.
Las medidas del magistrado se derivan de la investigación por la supuesta evasión de unos $ 8 mil millones por el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), que le retenían por el expendio de combustibles.
Vale mencionar que hace pocas semanas, la Cámara Federal de Casación Penal determinó que la causa que lleva adelante del juez Ercolini es competencia de la Justicia federal. El magistrado había considerado que debía intervenir el fuero en lo penal económico y, en función de ello, dictó los procesamientos por el delito de "administración fraudulenta" por haberse cometido en perjuicio de una administración pública.
Por su parte, Echegaray fue procesado como autor del hecho, en tanto que a los empresarios los consideró partícipes necesarios y les trabó un embargo a cada uno de ellos de más de 17 mil millones de pesos.
Desde hace meses pesaba sobre López y De Souza una inhibición general de bienes, confirmada por el juez, quien ahora fundó la prisión preventiva en que los empresarios intentaron violar esas medidas cautelares con el movimiento de las empresas.
"A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas", señaló el juez en su fallo.
"A partir de estos parámetros cabe tener en cuenta que en estas actuaciones existe un serio peligro de obstrucción de la investigación, a través del comportamiento hostil de los imputados frente a las medidas de carácter patrimonial ordenadas", señaló el juez en su fallo.
En ese sentido, aseguró que "se ha engañado sostenidamente" al Juzgado, a la Fiscalía actuante, a la AFIP en su doble condición de parte querellante y actora civil y a los veedores designados en este proceso, "ante la posible realización de actos fraudulentos deliberados orientados a la inducción a errores procesales para perjudicar a terceros; teniendo en cuenta también que los imputados, con la posible participación de otras personas, hubieran vendido como libres bienes cuya disposición habría sido inhibida por acto judicial".
Poco después de emitida la orden del juez, De Sousa fue arrestado en su departamento de Puerto Madero y alojado en el Edificio Centinela, en la Unidad Especial de Procedimientos Judiciales. Mientras, las fuerzas de seguridad aún buscaban a López, quien no fue hallado en su domicilio también en Puerto Madero, por lo cual se emitió una orden de captura y la Policía lo rastreaba en todo el país.
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