EL RÉGIMEN SALIÓ A DEFENDER EL DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA (DNU), MEDIANTE EL CUAL MODIFICÓ LA LEY DE ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO (ART) Y ESTABLECIÓ UNA NUEVA FIGURA EN ESE RÉGIMEN, DENOMINADO "COMISIONES MÉDICAS JURISDICCIONALES".
El encargado de hacerlo fue el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, quien sostuvo que el decreto del Poder Ejecutivo Nacional "busca cortar de forma urgente con la industria del juicio laboral, que funciona con una lógica mafiosa".
Peña Braun Menéndez dijo que el contenido del decreto está en línea "con el proyecto de modificación que salió con alto nivel de consenso" en el Senado de la Nación a fines del año pasado.
En la misma línea se expresó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien señaló que la reforma que impulsó el macrifascismo apunta a "cuidar los derechos de los trabajadores y a darle más certeza" al sistema.
El titular de la cartera laboral explicó que el decreto de necesidad y urgencia, que fue publicado el lunes en el Boletín Oficial, fija "un criterio uniforme para cada uno de los accidentes y de los siniestros que ocurran".
Sin embargo, la oposición no está de acuerdo con la decisión del Ejecutivo. El senador del Frente para la Victoria, Juan Manuel Abal Medina, afirmó en declaraciones radiales que "es increíble y absolutamente inconstitucional" la utilización del DNU para modificar el régimen de ART para un proyecto que ya tiene media sanción en el Congreso.
"No hace falta un planteo en la Justicia porque el próximo jueves vamos a reunir a la bicameral. Es obvio y evidente que este DNU no tiene las condiciones necesarias para ser aprobado", disparó.
En tanto, abogados constitucionalistas y del ámbito laboral cuestionaron el uso del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por considerar en este caso que es "inconstitucional" y que no existen "circunstancias excepcionales" que lo justifiquen.
Asimismo, el diputado Marcos Cleri consideró que "no hay necesidad y urgencia en este caso de las modificaciones al régimen de ART", a la vez que evaluó que desde el oficialismo "lo podían haber llevado al Congreso en sesiones extraordinarias".
Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT), también cuestionó el decreto. Así lo hizo saber Héctor Daer, uno de los secretarios generales que conduce el triunvirato de la central obrera, quien señaló que la medida "no es el mecanismo adecuando" y agregó que "lo ideal era que el proyecto siguiera el curso parlamentario".
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