Fresneda: "La inseguridad en Córdoba se debe solucionar con inclusión, no con violencia institucional"

El secretario de DDHH consideró que el gobierno de José Manuel de la Chota “se equivoca” al pretender atacar el problema de la inseguridad con “violencia institucional”, al sostener que “se debe solucionar con políticas públicas inclusivas”.

Las protestas sociales por la inseguridad, por el gatillo fácil y por la “violencia institucional hacia los sectores más vulnerables y empobrecidos, es el resultado de años de un modelo de gestión de los 90' en Córdoba”, manifestó Fresneda.

El funcionario nacional, al analizar las crecientes protestas sociales en la ciudad de Córdoba, dijo que desde el organismo que administra está observando con “preocupación” esta matriz ideológica y filosófica que se aplica en Córdoba en materia de seguridad, porque “es semejante a la época de la Dictadura Militar”.

Al ampliar el concepto de comparación, Fresneda sostuvo que “hoy cualquiera está sospechado de ser un potencial delincuente. Una metodología que tiene mucho que ver con la doctrina de seguridad nacional” de la época dictatorial.

De esta manera el Secretario de Derechos Humanos manifestó su “rechazo” a las razias sorpresivas que cercan los barrios periféricos y humildes de la ciudad de Córdoba con el argumento de detectar focos delictivos.

“El problema del delito está asociado directamente a la exclusión social. Sitiar los barrios y llenar las calles con policías no tiene que ver con una política de seguridad efectiva que combata el delito. Estos procedimientos que persiguen estigmatizar a las personas por sus rasgos, características físicas y condición social es perverso”, añadió Fresneda.

Asimismo, dijo que “el delito existe y subsiste cuando hay pobreza, cuando hay un alto índice de trabajo en negro y cuando las políticas educativas no llegan a los sectores vulnerables, entonces hay bronca, las protestas de hacen sentir y la posibilidad de cometer delito está latente”.

“Recuperar los recursos de un Estado destruido y desguazado va a llevar mucho tiempo, pero Córdoba tiene que comenzar a hacerlo, como lo está haciendo el Gobierno nacional desde el 2003 como herramienta fundamental para garantizar los derechos de las personas a través de las políticas públicas”, concluyó.