La defensa de Romina Mercado, sobrina de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, recusó a los camaristas Gustavo Hornos y José María Cabral luego de que trascendidos periodísticos aseguraran que ambos confirmarían, en un fallo aún no emitido, la permanencia del juez federal Claudio Bonadio en la causa Hotesur.
El abogado Carlos Alberto Beraldi pidió el apartamiento de ambos magistrados por entender que la especie, no desmentida y replicada en varios medios, vulnera la garantía procesal de que las decisiones del tribunal deben adoptarse “en sesión secreta, bajo pena de nulidad”.
Hornos y Cabral, junto a Ana María Figueroa, integran la Sala I de la Cámara Federal de Casación, que aún no se expidió en una apelación de la defensa de Mercado contra la decisión de la Cámara Federal porteña de confirmar a Bonadío.
El juez federal investiga la sociedad familiar Hotesur, de la que es parte la Presidenta, luego de una denuncia de que no tendría actualizados sus datos en la Inspección General de Justicia aunque si aprobados y en regla sus últimos balances.
Mercado pidió el apartamiento de Bonadío por considerar que no conserva imparcialidad y que negó a su defensa acceso al expediente, por lo cual fue apercibido por la misma Cámara Federal que lo ratificó al frente del expediente.
En una audiencia realizada el 6 de abril, la Sala I de Casación escuchó el pedido de la defensa de Mercado y se retiró a deliberar para resolver el planteo, pero el miércoles pasado el portal de noticias de Infobae informó que el tribunal ratificaría a Bonadio porque Hornos y Cabral ya habían redactado su fallo en ese sentido.
La versión fue replicada luego por Clarín, así como que Figueroa habría pedido más tiempo para expedirse, lo que habría ocasionado la postergación del fallo.
“Ni por un momento pongo en duda la honorabilidad de los señores magistrados, Cabral y Hornos; empero, se da en el caso una situación irregular que no puedo dejar de plantear”, sostuvo en su planteo la defensa de Mercado quien exige el apartamiento de los jueces y que se retrotraiga al situación a la fecha de la audiencia.
“Si la especie periodística no resultare fidedigna, se estaría colocando a los señores magistrados frente a la grave presión que significaría haber cambiado su parecer en un caso de alta trascendencia pública, en donde incluso ciertos sectores ponderan que los jueces que no voten según sus expectativas merecen ser 'escrachados'”, resaltó el defensor.
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