Delegados de los ocupantes de un terreno en el barrio porteño de Villa Lugano aceptaron una propuesta y comenzarían a desalojar el predio en caso de que el resto de los vecinos apruebe lo acordado.
La propuesta del gobierno de la Ciudad para que se inicien los trabajos de urbanización de la villa 20, está prevista por la ley 1770.
El anuncio fue realizado ayer por el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand, quien aseguró que la asamblea de vecinos ocupantes de los terrenos deberá resolver "antes de las seis de la mañana del jueves" si aceptan o no la propuesta.
"En caso de que se acepte esa inciativa acordada con los delegados, deberán desalojar pacífica y voluntariamente el lugar", aseguró Conte Grand.
La propuesta consiste en realizar una descontaminación del predio, ya que fue utilizado durante muchos años como depósito de automóviles por la Policía Federal, e iniciar las tareas de urbanización de la villa 20, para lo cual realizarán un relevamiento de las personas que estén en el lugar.
No obstante, Gianna Rodríguez, abogada de los vecinos, aseguró que la propuesta "es de difícil aceptación de parte de los vecinos ya que no se les brinda una solución inmediata de vivienda y porque ya no creen las promesas del gobierno porteño".
"Es una situación muy delicada porque se vinculan los derechos de las personas a tener una vivienda digna con los derechos colectivos, por eso la reunión duró más de ocho horas y la propuesta es apoyada por distintos estamentos jurídicos", aseguró Conte Grand.
En tanto, en el predio situado en Pola y Fernández de la Cruz, más de 200 familias aguardaban el resultado de las negociaciones, al tiempo que fuerzas de la Policía Metropolinazi, Federal y de Gendarmería realizaban una vigilancia en el lugar.
El conflicto comenzó el lunes por la noche cuando decenas de familias de la villa 20, lindera al predio, comenzaron a ocupar los terrenos de siete hectáreas de extensión, propiedad del gobierno de la ciudad pero que había sido utilizado por la Policía Federal como depósito de automóviles.
Durante la toma fue asesinado un hombre que presuntamente discutió por los metros de terreno que le pertenecían a cada ocupante, ya que se realizó un loteo y se instalaron carpas.
El fiscal Carlos Rolero el martes a la mañana ordenó el desalojo, pero luego el juez en lo contravencional porteño Gabriel Vegas instó al diálogo entre funcionarios del gobierno porteño y los vecinos, el cual se concretó ayer, pero los ocupantes rechazaron el acuerdo ya que les exigían retirarse para continuar con las negociaciones.
Los vecinos piden que se cumpla lo acordado en la ley 1770, en la que se especifica que el Gobierno de la Ciudad debe construir viviendas para los habitantes de la villa 20, para lograr la urbanización de ese asentamiento.
Marcelo Chancalay, uno de los vecinos protagonistas de la toma, precisó que "todos tenemos derecho a una vivienda digna y en este caso el gobierno porteño es el responsable directo de explicar por qué no puso en marcha leyes sancionadas por la Legislatura".
Explicó además que los vecinos "se cansan de promesas inconclusas ya que desde hace 15 años distintas administraciones vienen hablando de urbanizar este predio pero la necesidad de la gente no puede esperar tanto".
Indicó además: "Tengo 54 años, nací acá y formo parte de la segunda generación de habitantes de la villa, pero ya hay chicos de más de veinte años que forman parte de la cuarta generación y siguen hacinados con su pareja, sus hijos en la casa de sus padres, por eso es lógico que tomen un terreno".
Las familias que ocupan los terrenos superan las 200 y en el ingreso por Fernández de la Cruz seguía apostado un grupo de vecinos con palos, a modo de guardia, mientras a unos 300 metros hay efectivos de distintas fuerzas de seguridad en actitud de espera.
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