Torquemada siglo XXI

Por Andrea Recúpero, para revista Veintitrés

 

La cúpula eclesiástica encabeza otra resistencia contra la ampliación de derechos. Dura crítica a la reforma del Código Civil. Se histórico rechazo al divorcio, el aborto, el matrimonio igualitario y la muerte digna.

 

La reforma del Código Civil -que incluye el divorcio exprés, la fertilización asistida, el alquiler de vientres y la adopción por parte de parejas del mismo sexo- es resistida hace meses por la Iglesia Católica. Aunque se parece, no es un déjà vu. Más bien es la reacción atemporal e histórica de esa institución ante los cambios sociales. Una postura que no distingue fronteras y que en la Argentina tuvo su punto más alto cuando se aprobó la Ley de Divorcio, durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Años más tarde, en 2010, la reacción fue la misma cuando se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario. Prejuicios arcaicos, objeciones de tipo moral y hasta las amenazas directas fueron, son y ¿serán? las armas elegidas por los hombres de sotana para impedir que la legislación se ajuste a las nuevas costumbres y a los avances científicos. El propósito de la reforma es garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley para evitar que sean los jueces, por ejemplo, los que decidan sobre los embriones congelados de una pareja divorciada.

 

En esa lógica, mientras diputados y senadores debaten en comisión los alcances de la reforma del Código Civil y Comercial, que busca reflejar la evolución de los derechos familiares, los obispos permanecen sumidos en una profunda "preocupación", que reflejaron en un documento difundido el 27 de abril de este año y que reiteraron esta semana durante la 162ª reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Argentina. Así lo expresó Jorge Oesterheld, vocero del Episcopado, al comenzar la reunión, encabezada por el titular de la CEA, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo. “La preocupación de la Iglesia apunta a la protección de la familia y de la vida por nacer, así como de los chicos”, enfatizó el portavoz.

 

El proyecto de Código Civil, que ya debate en comisión el Congreso nacional, establece que no será necesario esperar tres años para poder divorciarse, reduce la edad para adoptar de 30 a 25 años y habilita a hacerlo a los convivientes sin necesidad de estar casados. En materia de reproducción asistida, incorpora las técnicas de inseminación artificial y fecundación in vitro, y equipara la filiación con los derechos de los hijos naturales y los adoptivos. Elimina la infidelidad como causa jurídica de divorcio y reconoce el régimen de propiedad comunitaria de los pueblos originarios. Define la protección de la vivienda como valor fundamental para la dignidad y desarrollo de la persona y destaca el derecho de usuarios y consumidores, para evitar abusos en casos de mercados cautivos.

 

La cúpula de la Iglesia Católica afirmó que los cambios que impulsa el Gobierno no reflejan las nuevas pautas culturales que existen en el país, sino que son parte de una reforma “ajena a las tradiciones nacionales y al sentir de la mayoría de nuestro pueblo”. Los capítulos que más irritan al Episcopado son los vinculados al matrimonio, la adopción igualitaria, la subrogación de vientres y la muerte digna. En concreto, los principales reparos giran en torno de la eliminación de dos requisitos que para la Iglesia Católica son sinónimo de matrimonio: la fidelidad y la convivencia bajo un mismo techo de los cónyuges. Para los religiosos, la institución matrimonial se verá gravemente dañada si no se exige fidelidad y cohabitación a los miembros de una pareja. En abril, los obispos asentaron su posición y se la hicieron llegar a la presidenta Cristina Fernández. Entonces afirmaron que “si el Código dejara de prever tales deberes la institución matrimonial se vaciaría de contenido en desmedro de los propios esposos y del bien superior de los niños y su derecho a crecer y ser educados en el ámbito de una familia estable”. Según los prelados, la reforma asimila el matrimonio a la “unión convivencial”, a la que no consideran “un modelo de familia argentina deseable”.

 

Aunque la mayoría son palos, desde la Iglesia manifestaron que no se oponen a todos los cambios propuestos porque algunos podrían “ser beneficiosos”, como el reconocimiento de la persona humana desde la concepción, la regulación de los derechos personalísimos, el reconocimiento a las comunidades indígenas y la protección de la vivienda familiar y de la mujer, entre otros. En cambio, consideran “discriminatorio y contrario a la dignidad de la persona humana que en la concepción asistida se niegue al embrión la calidad de persona” hasta no ser implantado. La indefinición sobre el estatus jurídico de los embriones congelados es uno de los temas que más preocupa a la Iglesia Católica junto con la eventual manipulación a la que pueden ser sometidos. También objetan que se les niegue a los nacidos mediante técnicas de reproducción asistida el derecho a investigar su origen biológico, ya que lo consideran una violación al derecho a la identidad.

 

Además, la cúpula de la Iglesia Católica se opone al alquiler de vientres y a que se convaliden todas las prácticas de reproducción asistida. Consideran que la fecundación in vitro debería estar prohibida y que, de practicarse, debe limitarse a los matrimonios heterosexuales. También desaprueban la fecundación post mortem y la atribución de paternidad a dos personas del mismo sexo, porque consideran que “están contrariando la naturaleza”.

 

Las objeciones también aparecen cuando se trata de cuestiones vinculadas a la muerte. La cúpula eclesiástica considera la aplicación de la Ley de Muerte Digna una forma de eutanasia, más allá del sufrimiento que esté atravesando el paciente y su grupo familiar, como ocurrió en el caso de Camila, la niña que estaba en estado vegetativo desde su nacimiento y que fue desconectada de los aparatos que la mantenían con vida un mes después de aprobada la norma. “Dejó derechos para todo el mundo”, dijo su madre, Selva, sobre la Ley de Muerte Digna que se aprobó este año y que permite rechazar tratamientos que prolonguen de manera artificial la vida. Sin embargo, a pesar de que la nueva norma está reglamentada, Marcelo Diez, un hombre que vive en estado vegetativo hace 18 años tras haber sufrido un accidente en la ciudad de Neuquén, no es desconectado por la presión que ejerce la Iglesia. Su familia solicitó la aplicación de la Ley de Muerte Digna pero los jueces demoran en expedirse y el obispo de Neuquén, Virginio Domingo Bressanelli, difundió una carta para oponerse a que Marcelo pueda morir dignamente.

 

Las objeciones planteadas por la cúpula eclesiástica no sorprenden a nadie, ya que siguen al pie de la letra los lineamientos del Vaticano vinculados a la vida, la muerte y la familia. Sin embargo, mientras los obispos debaten las leyes que deben organizar el país, amparados en la idea de que la sociedad argentina es mayoritariamente católica, no demostraron hasta ahora la misma predisposición para reconocer los problemas que atraviesa la institución que conducen, ni para separar de ella a los curas cómplices de la dictadura o acusados de haber abusado sexualmente de menores de edad. Entre ellos, el cura Julio César Grassi y el religioso del Colegio Marianista de Caballito, Fernando Picciochi, quien enfrenta un juicio oral por corrupción de menores. El caso de Picciochi es emblemático ya que los hechos denunciados ocurrieron en 1989. Los denunciantes, Sebastián Cuattromo, junto a otro compañero que reserva su identidad, tienen hoy 36 años, pero eran menores de 13 cuando fueron sometidos a abusos. Las demoras y los dichos de Cuattromo dejan al descubierto los procedimientos eclesiales para silenciar a las víctimas y proteger a los victimarios, cuando se trata de hombres de sotana. Cuattromo contó que intentaron silenciarlo mediante una reparación económica, que fue amenazado y denunciado por daños y perjuicios por la escuela a la que asistía cuando fue abusado.

 

Al mismo tiempo, mientras se protege a curas acusados de delitos, se sanciona a los que se manifiestan a favor de los cambios sociales. El sacerdote Nicolás Alessio fue expulsado por estar a favor del matrimonio igualitario. “El Episcopado reprime y castiga para hegemonizar un pensamiento. No va a permitir, de ninguna manera, una pluralidad de diversos puntos de vista que sería lo más natural en temas que son tan complejos como lo es la reforma del Código Civil”, opinó Alessio, a quien le prohibieron celebrar misa.

 

Una investigación del Conicet, realizada por Juan Esquivel y Juan Marco Vaggione, publicada por el portal Infonews, señala que el 65 por ciento de los legisladores nacionales cree en Dios. El 60 por ciento es católico y el 46 por ciento se considera “muy religioso”. Sólo un 26 por ciento dijo “no tener religión”. Sin embargo, aunque la mayoría es creyente aseguró que votará a favor de la reforma del Código Civil. En parte, esa posición ya se vio reflejada con la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Muerte Digna y la Ley de Identidad de Género, que amplían los derechos de las personas. Sin embargo, o por eso, el lobby de la Iglesia Católica antes de la votación de cada una de esas normas fue muy fuerte. El senador Luis Juez admtió la presión de los sectores más conservadores y de la Iglesia Católica para torcerle el brazo durante la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. “Cuando manifesté mi apoyo a la ley, empecé a padecer el posicionamiento de la Iglesia. La amenaza fue que iba a perder las elecciones a gobernador. Voté a favor no sólo de una ley, sino de mis convicciones y así me fue, perdí”, señaló Juez a Infonews.

 

Al cierre de esta edición, y en otro claro intento por influir en las decisiones legislativas con argumentos de conciencia, la CEA difundió un documento llamando a los legisladores “para que asuman en plenitud sus responsabilidades, estudien a fondo las reformas propuestas, sean fieles a la herencia y las tradiciones patrias y estén abiertos a escuchar todas las voces que tienen algo para decir” sobre la reforma del Código Civil que impulsa el Ejecutivo nacional. Es más, exhortó a los parlamentarios a “no dejar de escuchar la voz de su conciencia, evitando que las legítimas pertenencias partidarias los lleven a votar en contra o al margen de aquella”. Los obispos solicitaron que “se le otorgue todo el tiempo que sea necesario” a la discusión del anteproyecto, pues se trata de “la reforma legislativa más importante de las últimas décadas” y reiteraron que la Iglesia Católica quiere que se dé “protección jurídica a toda vida humana desde la concepción”. Con respecto a los tiempos, la comisión bicameral fijó 90 días de trabajo y varias audiencias públicas antes de emitir dictamen, al tiempo que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, confirmó en diálogo con esta revista que el debate en torno a la reforma del Código comenzó hace más de un año.

 

“La Iglesia es mucho más que la jerarquía eclesiástica y es muy probable que esas posiciones más conservadoras no sean compartidas por muchos feligreses, laicos y sacerdotes. Gran parte de la comunidad católica y cristiana tiene un sentimiento igualitario y a favor de una sociedad de derechos para todos y para todas”, opinó el diputado de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella al ser consultado por Veintitrés sobre las objeciones que plantean los obispos a la reforma. El legislador kirchnerista agregó que “nadie está obligado a casarse con una persona de su mismo sexo, ni a cambiarse el nombre, ni a divorciarse, pero sí está obligado a ser respetuoso con quien quiere ejercer esos derechos que profundizan nuestra democracia”.

 

Aunque la agenda política se puso a la vanguardia, la influencia de la Iglesia Católica se hace sentir en un tema clave, la despenalización del aborto. En el país se practican más de medio millón de abortos por año y es una de las principales causas de muerte materna, pero el tema no está ni en la agenda oficialista ni en la opositora. El año pasado se discutió un proyecto en plenario de comisiones, pero después de un papelón con las firmas, no se logró dictamen. Tampoco figura en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial. “El reconocimiento de la persona humana desde la concepción” es justamente uno de los pocos puntos que elogiaron los obispos. El derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo es una asignatura pendiente y la Iglesia tiene mucho que ver.