La Cámara Alta tratará además un proyecto de intervención al Poder Judicial correntino. Diputados votará la ley de fertilización asistida.
La primera mitad del año se cerrará en el Congreso con la visita del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, al Senado, el comienzo del tratamiento de un pedido de intervención a la Poder Judicial correntino y el debate en Diputados del proyecto de ley de fertilización asistida.
En el comienzo de la campaña electoral y ante lo que Frente para la Victoria denuncia como un intento de proscripción de su candidato a gobernador de Corrientes, Carlos "Camau" Espínola, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, que preside Marcelo Fuentes, debatirá un proyecto de intervención federal al Poder Judicial de esa provincia.
La solicitud, que llega al Congreso por impulso el senador José María Roldán, habitual aliado del oficialismo, será debatido hoy, a partir de las 16 horas. Expondrán los tres senadores nacionales de esa provincia, Josefina Meabe, José María Roldán y Eugenio "Nito" Artaza.
Será analizada la documentación proporcionada por el senador denunciante, que incluye, entre otras cosas, supuestas violaciones a Derechos Humanos en la provincia, un fallo del Superior Tribunal de Justicia sobre la aplicación del piso electoral del 3%, como así también diversos pedidos de juicios políticos presentados.
Mañana, en tanto, Abal Medina cumplirá su obligación constitucional y se presentará ante los senadores para brindar un informe de gestión del Poder Ejecutivo.
El jefe de Gabinete recorrerá el espinel de las principales medidas tomadas por el gobierno en los último año, detallará los resultados de las medidas económicas recientemente aplicadas y pondrá de relieve los logros oficiales en materia inclusión social y crecimiento.
La oposición lo esperará con los "dientes afilados" y desplegará el menú de sus objeciones habituales, que, en este caso, tendrán como ingrediente principal las denuncias mediáticas del Grupo Clarín. Los legisladores opositores tratarán de poner al funcionario en un brete con cuestionamientos sobre la obra pública en Santa Cruz, la relación del gobierno con el empresario Lázaro Báez, el presunto lavado de activos y el funcionamiento de la Unidad de Investigación Financiera (UIF). También habrá preguntas sobre el INDEC, el nivel de inflación, la inseguridad, el PAMI, las restricciones cambiarias, la política de transportes, YPF y Aerolíneas Argentinas.
Mientras Abal Medina informará al Senado, Diputados tratará en sesión especial el proyecto de ley de fertilización asistida. Si bien la norma ya había sido aprobada por unanimidad en esta cámara, deberá ser considerada de nuevo ya que sufrió modificaciones en el Senado.
La iniciativa establece incluir dentro del Programa Médico Obligatorio (PMO) los distintos tratamientos sin que sea necesario demostrar la existencia de una patología.
Eso garantiza, en consonancia con los avances en la legislación argentina, el derecho de todos los ciudadanos más allá de su orientación sexual a acceder a los métodos científicos necesarios para concebir.
Lo cierto es que más allá del acuerdo sobre el tema y del esfuerzo presupuestario que deberá hacer el Estado Nacional, la oposición intentará sacar ventaja política del debate. Por eso, fustigarán con la demora en el tratamiento parlamentario y señalarán al kirchnerismo como responsable de los dos años lleva el proyecto en el Congreso.
Esa eventual ofensiva opositora deberá ser remediada por el bloque que conduce Juliana Di Tullio ahora que Agustín Rossi pasó al Ministerio de Defensa.
Con ese fin, la bancada del Frente para la Victoria recordará, entre otras cosas, que el actual presidente del bloque radical en el Senado, José Cano, fue el responsable de la demora del tratamiento de la norma que regula la medicina prepaga. Desde el FPV aseguran que el tucumano, en su gestión al frente de la Comisión de Salud en los tiempos del Grupo A, fue permeable al "looby de las empresas del sector" y que dejó "dormir el proyecto en un cajón mientras pudo". El proyecto impulsado por el FPV debió esperar tres años para ser sancionado.
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