La jueza federal Sandra Arroyo Salgado dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de ocho acusados en el marco de una causa iniciada por espionaje sobre correo electrónicos de funcionarios públicos. Entre ellos figuran los periodistas Carlos Pagni (de La Nazión) y Roberto García (de Perfil).
Se investigan también los delitos de asociación ilícita, sustracción de documentos y encubrimiento agravado, según se advierte en el fallo de Arroyo Salgado que dictaminó el procesamiento de los imputados.
La decisión de la magistrada, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, alcanza a Juan Bautista Yofre, Pablo Alfredo Carpintero, Héctor Guillermo Roberto Alderete, Carlos Orlando Pagni, Edgar Walter Mainhard, Roberto Ángel García, Néstor Carlos Ick y Daniel Manuel Reimundes.
Para la jueza, Yofre (ex titular de la SIDE durante el menemismo) y los ex agentes de inteligencia Velázquez y Carpintero conformaban una "empresa criminal que con un fin lucrativo operó dedicada a la procuración, búsqueda, sustracción, revelación y comercialización ilegal de datos, archivos e información de diversa índole: político, social, militar y económico por asociación ilícita", al menos entre agosto de 2006 hasta junio de 2008.
De hecho, de la investigación previa, a cargo del fiscal federal de San Isidro Sebastián Basso, "se desprende de los distintos correos electrónicos enviados y/o recibidos" por Yofre que "era quien recibía el producido de las intrusiones" que estaban a cargo de otros imputados en la causa.
El general retirado Daniel Manuel Raimundes, el empresario mediático Néstor Ick y los periodistas Carlos Pagni (La Nazión), Roberto García (Perfil) y Edgar Mainhard (Urgente 24) y el responsable del portal Seprin, Héctor Alderete, están imputados como partícipes o encubridores, al haber abonado un "canon" por el "servicio" del "microemprendimiento criminal" encabezado por Yofre.
Para el caso de los periodistas imputados, el fiscal Basso señaló en su pedido de procesamiento que "han reconocido expresamente haber recibido en cuentas receptáculos creadas especialmente para tal fin el producido de las intrusiones a los correos electrónicos de distintos funcionarios públicos que les fueron proporcionadas por Yofre, como líder indiscutido del microemprenidmiento criminal".
Todo ello llevó a que, amén del procesamiento, la jueza decidiera trabar embargo con respecto a cada uno de los imputados sobre sus bienes y/o dinero por la suma de $ 500.000 con respecto a Yofre, $ 300.000 con respecto a Carpintero, $ 300.000 con respecto a Alderete, $ 200.000 con respecto a Reimundes, $ 200.000 con respecto a García, $ 200.000 con respecto a Pagni, $ 200.000 con respecto a Ick y $ 200.000 con respecto a Mainhard.
Cagamos. Se viene otra vez la cantinela del "ataque a la libertad de prensa".
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