LEGISLADORES NACIONALES Y REFERENTES DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DENUNCIARON AYER EN EL SENADO QUE HAY UNA "CAMPAÑA" DESTINADA A INSTALAR UN "CONSENSO ANTI INDÍGENA" Y RECLAMARON LA PRÓRROGA DE LA LEY QUE SUSPENDE LOS DESALOJOS DE LAS TIERRAS OCUPADAS POR ESAS COMUNIDADES.
El senador de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas organizó un debate abierto sobre la situación de los pueblos indígenas y sus tierras, del que participaron el referente de la comunidad mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel; el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y los senadores Juan Manuel Abal Medina (PJ-FPV), Alfredo Martínez (Cambiemos) y Alfredo Luenzo (PJ Chubut).
El debate se llevó a cabo en momentos en que empieza a recalentarse en el Congreso del debate sobre la ley 26.160, que dispone la suspensión de los desalojos de tierras ocupadas por comunidades indígenas hasta que se realice un relevamiento de esos terrenos y que vence el 23 de noviembre próximo.
Durante la jornada, Solanas afirmó que "se ha instalado en la opinión pública una suerte de consenso anti indígena y esto es grave" porque "en un dominio mediático que milita en esa tendencia y ante la desinformación reinante, se instalan campañas que buscan avalar una historia de injusticia".
El senador recordó que la Constitución Nacional "reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas y, entre varios derechos, reconoce el derecho a la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan" pero que aún no se cumple de manera efectiva.
Respecto de la ley 26.160, que fue sancionada en 2006 y cuyo espíritu es cumplir con esa manda constitucional, el cineasta indicó que "no se ha entregado un sólo título de propiedad siguiendo los lineamientos de la ley".
"Han pasado 11 años de la 26.160. Hoy nos reunimos para decir que al menos prorroguen unos años más la ley, cuyo objetivo es impedir los desalojos hasta que se haga el relevamiento catastral y se entregaran los títulos. Los más optimistas dicen que se ha hecho el relevamiento del 30% de las tierras reclamadas, pero difícilmente llegue a eso", agregó.
Por su parte, Pérez Esquivel insistió en ese punto al remarcar que "no se entregó un sólo título" de propiedad a las comunidades indígenas y que "eso significa que no existe la voluntad política de hacerlo".
"No es solo este Gobierno, viene de arrastre de muchos gobiernos hasta hoy y hay que asumirlo esto", agregó el Premio Nobel de la Paz, quien advirtió sobre una "complicidad tremenda e intencionalidad de desconocer a los pueblos originarios y destruirlos, al atacar la cultura, la identidad, los valores y el territorio".
A su turno, el referente mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, aseguró que son un "pueblo bajo estado de amenaza" y agregó que "tenemos un marco jurídico excepcional que nos debería permitir disfrutar de tiempos mejores pero estamos viviendo escalada de violencia, odio racial, un retroceso".
"La ley 26.160 es una obligación de Estado y a 11 años de su aprobación hay absoluto incumplimiento del Gobierno provincial y del Gobierno nacional", afirmó Nahuel al tiempo que sostuvo que "atrás de la no aprobación de la prórroga hay todo un clima de represión organizado".
No obstante, sentenció que "la ley es instrumental. La cuestión de fondo es que acá hay derechos constitucionales, internacionales que nos dan aval. Ese marco jurídico nos da plena vigencia y con ley o sin ley lo vamos a hacer valer".
En tanto, el constitucionalista Roberto Gargarella consideró que "es preocupante" cómo "el Gobierno nacional quiere gestionar el conflicto social" y se refirió al caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado tras un operativo de Gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof, en Chubut.
Al respecto, sostuvo que "no es casual la presencia" en el operativo del jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, sino que "es la afirmación de un tipo de práctica que viene desarrollándose en la Argentina desde hace mucho tiempo".
