miércoles, 12 de octubre de 2016

Las declaraciones del contador y del arquitecto exponen aún más a Michetti

LAS PRIMERAS TESTIMONIALES DE LA CAUSA MUESTRAN SERIAS INCONSISTENCIAS Y CONTRADICCIONES EN LA CAUSA QUE INVESTIGA EL ORIGEN DE LOS FONDOS ROBADOS A LA VICEPRESIDENTA.

La causa que investiga el origen de los fondos que le robaron Gabriela Michetti el pasado 22 de noviembre continúa avanzando en la Justicia y tras las declaraciones testimoniales de los contadores de la vicepresidenta y su novio y el arquitecto a cargo de las refacciones, las contradicciones e inconsistencias alrededor del caso se profundizaron aún más.

Entre el 4 y el 6 de octubre comenzaron a declarar los testigos citados por el juez Ariel Lijo: el primero de ellos fue Darío Omar Brandi, el contador personal de Juan Tonelli Banfi, el novio de la vicepresidenta, quien se refirió al préstamo de los 50 mil dólares que se encontraban dentro del placard de Michetti y que presuntamente Tonelli le prestó a su pareja para que su hijo realizara una maestría en el exterior, aunque aún no tenían definido en dónde ni cuál.

En este sentido, Brandi aseguró que no presenció el acto de entrega de los 50.000 dólares que presuntamente le entregó Tonelli a su pareja y al ser consultado por los motivos para los que le fueran entregados los dólares se desentendió: "a mi me preocupaba más la devolución que los motivos".

Por su parte, el contador de Michetti, Marcelo Eduardo Domínguez, prestó declaración ante el juzgado de Lijo el pasado 5 de octubre, y sus afirmaciones terminaron revelando nuevas inconsistencias en el relato M.

Sobre los 50 mil dólares, Domínguez admitió que "no sé si la deuda fue documentada. Cuando ayudé en la confección de la declaración jurada del período 2015 es cuando yo reflejo la deuda , pero fue básicamente en base a lo que me decía Gabriela de la deuda que tenía con Juan".

Además, el contador de Michetti afirmó haber donado $ 10.000 en efectivo para la Fundación SUMA, que entregó "en un sobre". Sin embargo al ser consultado en sede judicial sobre la documentación respaldatoria de dicho importe, Domínguez confesó que la colaboración "no fue documentada".

"Cuando le llevé el dinero a Silvina, me dijo que cuando lo rindiera Gabriela en la Fundación iba a pedir el recibo correspondiente y me lo iba a alcanzar", detalló.

Sobre este punto, Domínguez agregó que el dinero fue entregado "para ayudar a una casa que está frente a la cárcel de Devoto a la que van las esposas de los presos" y aseguró que entregó la suma mencionada porque le pareció "muy bueno el destino".

Sin embargo, sobre este punto, fue la propia Michetti había asegurado que el destino de la recaudación de los $ 190.000 que tenía en una bolsa dentro de su habitación era "para pagar cosas de la cena anual de la Fundación".

En este sentido, también admitió haber abonado el cubierto en la cena de 2015 mediante tarjeta de crédito: "sé que lo pagué con tarjeta porque había una página web para hacerlo en la que uno ponía el número de la tarjeta y sus datos", por lo que no quedan claros los motivos por los que realizó el primer aporte en efectivo a través de un sobre existiendo este mecanismo de recaudación en SUMA.

Al día siguiente declaró el amigo personal de Michetti, quien estuvo a cargo de las obras de refacción que se realizaban dentro del departamento de la vicepresidenta al momento del robo. En su testimonio, Raposo confirmó que la obra tuvo un costo total de entre $ 100.000 y $ 150.000 y que tuvo una duración de dos meses y una semana.

Al ser consultado sobre las facturas correspondiente a tamaña remodelación, Raposo respondió que "tendría que ver si me quedó alguno de los papeles de eso" y admitió que "muchos de esos papeles los termino tirando para no acumular".

Sobre este punto, el arquitecto también agregó que su pago por la obra consistió en $ 15.000, que le fueron abonados también en efectivo, y cuyo recibo nunca fue confeccionado dado que tiene "ese grado de confianza" con la vicepresidenta.

Por último, el juez Ariel Lijo solicitó a la Inspección General de Justicia (IGJ) los legajos correspondientes al Grupo Farallón, la empresa cuyo titular es Eduardo Gutiérrez, hombre que está procesado en la causa que investiga el caso José López y el origen de los fondos que le secuestraron en el convento de General Rodríguez meses atrás.

Fuente: nota de Juan Ignacio Amorín para El Destape

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