Diputados presentaron una denuncia penal para que se investiguen los negociados del Grupo Macri con los parque eólicos en Chubut

LOS DIPUTADOS KIRCHNERISTAS RODOLFO TAILHADE Y MARTÍN DOÑATE SUMARON ESTE MIÉRCOLES UNA NUEVA DENUNCIA CONTRA EL RÉGIMEN FASCISTA A TRAVÉS DE UNA PRESENTACIÓN JUDICIAL EN LA QUE ACUSAN A FUNCIONARIOS NACIONALES DE FAVORECER "DE MANERA ILEGAL" AL GRUPO MACRI.

Los legisladores del Frente para la Victoria (FpV) exigieron ante la Justicia que se investigue quiénes fueron los funcionarios del régimen fascista que "favorecieron de manera ilegal" a distintas empresas vinculadas al grupo de la familia de Mugrizio Macri Blanco Villegas en negocios vinculados a concesiones de parques eólicos. 

De acuerdo a los denunciantes, las compañías obtuvieron ganancias por casi U$S 50 millones en pocos meses gracias a una maniobra fraudulenta que "podrían configurar delitos contra la administración pública". La causa recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo del juez Martínez de Giorgi y la fiscalía N° 3 bajo la tutela del fiscal federal Eduardo Taiano.

La denuncia surgió tras una investigación periodística del semanario Perfil que reveló que el Grupo Macri compró y luego revendió seis parques eólicos a través de la empresa española Isolux en 2016. La investigación indicó que a los pocos meses el Grupo Macri traspasó esos contratos de explotación a un tercero obteniendo millones de dólares de ganancias.

La semana pasada el propio ex hijastro de Flavia Palmiero participó en Rawson de la inauguración de uno de los parques eólicos que está bajo sospecha. El predio chubutense es el parque eólico más grande de la Argentina y uno de los más importantes de América Latina.

En el inicio de sus operaciones, ene enero de 2012, contaba con 43 aeronavegadores y una producción eléctrica de 300.000 MWh anuales, la que inyectada al Sistema Argentino de Interconexión representaba energía suficiente para alimentar 100.000 hogares en ese período.

Denuncia presentada por los diputados del FpV

Denuncia penal contra Aranguren: "Pino" Solanas llevó a la Justicia el caso de las offshore

EL SENADOR DE PROYECTO SUR DENUNCIÓ AL CEO DE ENERGÍA DE VIOLAR LA LEY DE ETICA PÚBLICA AL NO DECLARAR EL VÍNCULO CON LAS EMPRESAS EN PARAÍSOS FISCALES QUE QUEDÓ AL DESCUBIERTO CON LOS PARADISE PAPERS. RECLAMÓ SU RENUNCIA.

El CEO de Energía del régimen macrifascista, Juan José Aranguren, sigue acumulando reveces producto de sus vínculos con empresas offshore, revelados por la investigación Paradise Papers. Esta vez, el senador de Proyecto Sur Fernando "Pino" Solanas lo denunció penalmente por violar la Ley de Ética Pública al no declarar esas relaciones con compañías que se beneficiaron con adjudicaciones del Estado.

La denuncia presentada ante el juzgado Federal de María Servini de Cubría precisa que el funcionario tuvo vínculos con las empresas offshore Shell Western Supply and Trading Limited, una subsidiaria de Royal Dutch Shell PLC; y Sol Antilles y Guianas Limited, otra filial de la petrolera anglo-holandesa. La información fue tomada de la filtración de datos difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas.

Solanas pone énfasis en que Aranguren, siendo funcionario, "violó” el artículo 12 de la Ley 25.188 de Ética, ya que una de las firmas de las que fue directivo resultó ser la principal adjudicataria por la compra de gasoil por parte de la gestión de la alianza de derecha Cambiemos.

En su defensa, Aranguren trató de justificar esa medida al sostener que él mismo le pidió al ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que se encargara de esa negociación para evitar que su pasado como presidente de Shell generara un posible conflicto de intereses.

“Muy poco realista la defensa de Aranguren para despegarse de las offshore. ¿Qué está esperando Mugrizio Macri para pedirle la renuncia?”, sostuvo el senador, al tiempo que afirmó que Aranguren “mintió sobre la provisión de gas de Bolivia, con los contratos que firmó a precios inflados con las empresas chilenas que representan a Shell, y ahora lo vuelve a hacer. En cualquier gobierno serio del mundo un ministro con los errores de Aranguren ya estaría en su casa".

Ratifican la denuncia penal contra Macri, Bullrich Luro Pueyrredón y jefes de Gendarmería por la desaparición forzada de Santiago Maldonado

EL JUEZ FEDERAL ROLDOLFO CANICOBA CORRAL DEBERÁ DAR VISTA AL FISCAL FEDERICO DELGADO POR SUPUESTO "ENCUBRIMIENTO" Y "VIOLACIÓN DE DEBERES" VINCULADOS A LA DESAPARICIÓN FORZADA DE SANTIAGO MALDONADO.

La Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) ratificó ayer su denuncia contra el Mugrizio Macri, la beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, entre otros funcionarios del régimen y jefes de la Gendarmería, por supuesto "encubrimiento" y "violación de deberes" vinculados a la desaparición de Santiago Maldonado.

La denuncia quedó a cargo del juez federal Roldolfo Canicoba Corral, quien ahora deberá dar vista al fiscal Federico Delgado, para que éste a su vez dictamine sobre la competencia del juzgado y si avanza con la requisitoria de instrucción o pide medidas probatorias antes de resolverlo, explicó el abogado Eduardo Barcesat, patrocinante de la presentación.

En tanto, el secretario nacional de la LADH, José Schulman dijo que "acusamos por (el artículo del Código Penal) 142 ter. Desaparición forzada, 277 encubrimiento, 279 y 248 violación deber funcionario", con "hasta pena perpetua" y considerado "delito de lesa humanidad, imprescriptible" y pidó investigar "un pacto de silencio" entre los gendarmes.

El régimen macrifascista "persiste en la negativa, trazando relatos ficcionales y, como siempre en los períodos de excepcionalidad institucional, intentan culpabilizar a la víctima", sostiene la denuncia.

Stolbizer denunció irregularidades en asesorías contratadas por el Ministerio de Energía

LA DIPUTADA NACIONAL DEL GEN MARGARITA STOLBIZER DENUNCIÓ AYER SUPUESTAS IRREGULARIDADES EN CONVENIOS MILLONARIOS FIRMADOS POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA DE JUAN JOSÉ ARANGUREN CON UNA ONG DE SANTA FE, QUE BRINDÓ ASESORAMIENTO AL ÁREA DE UN FUNCIONARIO QUE YA HABÍA SIDO DENUNCIADO POR ELISA CARRIÓ. 

Margarita Stolbizer denunció penalmente al ministro de Energía, Juan José Aranguren, por "transferencias millonarias" y "sin cuentas claras" a una asociación civil de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe.

Se trata de la Asociación Tecnológica Venado Tuerto (ATEVEN), que por varios convenios suscritos con la cartera energética supuestamente recibió "la suma de 13.510.986 pesos" hasta marzo de 2017, de los cuales la ONG se quedó con "el 10%, es decir, 1.351.098 pesos".

Stolbizer enmarcó que esos pagos se produjeron luego de que Aranguren firmara, el 15 de marzo de 2016, un convenio de asistencia técnica con la regional Venado Tuerto de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), representada por su decano Jorge Fernando Amigo.

"El objeto del convenio es la realización y coordinación de tareas de análisis y seguimiento de diferentes asuntos que se realizan en la Dirección de Gas Licuado de Petróleo", sostuvo la presentación e indicó que la regional Venado Tuerto "se comprometía a afectar personal idóneo y especializado aportando los recursos técnicos necesarios".

La candidata a senadora, con la asistencia de su abogada, Silvina Martínez, subrayó que entre los trabajadores "que supuestamente prestaron servicios en el Ministerio" había "una gran cantidad de jubilados de más de 70 años" o "personas que se encuentran en el mismo periodo bajo relación de dependencia de otra empresa" o "tienen domicilio en otra provincia".

La denuncia consideró que la operación fue "un circuito de dinero bajo la máscara de un convenio con la UTN" que se caracterizó por "cláusulas genéricas sin cuentas claras y con transferencias millonarias manchadas por la intermediación de asociaciones civiles que no poseen ningún tipo de control".

Stolbizer pidió que se investigue si Aranguren pudo haber perpetrado los delitos de "malversación de caudales públicos" e "incumplimiento de los deberes de funcionario público".

La presentación fue radicada en la fiscalía federal número 9, cuyo titular, el enano Guillermo "Medio polvo" Marijuan denunció en 2016 a los titulares de 52 universidades nacionales para que se investiguen los millonarios fondos transferidos a las casas de altos estudios de todo el país por parte de los gobiernos kirchneristas, de 2003 a 2015.

Denuncian penalmente a Macri ante la Justicia por omitir propiedad de $ 900 millones en su declaración jurada

EL DIPUTADO DEL FPV RODOLFO TAHILADE PRESENTÓ UNA DENUNCIA CONTRA MAURICIO MACRI POR PRESUNTA OMISIÓN MALICIOSA A RAÍZ DE UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA QUE REVELÓ QUE EL PRIMER MANDATARIO OMITIÓ PRESENTAR EN SU DECLARACIÓN JURADA UNA PROPIEDAD DE 32,5 HECTÁREAS VALUADA EN 900 MILLONES DE PESOS.

La denuncia cayó en el Juzgado Federal 5, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y el fiscal interviniente Ramiro González.

Según consignó Tailhade se pidió investigar al presidente por la figura del artículo 268 párrafo tercero del Código Penal, que se refiere al enriquecimiento ilícito de funcionarios y la omisión maliciosa de declaración jurada. 

Esa norma dice que "será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. 

El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda. En la misma pena incurrirá el que maliciosamente, falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

Una investigación periodística publicada en el diario Página/12 dio cuenta de la existencia del lote, ubicado en la localidad de Bella Vista, una zona de barrios cerrados al norte del conurbano bonaerense.

La valuación fiscal del terreno es de 122 millones de pesos, su valor al acto de 477 millones de pesos y el de mercado no baja de mil millones, de acuerdo con los precios que piden inmobiliarias de la zona. 

El matutino informó que el lote no figura en ninguna de las declaraciones de bienes presentada por el mandatario, quien en 2012 negó ser dueño de ese predio. 

En el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires fue registrado cuando aún no se había subdividido el Partido de General Sarmiento; hoy corresponde a Bella Vista, partido de San Miguel.

Sin embargo, ya no se trata de un terreno baldío porque allí se edificó el barrio cerrado Buenos Aires Village, que según su desarrollador inmobiliario comprende 250 unidades de vivienda, de casi mil metros cuadrados de promedio. Uno de esas fracciones se ofrece por 220.000 dólares, que equivalen a 3,9 millones de pesos. 

El barrio Buenos Aires Village fue construido por Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común, uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios del país.

Denunciaron penalmente a Macri por el acuerdo entre ARSAT y la empresa estadounidense Hughes

LA JUSTICIA RECIBIÓ UNA DENUNCIA CONTRA MUGRIZIO MACRI POR EL ACUERDO SUSCRIPTO POR ARSAT CON UNA EMPRESA NORTEAMERICANA. EN ESTA OPORTUNIDAD, ABOGADOS INTEGRANTES DE UNA ASOCIACIÓN CIVIL DENUNCIARON AL PELOTUDO HIJO DE PUTA Y A OTROS CUATRO FUNCIONARIOS DEL RÉGIMEN FASCISTA POR "POR ABUSO DE AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA".

La denuncia recayó ante el juez Daniel Rafecas con intervención del fiscal clarinista Guillermo "Medio polvo" Marijuan, quienes ya habían recibido una presentación similar realizada por un grupo de diputados. 

En este caso, la presentación fue realizada por Jorge Cholvis, Eduardo Barcesat y Arístides Corti, todos ellos son letrados que integran el "Instituto Arturo Sampay".

Además de al ex hijastro de Flavia Palmiero, los abogados denunciaron a Marcos Peña Braun Menéndez, Jefe de Gabinete Marcos Peña; a Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones y actual titular de la cartera de Defensa; y a Rodrigo de Laredo y Henoch Aguiar, ambos directivos de ARSAT.

La denuncia fue radicada tras el informe periodístico de C5N en donde se informó que el régimen macrifascista privatizará de manera ilegal la mayor parte de ARSAT en beneficio de la empresa estadounidense Hughes. En esa investigación se afirmó que a la empresa se le cambiará el nombre a la compañía por Newco y cederá el espacio orbital que le corresponde al país.

En la presentación los denunciantes advirtieron que "la hipotética existencia de un pre-contrato que tenga este objeto" debe contar con el "previo acuerdo del Congreso de la Nación Argentina" y que en el precontrato difundido por televisión el pasado domingo "no se menciona en ninguna de sus cláusulas". En ese contexto, los denunciantes solicitaron a la Justicia que "controle la legalidad del procedimiento" para que se "advierta, investigue y castigue esta conducta delictiva".

Vale mencionar que Mugrizio Macri defendió el último martes el acuerdo entre ARSAT y la firma estadounidense Hughes al decir que permitirá "potenciar la capacidad tecnológica del país y en particular de la empresa Invap".

En tanto, la oposición encendió las alarmas ante la posible privatización, exige que el acuerdo sea debatido en el Congreso por tratarse de un "tema estratégico que hace a la soberanía". El precandidato a senador por 1País Sergio Massa, acusó al régimen de tener "una mirada muy laxa sobre el Estado". 

"Este acuerdo debe pasar por el Congreso y desde nuestro bloque no vamos a apoyarlo", adelantó el vende humo en declaraciones radiales. 

Por su pare, los precandidatos por Unidad Ciudadana Jorge Taiana y Daniel Scioli habían cuestionado la posibilidad de una privatización del satélite e instaron al Congreso a "impedirlo" antes del 31 de agosto, cuando se realizaría el lanzamiento.

Denunciaron penalmente a "Baby" Etchecopar por incitación a la violencia contra las mujeres

EL MES PASADO, ETCHECOPAR DIO AL AIRE LOS TELÉFONOS DE ALGUNAS MUJERES QUE LO ESCRACHARON POR SUS DICHOS MACHISTAS Y VIOLENTOS E INCITÓ A SUS OYENTES A AMENAZARLAS. LA UFEM PRESENTÓ LA DENUNCIA CONTRA EL VOCERO MEDIÁTICO DE LA DERECHA TILINGA VERNÁCULA Y PIDIÓ INVESTIGAR LAS AMENAZAS.

El conductor "Baby" Etchecopar fue denunciado penalmente ante la Justicia federal porque en mayo de este año, en su programa radial "El ángel del mediodía", dio al aire los teléfonos de mujeres que lo escracharon en la puerta de la radio por expresiones machistas y violentas que justificaban abusos sexuales. Las protestas fueron el 4 de mayo, poco después de conocido el femicidio de la joven entrerriana Micaela García, cuyo caso sirvió a Etchecopar como excusa para sus palabras. La denuncia por instigación a cometer delito, intimidación pública, apología del crimen e infracción a la ley 23.592, sobre actos discriminatorios, recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Federal Nº 3, a cargo de Daniel Rafecas. 

En los próximos días, el fiscal clarinista Guillermo Marijuan podría dictaminar si corresponde investigar los delitos imputados al sorete mal cagado y, a la vez, dar con quienes usaron los teléfonos brindados por él para enviar mensajes intimidatorios a las mujeres que protestaron, y acusarlos por amenazas. La denuncia fue radicada por las víctimas de los llamados, que contaron con asistencia de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

La presentación considera especialmente relevante el componente de violencia machista, porque “además del interés público que revisten los hechos, pesa sobre el Estado argentino un deber especial para los casos de violencia de género”. El caso llegó a UFEM luego de que las denunciantes concurrieran a una de las oficinas de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) en La Plata, informó a este diario la titular de la fiscalía, Mariela Labozzetta.

La denuncia refiere lo sucedido el 4 de mayo, días después de que Etchecopar dijera al aire que los casos de abuso sexual contra niñas eran causados por las propias víctimas. Un grupo de mujeres, que se había convocado por redes sociales, se manifestó frente al edificio en el que funciona Radio 10 para repudiar esos dichos. 

Mientras ellas estaban en la calle, Etchecopar advirtió al aire que “por primera vez el escrachado escracha” y, tras una diatriba en la que identificó a la manifestación como “piquete”, brindó a sus oyentes los teléfonos de tres de las mujeres. 

“Espero que la gente por los 13, 14 años que pasamos de escraches, de cortes de calles y el ministerio del Interior tomen a bien estos teléfonos. Y los llamen ahora, a la noche, o mañana. Ustedes desde el teléfono escrachen a ellos como ellos escrachan a la gente”.

Luego, esas mujeres “comenzaron a recibir, de manera reiterada e incesante, llamados y mensajes telefónicos por parte de abonados desconocidos”. 

La presentación señala que Etchecopar siguió divulgando esos teléfonos “durante varios días, incitando a que las llamen e insulten, lo cual guardaba relación con los mensajes que recibían, toda vez que el mayor caudal ocurría en el mismo horario del programa”. 

La UFEM sugirió que se investiguen los casi cincuenta teléfonos de los que provinieron amenazas y agresiones tales como “Hola conchuda, te lavaste la concha hoy? Mugrienta. Feminista barata del tercer mundo. Escoria humana. Residuo. Capricho de la evolución. Estúpida. Ni cerebro tenes. Hueca del orto. La cabeza hueca. Ser no pensante. Zurdita”.

Denuncia penal contra Macri por la deuda eterna

LA DENUNCIA INCLUYE TAMBIÉN AL JEFE DE GABINETE, MARCOS PEÑA BRAUN MENÉNDEZ, Y A LOS MINISTROS NICOLÁS DUJOVNE Y LUIS CAPUTO. LA PRESENTARON DIPUTADOS DEL FRENTE PARA LA VICTORIA, QUIENES ADVIRTIERON QUE LA EMISIÓN UN BONO A CIEN AÑOS ES "RUINOSA PARA EL ESTADO" Y SE REALIZÓ "CON LA CLARA INTENCIÓN DE BENEFICIAR A LOS TOMADORES DE DEUDA".

Diputados nacionales del Frente para la Victoria (FPV-PJ) presentaron una denuncia penal por “defraudación” contra Mugrizio Macri y tres ministros de su Gabinete por la colocación de bonos de deuda en dólares a cien años, una operación a la que calificaron como “ruinosa para el Estado”. 

“Tenemos que ponerle un límite al endeudamiento serial”, subrayó el legislador Darío Martínez, impulsor de la denuncia.

La presentación contra Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez; y los ministros de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne y Luis Caputo, respectivamente, se sustenta en el artículo 73 del Código Penal, que refiere a “estafas y otras defraudaciones”. Fue presentada este mediodía en los tribunales de Comodoro Py y recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo.

Además de considerar que la operación es “ruinosa” para el Estado y pedir el procesamiento de los funcionarios nacionales, también se le solicitó a la Justicia que revele información sobre comisionistas, gestores y tomadores de bonos.

“Está claro que se trató de una operación con la clara intención de beneficiar a los tomadores de deuda y perjudicar al Estado”, definió Martínez, quien redactó la denuncia que contó con la firma de otros 17 diputados nacionales.

"El objetivo es ponerle un límite al endeudamiento serial del Gobierno”, dijo y explicó por qué: “se tomaron 2.750 millones de dólares a una tasa anual del 7,9 por ciento a cien años. En 13 años tendríamos cubierto el capital recibido y el resto (87 años) sería para el pago de intereses. Esto sobrepasó todos los límites”.

Para el legislador nacional, “esta operación podría haberse hecho a otra tasa y con otro plazo”. No obstante, si bien reconoció que “es cierto que el Presidente tiene la potestad de tomar deuda, tal como lo indica la ley de Presupuesto, lo que no tiene es permiso para hacer este tipo de operaciones tan perjudiciales para el país”, argumentó.

Además de la denuncia en sede judicial, la idea es que el tema sea discutido en el marco del Congreso, donde ya existe un proyecto presentado por el diputado kirchnerista Guillermo Carmona para que el nivel de endeudamiento quede atado al Producto Bruto Interno (PBI).

Con este antecedente y tras el escándalo que desató la noticia del endeudamiento centenario, se estima que habrá legisladores de varios bloques opositores que harán rodar el debate parlamentario en comisiones.

La emisión de un título de deuda a cien años era algo inédito hasta ahora en Argentina. Tal como lo consignó este diario, la operación estuvo a cargo del HSBC, Citigroup, Santander y Nomura. Permitió captar el lunes 2750 millones de dólares, aunque los bancos extranjeros recibieron órdenes de compra por una suma cercana a los 10 mil millones de dólares.

Pese a las garantías otorgadas por el régimen macrifascista, la reducción en el costo del financiamiento no fue significativa. Los bonos centenarios tienen un cupón de interés de 7,125 por ciento anual y, como los títulos se vendieron por debajo de su valor nominal, el rendimiento asciende a 7,9 por ciento.

Fuente: nota de Adrián Figueroa Díaz para Página/12

Denunciaron penalmente a Macri por abuso de garantías

POR DOS DECRETOS DE ESTE AÑO, EL EJECUTIVO HABILITÓ A QUE LAS RIQUEZAS Y RECURSOS NATURALES PUEDAN SER CONSIDERADOS COMO GARANTÍA DEL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA. TRES LETRADOS DENUNCIARON AL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO POR DEFRAUDACIÓN Y ABUSO DE AUTORIDAD.

Los recursos hidrocarburíferos, el litio, otros recursos minerales estratégicos y las empresas del Estado quedaron fuera de la protección de inmunidad soberana contemplada en las emisiones de deuda externa y, por lo tanto, pasaron a ser pasibles de embargo y ejecución en una hipotética disputa legal con acreedores externos. 

Los abogados Eduardo Barcesat, Jorge Cholvis y Arístides Corti sostienen que esa posibilidad quedó habilitada por los decretos 29 y 231 de 2017. “Son precisamente esos recursos y riquezas naturales los que resultan la garantía del pago de la deuda externa que se contrae por los decretos impugnados, traicionando la manda de la Ley Suprema de la Nación”, advierten los letrados en el texto de la denuncia que realizaron contra Macri por defraudación contra la administración pública y abuso de autoridad. La demanda, que recayó en el Juzgado Federal Nº1 a cargo de María Romilda Servini de Cubría, también alcanza al jefe de Gabinete, Marcos Peña Braun Menéndez, y al titular de Finanzas, Luis Caputo. “Ni la dictadura se atrevió a tanto”, advirtió el bloque de diputados del Frente para la Victoria antes de ayer a través de un comunicado. 

“La deuda en moneda extranjera que está contrayendo el gobierno es insostenible. Es evidente que en línea con la entrega de soberanía, el endeudamiento está embargando a generaciones futuras de argentinos, y sólo sirve para financiar la fuga de divisas”, advierten los abogados denunciantes. El recorrido de la deuda, el default, la posterior renegociación, los juicios e intentos de embargos sobre activos argentinos de fondos buitre expusieron los costos de la cesión de soberanía jurídica. Los fondos buitre pudieron hacer juicios contra Argentina porque los bonos fueron emitidos bajo la jurisdicción de Estados Unidos o Inglaterra.

La misma lógica fue replicada por el régimen macrifascista cuando, a comienzos de año, habilitó la emisión de nueva deuda externa por 20.000 millones de dólares. En ese decreto, las autoridades habilitan a “incluir cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales estaduales y federales ubicados en Nueva York y/o Londres, y que dispongan la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana, exclusivamente, respecto a reclamos que se pudieran producir en la jurisdicción que se prorrogue y con relación a los acuerdos que se suscriban y a las emisiones de deuda pública que se realicen con cargo al presente decreto”.

El texto de la norma precisa que “la renuncia a oponer la defensa de inmunidad soberana no implicará renuncia alguna respecto de la inmunidad de la Argentina con relación a la ejecución de los bienes que se detallan a continuación”. Entre los diez ítems mencionados figuran los Artículos 234 y 235 del Código Civil y Comercial de la Nación. Barcesat, Cholvis y Corti explican en su presentación judicial que “los bienes individualizados por el artículo 234 del Código son los que se encuentran fuera del comercio, y los del artículo 235 son los pertenecientes al dominio público, como ser el mar territorial, aguas interiores, bahías, golfos, ensenadas, puertos; ríos, estuarios, arroyos y demás aguas que corren por cauces naturales, lagos y lagunas navegables; islas que se formen en el mar territorial; el espacio aéreo supra yacente al territorio y aguas jurisdiccionales; las calles, plazas caminos, canales, puentes; etc.”. 

Los denunciantes remarcan que el decreto “deja expresamente al margen el principio de la inmunidad soberana con respecto a los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial, que son los bienes del dominio privado del Estado nacional, provincial o municipal”. Entre los bienes contemplados en ese artículo figuran “las minas de oro, plata, cobre, piedras preciosas, sustancias fósiles y toda otra de interés similar, según lo normado por el Código de Minería” y “los bienes adquiridos por el Estado nacional, provincial o municipal por cualquier título”. 

Por eso, Barcesat, Cholvis y Corti consideran que “claramente quedan fuera de la protección de inmunidad de ejecución por ejemplo, los recursos hidrocarburíferos, el litio y otros recursos minerales estratégicos de los cuales el país contiene importantes yacimientos. También las empresas del Estado”. Advierten, además, que las normativas con las cuales el régimen salió al mercado habilitaron la ejecución de bienes localizados en el territorio nacional, una situación que estuvo bloqueada durante la disputa con los buitres.