EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO DIJO QUE NO CONFÍA EN LA PROCURADORA GENERAL Y RECLAMÓ UNA VEZ MÁS SU APARTAMIENTO. "NO TIENE AUTORIDAD MORAL PARA EJERCER EL CARGO", AFIRMÓ, ADEMÁS DE VOLVER A ACUSARLA DE SER "KIRCHNERISTA" Y SEÑALAR QUE “NO COMBATE EL DELITO QUE ES LO QUE LE PREOCUPA A LA GENTE”.
Mugrizio Macri abrió ayer a la mañana la campaña electoral con otro ataque a Alejandra Gils Carbó. “No confío en ella como procuradora”, dijo el sorete mal cagado y, además de tildarla una vez más de “kirchnerista”, afirmó en claro tono proselitista que “no combate el delito que es lo que le preocupa a la gente”. En ese marco, volvió a reclamar su desplazamiento del cargo con el argumento de que "no tiene autoridad moral" para ejercerlo.
“Es un elemento más para demostrar que no tiene autoridad moral para ejercer el cargo de procuradora”, señaló Macri sobre las acusaciones contra Gils Carbó que dieron lugar a la causa en la cual será indagada. La procuradora denunció también esta misma mañana que el Gobierno busca apartarle porque “quiere concentrar el poder” y que en pos de ese objetivo “hay una trama a cumplir: indagatoria, procesamiento y decreto" de remoción. Aunque la ley no contempla ese mecanismo, desde el oficialismo no descartaron que el Presidente apele a esa vía.
Macri insistió en atribuirle a Gils Carbó militancia en el kirchnerismo y se quejó de que “ha impulsado a los fiscales a hacer imputaciones sin ningún asidero” al actual gobierno, mientras “no ha impulsado la lucha contra el delito ni contra la corrupción, porque ha dilatado todos los procesos de investigación sobre hechos de corrupción sobre el gobierno anterior”.
El Presidente le dio a su ataque a Gils Carbó un encuadre de campaña. “El procurador es el que conduce la investigación de un país e investiga los delitos graves, la lucha con el narcotráfico”, dijo para luego enlazar con que esa tarea “la hemos venido haciendo sin ninguna colaboración de ella”. “Ahora no hay un gobierno distraído con el avance del narcotráfico que es la causa principal de todos los problemas de inseguridad que tenemos en la Argentina”, añadió y en clave proselitista sostuvo también que Gils Carbó “no combate el delito que es lo que le preocupa a la gente, el avance de la violencia en las calles y la delincuencia y el narcotráfico”.
“Espero que en algún momento esta señora procuradora se dé cuenta y si no que el Congreso avance en un proceso para poder tener un procurador que esté a la altura de las circunstancias”, reclamó también Macri.
EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO AFIRMÓ QUE LA PROCURADORA GENERAL TIENE "UNA MANIFIESTA MILITANCIA KIRCHNERISTA" Y OBSTRUYE LAS INVESTIGACIONES DE SUPUESTOS HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO ANTERIOR Y EN CAMBIO PROMUEVE CAUSAS CONTRA EL SUYO. CONTRA LO ESTABLECIDO POR LEY, DIJO QUE "LO LÓGICO" ES QUE AL PROCURADOR LO PONGA EL PRESIDENTE.
Mugrizio Macri se puso personalmente al frente de la campaña del régimen fascista, cínico y corrupto en contra de Alejandra Gils Carbó, a quien acusó de no ser “una procuradora imparcial como corresponde” y de promover causas “sin fundamento” contra su administración mientras obstruye “la investigación de los hechos de corrupción del gobierno anterior”.
“Lamento que ella insista en permanecer en el cargo porque lo lógico es que siempre el presidente proponga un procurador y que el Congreso lo apruebe”, dijo también el idiota confeso, desconociendo que la ley le da carácter vitalicio a su cargo.
Las declaraciones del sorete mal cagado le dan nueva impulso al renovado embate del régimen contra Gils Carbó. El macrifascismo volvió a la carga en medio de la campaña electoral, luego de que el fiscal Eduardo Taiano pidiera la indagatoria de la procuradora general por las supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la Procuración.
“Es una militante política que ha obstruido la investigación de los hechos de corrupción del gobierno anterior y que ha desatado con fiscales que ella movió y designó irregularmente decenas de causas contra nuestro gobierno sin fundamento en la mayoría de los casos”, sostuvo el subnormal en Córdoba, donde fue a visitar obras.
Flanqueado por el gobernador cordobés Juan Schiaretti y el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quienes lo acompañaron en una conferencia de prensa, el pelotudo hijo de puta dijo lamentar que Gils Carbó “insista en permanecer en el cargo” y agregó que "lo lógico es que siempre el presidente proponga un procurador y que el Congreso lo apruebe”.
Macri acusó a la procuradora de tener una “manifiesta militancia kirchnerista” y añadió que “viene del gobierno anterior y ha usado ese lugar para detener, demorar y enturbiar las investigaciones de corrupción del gobierno anterior y para crear sistemáticamente con sus fiscales imputaciones al actual gobierno”.
"Tampoco ha ayudado en la lucha contra el crimen", le endilgó también Macri a Gils Carbó y afirmó que "las inversiones que ha hecho la Procuración tienen que ver con superestructuras, edificios por los cuales está siendo citada a indagatoria, en vez de dotar a los fiscales de herramientas para luchar contra el delito, especialmente contra el narcotráfico, que es lo que sufrimos todos".
En otros tramos de la conferencia de prensa, al tirifilo se le pidió su postura sobre la existencia en Córdoba de obras hechas por la empresa brasileña Odebrecht, largamente cuestionada por sus escándalos de corrupción que, inclusive, salpicaron a Macri, a su familia y a funcionarios del gobierno nacional. “No es mi tarea excluir ni incluir a nadie. Eso la Justicia lo tiene que clarificar”, consideró y defendió a la empresa, al afirmar que “no significa que en todos los caso haya hecho lo mismo, así que Córdoba sabrá en qué términos seguirá trabajando".
En tono de campaña, también cuestionó a la oposición por quitar del proyecto de Responsabilidad Penal Empresaria, que la semana pasada tuvo media sanción de Diputados, el polémico artículo que propiciaba que el procurador General del Tesoro pudiera hacer “acuerdos administrativos” con las compañías imputadas por fuera del ámbito judicial y con retroactividad a los supuestos delitos cometidos.
“Tanto el kirchnerismo como el Frente Rejuntador de (Sergio) Massa y (Margarita) Stolbizer no quisieron poner una cláusula que nos permita negociar con Odebrecht para que nos den información” sobre quiénes serían los funcionarios que recibieron coimas, explicó. Esta iniciativa, dijo, estaba “dentro de las medidas de transparencia, como corresponde”.
Sobre este tema también volvió a responsabilizar a Gils Carbó. “Hasta ahora seguimos en la nada porque, nuevamente, la procuradora no ha colaborado en absoluto”, aseguró y dijo que en la Cámara de Diputados “tampoco ha habido colaboración porque, por alguna razón, prefieren que Odebrecht no hable”.
La situación del diputado Julio De Vido no escapó a las consideraciones del hijo bobo de Franco Macri. Al ser preguntado sobre el caso indicó que “la Justicia de a ratos avanza y otras se demora” y que “hay mucha ansiedad para saber lo que pasó”.
“Felicito al fiscal que lo intimó a De Vido a decir qué cosas tiene para contar”, agregó el inbécil, en una particular expresión de su neutralidad sobre el accionar del Poder Judicial.
Por otra parte, hizo hincapié en lo que será uno de los ejes de la campaña de la alianza de derecha Cambiemos para las próximas elecciones primarias del 13 de agosto. “Continuamos con el cambio en el país o volvemos al pasado”, definió y seguidamente, con su cinismo habitual, enumeró los slogan de “volver al mundo”, “decir la verdad” y “no discriminar” a los gobernadores por su pertenencia política.
No obstante, y pesar de su tono conciliador, apuntó los cañones al kirchnerismo. Al hablar de las nuevas tareas de infraestructura anunciadas en Córdoba, ponderó que ahora se hacen “obras que empiezan y terminan” y que “significan futuro y nunca más corrupción ni cosas horribles como las que escuchamos diariamente sobre lo que pasó en el anterior gobierno”.
Luego, habló de la inflación. Aseguró que “la estamos bajando” y volvió a calificarla de “impuesto perverso”. Agregó que “a lo que hay que prestarle atención es la inflación” y “no al dólar” que “fluctúa libremente, que a veces sube y a veces baja, y al que no hay que prestarle mucha atención”.
También fue consultado sobre la expresión “caraduras” que el ex mandatario cordobés José Manuel De la Chota dedicó la semana pasada a los funcionarios de la Casa Rosada. “Sobre el señor De la Chota, la verdad es que no entiendo muy bien por qué se enojó”, respondió y recomendó que “no debería haber lugar para enojos”.
Luego, Macri hizo un panorama sobre el supuesto tiempo de bonanza en Aerolíneas Argentinas a partir del ingreso de las low cost al mercado aeronáutico y otras “cosas maravillosas que tenemos para hacer”, como por ejemplo “la planta de almendras que inauguramos en Mendoza”.
No pudo evitar dedicarle un párrafo a las “mafias de los juicios laborales”. Para acentuar su embestida contra los trabajadores, citó como ejemplo un restaurante cordobés cuyo dueño le dijo que “no se animaba a tomar más un empleado” y que cerraría debido a “la cantidad de juicios que tiene”.
EL EX HIJASTRO DE FLAVIA PALMIERO ESPERARÍA QUE LA PROCURADORA SEA PROCESADA POR LA COMPRA DEL EDIFICIO. VÍCTOR BLANCO LE HABRÍA ALQUILADO OTRO INMUEBLE.
Mugrizio Macri ya decidió echar a la procuradora Alejandra Gils Carbó por decreto, si el juez federal Julián Ercoloni la procesa por irregularidades en la compra millonaria de un inmueble, una de las causas que investiga la bicameral de control del Ministerio Público del Congreso.
Los legisladores de la alianza de derecha Cambiemos demoraron la citación de Gils Carbó al Congreso por lo menos hasta que este bien avanzada la campaña electoral, cuando tal vez ya esté procesada y desplazada de su cargo.
El diputado Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, confesó que le recomendó a Macri echar por decreto a Gils Carbó ni bien asumió, pero no tomó su consejo. "Opinaron otros y se hizo otra cosa", se lamentó. En ese momento, mal asesorado por Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, el hijo bobo de Franco Macri prefirió gastarse la bala de un decreto de alto impacto institucional para nombrar a Horacio Rosatti y Carlos Rosencrantz en la Corte Suprema. Fue un fiasco.
Luego, el subnormal prefirió enviar un proyecto de ley para reformar el Ministerio Público que incluía un abrupto final del mandato de Gils Carbó. Los diputados oficialistas lo consensuaron con el vende humo Sergio Massa, pero cuando lo iban a tratar, Elisa Carrió advirtió que era inconstitucional y Macri pidió congelarlo.
Fue una jugada de la desquiciada muy funcional a la actual procuradora, al igual que cuando promovió su juicio político junto al de Ricardo Lorenzetti, en un combo que era evidente no iba a prosperar. "Lilita en los medios la destroza, pero todo lo que hace contribuye a que Gils Carbó siga en el cargo", explicó frustrado un destacado funcionario del PRO.
Macri optó entonces por atacar a Gils Carbó a través de la bicameral de seguimiento del Ministerio Público, que puede reunir información sobre su acccionar, pero no juzgarla.
La procuradora no tiene mucha más protección que las ambigüedades de Carrió. Por estas horas, su estrategia se limita a que algún juez o fiscal declare inconstitucional su desplazamiento por DNU, si finalmente sucede, pero no podría evitar que el tema finalice en la Corte Suprema, donde nadie la respalda.
Otra esperanza son jueces federales que no están enfrentados al Gobierno pero no lograron vínculo de cercanía como el que tenían con el kirchnerismo y se preguntan entonces para que facilitarle a Macri algo.
Los senadores peronistas tampoco la respaldan y lo hacen saber congelando pliegos de fiscales pedidos por la jefa del Ministerio Público. La maniobra la ejecuta Rodolfo Urtubey, hermano del gobernador de Salta y presidente de la Comisión de Acuerdos, que también integra el jefe de bloque Miguel Pichetto.
ASÍ LO ACORDARON AYER. ES PARTE DE LA GUERRA CON MACRI PARA ADMINISTRAR LA INFORMACIÓN QUE ENTREGUE LA EMPRESA.
Los jefes de los fiscales de Argentina y Brasil acordaron ayer la creación de un equipo de investigación binacional para avanzar de manera conjunta en causas vinculadas con el pago de coimas de la constructora Odebrecht para beneficiarse con obra pública local.
A través de un documento de 18 artículos, la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y su par de Brasil, Rodrigo Janot Monteiro de Barros, establecieron conformar un equipo para avanzar en las causas abiertas en los tribunales argentinos, derivadas del escándalo del "Lava Jato", en el que está implicado el gigante de la construcción brasileño.
El equipo investigará "toda otra cuestión vinculada a la investigación 'operación Lava Jato' de Brasil, que pueda tener repercusión, vinculación o réplica en la República Argentina", se estableció.
En la Argentina se investiga el pago de coimas en las obras del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, en dos plantas potabilizadoras, y por el "Gasoducto Sur", en los que está implicada Odebrecht, una de las beneficiarias de esas obras.
Gils Carbó viene siendo acusada por el régimen, incluso por Mugrizio Macri, como responsable de demorar las pesquisas del caso, supuestamente con la intención de proteger a miembros del gobierno anterior.
Es por eso que el ex hijastro de Flavia Palmiero quiere que su procurador del Tesoro administre la información que entregue Odebrecht y para eso impulsa una ley en el Congreso. El Procurador es Bernardo Saravia Frías, un histórico abogado del Grupo Macri, que reemplazó en enero al radical Carlos Balbín.
Hasta ahora las autoridades argentinas no obtuvieron de la empresa ni de los gobiernos de Brasil o de otros países donde la firma cometió este tipo de ilícitos ningún tipo de documentación con información concreta sobre quiénes recibieron sobornos en la Argentina.
La estructura
No trascendieron los nombres de los funcionarios que integrarán el equipo, aunque se desprende que por la parte argentina estaría presente el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, quien ya había sido designado por la jefa del Ministerio Público Fiscal para canalizar las investigaciones abiertas por el affaire Odebrecht.
Según indicaron fuentes judiciales, cada país designará hasta seis miembros, definiendo entre ellos a un director de equipo para cada parte, quien tendrá como principal tarea coordinar a los demás integrantes.
El ECI -Equipo Conjunto de Investigación- actuará durante un año desde la entrada en vigencia del acuerdo, período que podrá prorrogarse de común acuerdo.
En relación a la recopilación de la información, el acuerdo establece que "los documentos, las informaciones y cualquier otro medio de prueba obtenido en virtud de la actuación del ECI serán intercambiados entre aquellos Fiscales que formen parte del ECI y podrán ser utilizados en las investigaciones, procedimientos y procesos relativos a los ilícitos que motivaron su creación".
Se podrá solicitar además que las diligencias tengan un tratamiento confidencial y que sean realizadas conforme las condiciones y requisitos exigidos por su legislación, "siempre que no colisionen con la legislación del Estado en donde deban realizarse".
En cuanto a las informaciones o elementos de prueba obtenidos antes de la conformación del equipo conjunto, el documento expresa en su artículo 9 que aquellos que se encuentren disponibles "en el momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, y que correspondan a la investigación descrita en el presente Acuerdo, podrán ser compartidos entre las Partes".
Gils Carbó y Janot Monteiro habían firmado el jueves un Memorándum de Cooperación Institucional para los temas judiciales comunes a ambos países en medio del escándalo internacional por las coimas de Odebrecht, y ahora rubricaron este convenio de manera específica.
LA CÁMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL PUSO FIN A LA MEDIDA QUE IMPEDÍA AL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL TRASLADAR A FISCALES PARA OCUPAR VACANTES. TAMBIÉN AUTORIZÓ AL PODER EJECUTIVO Y AL SENADO A CONFIRMAR LOS NOMBRAMIENTO DE CANDIDATOS YA CONCURSADOS.
La Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal revocó parcialmente la cautelar que había obtenido en primera instancia la asociación civil “Será justicia”, ligada al macrifascismo y al ultraconservador Colegio Público de Abogados. Con esa medida se pretendía impedir que la procuradora general de la Nación, Alejadra Gils Carbó, pudiera disponer el traslado de fiscales. También imposibilitaba los nuevos nombramientos de los fiscales ya concursados, que deben ser aprobados por el Senado y el Poder Ejecutivo. La Cámara mantuvo el freno al llamado a nuevos concursos bajo el reglamento aprobado en 2013 .
Los jueces Marcelo Duffy y Jorge Morán entendieron que mantener la medida cautelar para cubrir los cargos ya concursados significaba suponer la existencia de una “actuación irregular” de parte tanto de la Procuración General de la Nación como del Poder Ejecutivo y del Senado. El fallo menciona, asimismo, la “aparente inconsistencia” de impugnar e invalidar provisionalmente los concursos que ya finalizaron, cuyos antecedentes se encuentran en la órbita de otro poder del Estado, ya no de la Procuración.
En cuanto a los traslados de fiscales a distintas jurisdicciones, los camaristas recordaron que se trata de una práctica repetida por los anteriores titulares del Ministerio Público. También señalaron que el artículo 15 de la ley 24.946 explicita que “los integrantes del Ministerio Público sólo con su conformidad, y conservando su jerarquía, podrán ser trasladados a otras jurisdicciones territoriales”, con la única excepción de aquellos que no den su conformidad a ser llevados fuera de sus provincias o de la Ciudad de Buenos Aires (artículo 64 de la ley 27.148).
En tanto, el tribunal mantuvo el freno a la Procuración para avanzar con concursos bajo el reglamento aprobado en 2013, al entender "verosímil" el supuesto peligro invocado por "Será justicia". La agrupación macrista argumentó que podría haber un "direccionamiento injustificado" de esos procedimientos de selección de parte de Gils Carbó. Duffy y Morán sostuvieron que la resolución de ese punto debía darse en el fallo sobre la cuestión de fondo, por lo que mantuvieron la vigencia de la cautelar en ese aspecto. Sin embargo, hoy la Procuración modificó el Reglamento y buscó adecuarlo a la ley orgánica vigente, por lo que podría llamar a nuevos concursos.
Al argumentar contra la medida cautelar otorgada en primera instancia, el Ministerio Público Fiscal había señalado que la causa es producto de una “inadmisible intromisión de una asociación civil de abogados en cuestiones de política institucional determinadas por el Congreso de la Nación, en leyes cuya constitucionalidad no había sido discutida”.
EL JUEZ DE INSTRUCCIÓN PORTEÑO RODOLFO CRESSERI ORDENÓ AYER BUSCAR UNA SERIE DE DOCUMENTACIÓN EN LAS OFICINAS DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN EN UNA CAUSA EN LA QUE SE INVESTIGA EL ALQUILER DE UN EDIFICIO EFECTUADO POR LA GESTIÓN DE ALEJANDRA GILS CARBÓ.
Aunque la Procuradora ya está siendo investigada en la Justicia Federal por la compra de otro edificio (una causa en manos del juez Julian Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano), el juez Cresseri es quien interviene en otro expediente luego de una nota periodística en la que se informaba sobre el alquiler de otras oficinas en la avenida Corrientes al 1600 por unos 200 mil pesos al mes, que no se habrían usado.
Debido a la situación, el fiscal de instrucción José María Campagnoli formuló entonces una denuncia que deriva ahora en la orden del juez Cresseri para busca documentación sobre tal alquiler.
Fuentes de la Procuracion insistieron en que "no se trató de un allanamiento sino de una orden de presentación" en el edificio que funciona en la sede de Avenida de Mayo 760.
Según pudo saber esta Agencia, el juez solicitó copias de una serie de expedientes en torno a la licitación pública 7/2015, al contrato por del edificio de la avenida Corrientes y una adenda en virtud de la cual se habrían pagado sumas por anticipado, además de "los recibos de pago que hubiere o cualquier otra constancia" sobre el asunto.
LA COMISIÓN PARLAMENTARIA BICAMERAL QUE CONTROLA EL FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL CITÓ PARA EL PRÓXIMO 18 DE MAYO A LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ, PARA QUE EXPONGA SOBRE LAS ACUSACIONES DE IRREGULARIDADES EN LA DESIGNACIÓN Y TRASLADOS DE FISCALES Y POR LA COMPRA DE UN EDIFICIO.
La presidente de la bicameral, la diputada por el Frente Rejuntador Graciela Camaño, resolvió a pedido del oficialismo y con acuerdo de los legisladores del FPV-PJ que antes, el 11 de mayo, sean citados los fiscales Guillermo Marijuan, Raúl Pleé, Carlos Rívolo, Germán Moldes y Luis González Warcalde, quien renunció a su cargo en 2013 por desinteligencias con Gils Carbó.
La funcionaria había enviado una nota a Camaño en la que le expresa su voluntad de concurrir a la misma en la semana del 14 de mayo, para cumplir con el requerimiento de los legisladores de la alianza de derecha Cambiemos.
La nota, motivada en el pedido de los diputados y senadores oficialistas para que explique "en forma verbal las supuestas irregularidades que se le atribuyen en la designación de fiscales", fue puesta este jueves en consideración de los legisladores en la reunión de la comisión que decidió citar a la procuradora para el 18 de mayo.
La decisión de Camaño de convocar a la comisión se había precipitado la semana pasada luego de que el jefe de la bancada de diputados de Cambiemos, Mario Negri, su colega de bloque Diego Mestre, la macrista Silvia Lospenatto, y los senadores de la UCR Silvia Elías de Pérez y Laura Rodríguez Machado (PRO), le presentaran una nota solicitándole que cite a la funcionaria.
En el escrito, presentado, los legisladores oficialistas habían pedido la concurrencia de Gils Carbó al Congreso para que explique cuestiones referidas al manejo de su área.
Por su parte, la Procuración entregó un escrito de 33 páginas donde detalló los motivos de la compra de un nuevo edificio para el Ministerio Público.
En tanto, con el pedido de asistencia de Gils Carbó, el interbloque Cambiemos retomó la ofensiva parlamentaria para que el Congreso se expida sobre la labor de la funcionaria, lo que se complementa con el pedido de juicio político presentado en su contra. Sin embargo, el oficialismo busca volver a dar un impulso en su estrategia para conseguir el apartamiento de Gils Carbó a través de la comisión bicameral, ante las dificultades de conseguir las mayorías para promover su destitución por medio de un juicio político.
LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ, PRESENTÓ UN ESCRITO ANTE EL FISCAL FEDERAL EDUARDO TAIANO, EN EL QUE SOSTUVO QUE LA COMPRA DE UN EDIFICIO PARA EL ORGANISMO QUE ENCABEZA PASÓ POR TODAS LAS INSTANCIAS DE CONTROL CON UN "RIGUROSO CUMPLIMIENTO" DE LOS PASOS ADMINISTRATIVOS, SIN QUE HAYA HABIDO UN PERJUICIO A LAS ARCAS PÚBLICAS.
En el escrito, entregado por el abogado defensor de la funcionaria, Alejandro Rúa, Gils Carbó admitió sin embargo que pudo haber "un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia", según informaron fuentes judiciales.
Taiano tiene delegada por parte del juez federal Julián Ercolini la investigación por supuestas irregularidades en pago de comisiones para la compra del nuevo edificio de la Procuración y dispuso que esta semana inicien pericias sobre computadoras y soportes informáticos secuestrados en allanamientos.
La causa está en secreto de sumario y mientras tanto Gils Carbó, imputada, presentó el escrito en el que aseguró que tomó medidas desde que, por la prensa, "se anotició de la presunta existencia de irregularidades en la adquisición del inmueble" de la calle Perón 667, sede de la Procuración.
En concreto, aludió a uno de sus colaboradores, suspendido, quien habría usado la información "en beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo".
"Las investigaciones en curso demostrarán si un eventual uso indebido de información privilegiada para ostentar una aparente influencia generó un beneficio personal en desmedro de la transparencia de la administración del organismo", aseguró.
En el detalle de lo ocurrido, la funcionaria refirió que a raíz de publicaciones periodísticas se abrió un sumario interno y se estableció que Guillermo Bellingi, el funcionario suspendido, "había tenido participación en el proceso administrativo que culminó con la adquisición del inmueble de la calle Perón".
Gils Carbó puntualizó también que "resultaba altamente probable un vínculo familiar con Juan Carlos Thill", presunto familiar del funcionario que habría cobrado una comisión millonaria por la operación.
"La procuradora dispuso la suspensión preventiva de Bellingi y el inicio de un sumario administrativo orientado a dilucidar la responsabilidad del nombrado y a estudiar integralmente ese proceso licitatorio a fin de determinar cualquier responsabilidad que por esos hechos pudiera corresponder", agregó en el escrito. "Esta Procuración tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos", concluyó.
La compra del inmueble fue cuestionada porque su propietaria, Arfinsa, pagó comisiones por 7,7 millones de pesos, y uno de los que cobró una factura es Juan Carlos Thill, hermano de Guillermo Bellingi, quien, como subdirector general de la Procuración, participó en el proceso licitatorio por la compra del edificio.
Gils Carbó señaló que la compra se hizo mediante "un procedimiento que contó con la intervención de todos los órganos de control internos y externos competentes, se alcanzó la adquisición de un inmueble con las características técnicas buscadas y a un valor inferior al precio de mercado".
En ese sentido, la funcionaria señaló que, por el inmueble de 5.312 m2, se abonaron 43.850.000 de pesos, mientras que el Tribunal de Tasaciones de la Nación calculó que ese edificio valía 45.050.000 de pesos.
LA PROCURADORA PRESENTÓ UN INFORME DE 1.031 FOJAS EN EL CONGRESO. EN EL DOCUMENTO, INDICÓ QUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DEL INMUEBLE "CONTÓ CON LA INTERVENCIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DE CONTROL INTERNOS Y EXTERNOS COMPETENTES".
Alejandra Gils Carbó presentó un informe en el Congreso en el que se desligó de las presuntas irregularidades en la compra -por $ 43,8 millones- del edificio en el que funciona actualmente el Ministerio Público Fiscal.
El extenso informe tiene un total de 1031 fojas y está dirigido a la presidenta de la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público, la diputada del Frente Rejuntador Graciela Camaño, a la que el oficialismo pidió que citara a Gils Carbó para dar explicaciones sobre este tema, entre otros.
En el documento, la procuradora indicó que el procedimiento para la compra del edificio de la calle Teniente General Perón 667 "contó con la intervención de todos los órganos de control internos y externos competentes".
Además, aseguró que luego de la denuncia acerca de la supuesta existencia de irregularidades en esa adquisición "esta Procuración General tomó todas las medidas a su alcance para un pronto y eficaz esclarecimiento de los hechos".
EL TITULAR DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS PORTEÑO, JORGE RIZZO, RECHAZÓ EL PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO CONTRA LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ, AL CONSIDERAR QUE "NO EXISTE LA FIGURA" PARA DICHO PROCESO.
"No existe la figura del juicio político para procuradores en el ordenamiento federal. En efecto, el mismo no ha sido contemplado por nuestra Constitución Nacional sino que se ha determinado un procedimiento especial que establece la ley 24.946; de allí que lo solicitado es de imposible cumplimiento", explicó Rizzo en un comunicado.
Cabe recordar que un sector de los delegados de este organismo, que lidera el actual presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici, había presentado un escrito en el que pedían que se analice el desempeño de la procuradora.
Rizzo sostiene en su carta dirigida a los asambleístas que seguramente "confunden los dictados de nuestra Constitución Nacional, con los sistemas de remoción de jueces y magistrados que prevé el Estatuto Organizativo de las Instituciones de la Ciudad; sistema en el que "sí" existen las figuras a las que hacen mención".
De la misma manera respondió el presidente del ente de abogados a la solicitud de debate sobre el accionar del camarista Eduardo Freiler.
"Seguramente los colegas se referirán al jury de enjuiciamiento que determina el artículo 115 de la Constitución Nacional Reformada en 1994. Si de ello se tratase, se invita a los firmantes a formular el pedido pertinente ante la Comisión", instó Rizzo.
Finalmente, evitó tratar el traspaso de la justicia ordinaria a la competencia de la Ciudad de Buenos Aires, recientemente ratificada por la Legislatura porteña. "Se trata de una cuestión meramente política en la que los interesados son los gobiernos Nacional y de la Ciudad, los poderes judiciales de ambas competencias, los magistrados, gremios y, los trabajadores de dichas dependencias públicas", indicó en el comunicado.
LA DESQUICIADA CHAQUEÑA QUIERE JUZGAR A AMBOS EN EL CONGRESO Y COMPLICÓ LA ESTRATEGIA OFICIAL DE DESGASTAR A LA PROCURADORA.
Alejandra Gils Carbó fue una de las principales beneficiadas del recrudecimiento de la pelea entre Ricardo Lorenzetti y Elisa Carrió, que el miércoles alcanzó su máximo voltaje con una carta documento del presidente de la Corte y un pedido de juicio político de la diputada.
Esta última presentación recaerá en la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, presidida por el macrifascista Álvaro González, cuya misión para este año era avanzar con las denuncias contra Gils Carbó.
Según pudo saberse, antes de ayer, ni bien Carrió ingresó el proyecto para enjuiciar a Lorenzetti, gestionó una reunión de Comisión para acorralar al presidente de la Corte y a la Procuradora en un solo acto. Sus pares oficialistas le hicieron saber que ahora preferían mantenerla cerrada antes que permitirle despotricar contra Lorenzetti por cadena nacional.
No es la primera vez que una acción de Carrió protege a Gils Carbó de un ataque del régimen: en octubre, frenó el tratamiento de la reforma del Ministerio Público que limitaba su mandato.
Hasta hace un mes, la orden de Mugrizio Macri era impulsar los pedidos de juicio político contra la procuradora, aun sin los votos para imponerlo en el recinto. Buscaba desgastarla y exponer a los sectores de la oposición que la protegieran.
Una de las presentaciones contra la Gils Carbó fue de Carrió, que la acusó por la designación irregular de fiscales, supuestamente cercanos al kirchnerismo. El otro pedido lo hizo el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad, Guillermo Lipera. Diputados funciona como sala acusadora en un juicio político, pero sólo puede aprobarlo con dos tercios, o sea, 172 votos.
Macri se conformaba con mirar por televisión a los diputados kirchneristas defendiendo a la procuradora, pero no sólo deberá posponer esa idea sino que tal vez deba escuchar a Carrió pedir desde su banca destituir a Lorenzetti.
La primera sesión ordinaria del año está convocada para el miércoles 19 de abril, con un temario preparado para alentar la polarización con el kirchnerismo, estrategia electoral diseñada por Marcos Peña Braun Menéndez y Jaime Durán Barba. Los únicos proyectos en carpeta son el repudio al fallido autogolpe de Venezuela y la creación de un instituto de Calidad Educativa, rechazado por Hugo Yasky y Roberto Baradel. Carrió podría arruinar todo de arranque. También puede acorralar al macrifascismo en Comisión de Juicio Político: si Álvaro González insiste en no convocarla, el reglamento le permite pedirla con tres firmas y reunirla con un tercio de sus miembros para sesionar en minoría. Sería su ruptura total con sus pares de la alianza de derecha Cambiemos.
LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ, ADVIRTIÓ QUE LA DIRIGENTE SOCIAL CUENTA CON INMUNIDAD POR SU CONDICIÓN DE DIPUTADA DEL PARLASUR. ADEMÁS SEÑALÓ QUE NO FUERON FUNDAMENTADOS LOS RIESGOS QUE JUSTIFICARÍAN SU ENCARCELAMIENTO.
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, determinó que la líder de la Tupac Amaru, Milagro Sala, cuenta con la inmunidad que le confiere su condición de parlamentaria del Mercosur por lo cual su detención "es ilegal" y que no fueron acreditados los riesgos que justificarían su encarcelamiento.
Por este motivo, la jefa de los fiscales instó a “dejar sin efecto” la prisión preventiva de la dirigente social jujeña y ponerla en libertad.
El pronunciamiento de Gils Carbó es la antesala de la decisión que deberá tomar sobre el caso la Corte Suprema de Justicia, cuyos integrantes le pidieron a máxima autoridad del Ministero Público que se expida al respecto antes de hacerlo ellos.
La postura de la procuradora fue expresada en dos dictámenes, uno sobre la inmunidad de Sala (un beneficio no fue suspendido por los canales establecidos en la ley, según resolvió) y otro sobre la prisión preventiva de la dirigente (sobre el cual consideró que la Justicia jujeña no fundó los riesgos procesales que justificarían el encarcelamiento cautelar).
Ambas decisiones se dieron en el marco de recursos extraordinarios interpuestos por la defensa de Sala contra sentencias dictadas por el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, según precisó el sitio Fiscales.org.
LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN RECIBIÓ EL APOYO DE UNOS CENTENARES DE MILITANTES Y REFERENTES DE ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS QUE SE MANIFESTARON EN CONTRA DE CUALQUIER INTENTO DE REMOCIÓN DE LA JEFA DE LOS FISCALES.
Alejandra Gils Carbó salió pasadas las 11.30 del edificio de la calle Perón al 600 para saludar al grupo de personas que encabezan, entre otros, la madre de Plaza de Mayo "Taty" Almeida, el ex diputado Leopoldo Moreau, y la porteña legisladora del FPV, Gabriela Alegre.
La titular de la Procuraduría evitó dialogar con la prensa, caminó algunos metros saludando a las personas congregadas que cantaban consignas contra el procesado presidente Mugrizio Macri y se la pudo ver emocionada cuando recibió un abrazo de una militante de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA).
Los manifestantes saludaban el paso de la funcionaria con carteles que rezaban por la "independencia de poderes" y el "respeto de la Constitución".
Respecto del encuentro, "Taty" Almeida señaló que "hemos venido a apoyar a nuestra querida Alejandra Gils Carbó, porque se pretende -aunque sea anticonstitucional- sacarla del puesto que tiene tan bien ganado".
Por su parte, Moreau dijo entender que detrás de las intenciones de remoción de la Procuradora se encuentran "las organizaciones narcocriminales, las redes de trata y los grupos económicos concentrados".
"Es muy obvio que Clarín quiere cobrarse venganza, no sólo de las opiniones que (Gils Carbó) tuvo en la Ley de Medios sino de un dictamen en contra de la fusión de Multicanal y Cablevisión, en contra de la opinión del ex presidente Néstor Kirchner, lo que demuestra la independencia de la procuradora", agregó.
Durante la manifestación, un transeúnte se acercó al grupo insultando contra la procuradora y contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y se vivieron momentos de tensión cuando un grupo de cinco personas lo increparon empujándolo.
EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ VALORÓ LA AGENDA DE AMPLIACIÓN DE DERECHOS IMPULSADA POR LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, CON QUIEN FIRMÓ UN ACUERDO PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO ACCEDA AL ARCHIVO DE LA EX DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA BONAERENSE DIPPBA.
Alejandra Gils Carbó suscribió con Adolfo Pérez Esquivel, titular de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), un convenio para "facilitar el acceso a los archivos, legajos, fichas, expedientes y/o bases de datos" en poder del organismo bonaerense "que pudieran ser requeridos por el Ministerio Público Fiscal en casos vinculados a investigaciones penales o de carácter científico".
Antes de firmar el acuerdo ayer a la mañana, el premio Nobel de la Paz argentino de 1980 destacó el impulso dado por Gils Carbó a la ampliación de la agenda de derechos y de política criminal que lleva adelante la Procuración General de la Nación desde 2013.
El Centro de Documentación y Archivo de la CPM cuenta con los registros de la ex Dirección de Inteligencia policial de la provincia de Buenos Aires (DIPPBA).
Estos registros incluyen un acervo documental de tareas de inteligencia policial y espionaje político–ideológico realizadas desde 1956 hasta la disolución del organismo en 1998.
En recientes declaraciones, Pérez Esquivel advirtió que sería "inconstitucional" cualquier intento de la administración de Mugrizio Macri de desplazar del cargo a la procuradora general de la Nación mediante presiones o procedimientos distintos del juicio político, para el cual "no hay ninguna razón".
"Apoyamos la permanencia de la procuradora porque no sólo está haciendo un muy buen trabajo sino porque además removerla es inconstitucional. Para eso sería necesario un juicio político y no hay ninguna razón para hacerlo", señaló.
EL FUTURO DE LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN; LA SALIDA DE CARLOS FAYT DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE QUEDARÁ CON SÓLO TRES MIEMBROS, Y EL CAMBIO DE CORRELACIÓN DE FUERZAS EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA COLOCAN A LA JUSTICIA EN EL CENTRO DE LA AGENDA DEL GOBIERNO DE MAURICIO MACRI.
El futuro de Alejandra Gils Carbó como Procuradora General de la Nación; la salida de Carlos Fayt de la Corte Suprema de Justicia, que quedará con sólo tres miembros, y el cambio de correlación de fuerzas en el Consejo de la Magistratura colocan a la Justicia al tope de la agenda institucional que recibirá el procesado presidente electo, Mugrizio Macri.
Gils Carbó está convencida que una de las primeras medidas que tomará el nuevo gobierno será desplazarla de la jefatura de los fiscales y así lo dijo en una concurrida reunión anual del organismo, donde denunció un "golpe institucional" y aseguró que lo resistirá.
La titular del Ministerio Público Fiscal (MPF) cree que cuando el frustrado ministro de área, el radical Ernesto Sanz, hablaba de que no le temblaría la mano para firmar Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) si carece de respaldo legislativo, se refería precisamente a la forma en que se buscará su relevo.
El nuevo presidente ya sostuvo que la tarea de la funcionaria al frente de los fiscales había sido "partidista", algo inadmisible en el sistema de administración de justicia donde el equilibrio y la independencia de las presiones del gobierno son un valor central.
Por eso dio por descontado su alejamiento, al igual que el de otros funcionarios de áreas sensibles como el Banco Central, la AFSCA y el sistema de medios públicos, cuyos titulares fueron votados por el Senado, aunque tengan plazo en su mandato.
La diferencia la explicó la vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Elena Highton de Nolasco, al destacar que si el nuevo gobierno busca remover a Gils Carbó deberá hacerlo mediante un juicio político en el Congreso, donde se pruebe el mal desempeño.
Al tiempo que negaba su propia renuncia, Higthon recordó que el cargo de Procuradora, como titular de un organismo extrapoder de rango constitucional, fue votado por una mayoría especial en el Senado y por ende es equiparable al de un miembro de la Corte Suprema.
La situación de la funcionaria fue conversada incluso en la visita protocolar que el próximo ministro de Justicia, Germán Garavano, realizó a la Asociación de Magistrados en los últimos días.
Aunque su conducción está manifiestamente enfrentada al kirchnerismo, su titular, Ricardo Recondo, dejó trascender un pedido de cautela para que el gobierno entrante no caiga en actitudes en los bordes de la legalidad.
Una de las alternativas que manejaría el nuevo ministro sería el cambio de la ley orgánica del MPF, fijando la caducidad de los mandatos, pero esa norma tendría vigencia hacia futuro y nunca hacia atrás.
De igual manera, en la carpeta de Garavano figuraría modificar la ley del Consejo de Magistratura a pesar que el cambio de gobierno lo beneficiará, ya que podrá nombrar al nuevo representante del Poder Ejecutivo en el cuerpo y se invertirán los resultados de las votaciones de 7 a 6.
Sancionada en el 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, días antes del balotaje la norma que le dio forma fue declarada inconstitucional por una Cámara federal.
El fallo deberá ser revisado por la Corte que sería, virtualmente, juez y parte, ya que en el anterior sistema, el presidente del máximo tribunal era a su vez, titular del organismo encargado de nominar y remover a los jueces.
Gils Carbó recibió el respaldo de las cabezas del kirchnerismo de ambas cámaras del Congreso, quienes le aconsejaron que no ceda a las presiones para que deje el cargo. Le dijeron que si es desplazada por un DNU el caso marcharía a convertirse en un conflicto de poderes en el comienzo mismo del nuevo gobierno, que hizo de su apego a la legalidad una bandera.
Por eso, Gils Carbó comentó a sus allegados que no descarta que ante una denuncia judicial en su contra por un caso de supuesta "partidización", un juez haga lugar a una medida cautelar y ordene apartarla del cargo por presunción de derecho, e incluso que la haga desalojar de sus oficinas por la fuerza pública.
El tema obligaría seguramente a intervenir a la Corte Suprema a través de un "per saltum" dado que la procuradora es la fiscal natural ante el máximo tribunal pero ya se habría creado una situación de hecho y su posición dejará de ser un tema institucional para convertirse en materia de una negociación política.
Un día después de la asunción de Mugrizio Macri, también dejará su cargo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación el ministro Carlos Fayt, quien cumple su anhelo de sobrevivir al kirchnerismo.
Luego de 32 años en el tribunal y de convivir con ocho presidentes, el ministro decano -próximo a cumplir 98 años- dejará la cabeza del Poder Judicial, que quedará reducida a una mínima expresión de tres miembros, dos menos de los fijados por ley en el 2006.
En el 2003, Néstor Kirchner descabezó a la Corte de "la mayoría automática" dejada por el menemismo denunciándola por una cadena nacional que hizo renunciar a Julio Nazareno, Adolfo Vázquez y Guillermo López, y promovió la destitución por juicio político en el Senado a Eduardo Moliné O`Connor y Antonio Boggiano.
Junto a la imposición de cláusulas autolimitantes, como someter a los candidatos a objeción y debate, prestigió al gobierno y dio nacimiento a una Corte de figuras insospechadas.
Trece años después, la opción que se abre para designar los reemplazantes de Fayt y del renunciante Raúl Zaffaroni sería constituir una mayoría especial en la cámara alta, de la que el nuevo oficialismo carece.
La misma que consiguió el gobierno saliente para imponer a Roberto Carlés y ahora a Domingo Juan Sesin y Eugenio Sarrabayrrouse como "cortesanos" ante la negativa de los bloques entonces opositores a resolver esa recomposición hasta el cambio de gobierno.
Mugrizio Macri abrió ayer a la mañana la campaña electoral con otro ataque a Alejandra Gils Carbó. “No confío en ella como procuradora”, dijo el sorete mal cagado y, además de tildarla una vez más de “kirchnerista”, afirmó en claro tono proselitista que “no combate el delito que es lo que le preocupa a la gente”. En ese marco, volvió a reclamar su desplazamiento del cargo con el argumento de que "no tiene autoridad moral" para ejercerlo.
