Denuncian al ministro Frigerio por favorecer a Joe Lewis, el amigo de Macri

EL EX PROCURADOR DEL TESORO CARLOS BALBÍN LE HABÍA PLANTEADO AL MINISTRO DEL INTERIOR QUE SE DEBÍA INICIAR UN JUICIO POR LESIVIDAD CONTRA EL MAGNATE INGLÉS, AMIGO DE MUGRIZIO MACRI, POR LA COMPRA DE LAS 11 MIL HECTÁREAS QUE INCLUYEN AL LAGO ESCONDIDO. FRIGERIO LO DESECHÓ, A BALBÍN LO RENUNCIARON Y AHORA EL SENADOR FERNANDO "PINO" SOLANAS DENUNCIÓ AL MINISTRO.

El ministerio del Interior desechó un pedido del ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, para que el Estado le iniciara al magnate británico Joe Lewis un juicio por “lesividad” en la adquisición de 11 mil hectáreas en la Patagonia, que incluyen al Lago Escondido, cuyo acceso está vedado por la empresa. 

Así lo denunciaron el senador nacional Fernando “Pino Solanas” junto al abogado ambientalista Enrique Viale y el investigador Alejandro Olmos Gaona, quienes acusaron a ministro del Interior, Rogelio Frigerio, de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. La denuncia quedó radicada en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Número 8 a cargo del juez Marcelo Martinez de Giorgi y la Fiscalía Número 4, encabezada por el macrifascista Carlos Stornelli. 

Según relataron los denunciantes, el año pasado la Procuración del Tesoro de la Nación, a cargo entonces de Balbín, le pidió al Ministerio del Interior que se iniciara una acción judicial de “lesividad” contra la empresa Hidden Lake S.A., una sociedad británica cuyo accionista mayoritario es el magnate Joe Lewis, el amigo del ex hijastro de Flavia Palmiero. Sin embargo, el Ministerio contestó que, como la acción penal contra Lewis por fraude en la compra de las viviendas está prescripta, no tenía sentido pedir la nulidad de ese acto porque significaba “un dispendio jurisdiccional inútil”.

Balbín fue desplazado de la Procuración en abril de este año, luego de que firmara un crítico dictamen que afectaba directamente a la familia Macri en el caso de la condonación de la deuda por la concesión del Correo Argentino. “Ahora relacionamos también la decisión de no ir contra Lewis con su salida”, dijo Enrique Viale.

Lewis estaba acusado de adquirir las 11 mil hectáreas de manera fraudulenta, a través de una maniobra con accionistas argentinos que simularon una compra para luego cederle las tierras al magnate, algo que está prohibido por las disposiciones del Decreto 15.385/44 ratificado por la ley 12.913. En efecto, la autorización efectuada por la Comisión Nacional de Zonas de frontera en 1996 se extendió a H.R. Properties Buenos Aires S.A, integrada por argentinos, pero luego la compañía se transformó en Hidden Lake, integrada totalmente por accionistas británicos. Esa maniobra permitió la adquisición de la estancia en una zona de frontera, vedada a extranjeros.

Si bien el fraude fue probado por la Procuración de Investigaciones Administrativas, debido al paso del tiempo todos los involucrados –incluyendo a Lewis- fueron sobreseídos por prescripción de la acción penal, en un fallo firmado por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, el 30 de marzo.

Un año antes, Macri había llegado a esa propiedad en un helicóptero de la flota de su amigo inglés. Pocos días después, el régimen macrifascista avanzó con los tarifazos en los servicios energéticos, que benefician al empresariado del rubro en general y a Lewis en particular, ya que es uno de los principales accionistas de Edenor. No fue el único regalo del idiota confeso a su amigo: también hubo una condonación de deudas de las energéticas, vía decreto, que significaron para la compañía de Lewis un achique de 1129 millones de pesos de su pasivo. 

“La respuesta del Ministerio del Interior es inadmisible, la defensa de los intereses nacionales es un deber de los funcionarios públicos, no se puede considerar como un gasto de energía inútil”, remarcó Viale. 

Mientras tanto, Lewis se encarga de demostrar cotidianamente su falta de apego a la ley y continúa sin permitir el acceso público al Lago Escondido, a pesar de que hay una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que le ordenó que abriera un camino para cumplir con el mandato constitucional.

Otro candidato exigió la declaración jurada de Carmen Polledo

EL MARIDO DE LA SEGUNDA PRECANDIDATA A DIPUTADA NACIONAL POR LA OFICIALISTA ALIANZA DE DERECHA CAMBIEMOS EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, CARMEN POLLEDO, ES UNO DE LOS BENEFICIADOS POR LA CONCESIÓN DEL PREDIO EN EL QUE MURIERON CINCO PERSONAS DURANTE UNA FIESTA ELECTRÓNICA. QUIEREN SABER SI LA ACTUAL LEGISLADORA PARTICIPA DE LAS GANANCIAS DE ESA EXPLOTACIÓN Y SI VIOLA LA LEY DE ÉTICA PÚBLICA.

A través de un pedido de acceso a la información pública, el abogado ambientalista y precandidato a diputado nacional por el Frente Sur en Marcha, Enrique Viale, exigió que Carmen Polledo, segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales de la alianza de derecha Cambiemos que encabeza Elisa Carrió, y quien preside hoy la Legislatura porteña, haga pública su declaración jurada para determinar el “vínculo y la incompatibilidad de la funcionaria” con la explotación del centro de convenciones Costa Salguero S.A., cuya concesión está en manos de una empresa de su marido, Fernando Polledo Olivera.

Además de ser la sede del búnker PRO en todas y cada una de las elecciones en las que participó en los últimos años, Costa Salguero es, en realidad, un predio estatal de 16 hectáreas zonificado como parque, que fue concesionado en 1991 por 30 años a la empresa Telemetrix S.A. a un precio irrisorio. Viale señaló que la sociedad debe figurar como "bien ganancial" en la declaración jurada de Polledo. "Costa Salguero es el paradigma de los negociados con los espacios públicos", advirtió.

Actualmente, la concesionaria paga poco más de 300 mil pesos por mes y subconcesiona 24 espacios dentro del mismo predio, que le abonan un canon millonario a la empresa. Estos locales funcionaron sin habilitación hasta el año 2010, cuando fueron clausurados por un amparo patrocinado por Viale. “En 24 horas obtuvieron una habilitación express de parte del Gobierno porteño, presidido entonces por Mugrizio Macri”, dijo el abogado.

En el mismo pabellón que el PRO utiliza como búnker se celebró la trágica fiesta electrónica de Time Warp en la que murieron cinco jóvenes, cuya investigación acaba de volver a foja cero con la decisión de la Sala II Cámara Federal de apartar al juez Sebastián Casanello. “El juez venía investigando, venía avanzando. No tengo dudas de que en la decisión pesó el poder político. Estamos hablando de la segunda candidata a diputada nacional. Si Casanello seguía investigando, llegaba a Polledo”, señaló Viale.

Para el abogado “cuando habilitaron la fiesta electrónica Time Warp en un lugar inadecuado para ese tipo de actividad, el Estado se cubrió a sí mismo y a los empresarios inescrupulosos”. Viale recordó que la Coalición Cínica, entonces oposición al PRO y hoy parte de Cambiemos, salió a “socorrer a Rodríguez Larrata, bloqueando una comisión investigadora. Parece que para la impoluta Carrió y sus discípulos los acuerdos políticos coyunturales son más importantes que la búsqueda de la verdad”. 

La protección judicial sobre la familia Polledo se extendió a una causa que tramita desde hace casi ocho años en la Justicia porteña, en la que se le ordenó a Telematrix y al régimen fascista porteño a brindar acceso público al Río de la Plata. Recientemente, el juez subrogante Martín Converset declaró la caducidad de la instancia judicial y dilató el cumplimiento de varias sentencias que obligan a la empresa y al régimen a cumplir con la construcción de un camino costero público.

La declaración jurada de Polledo también esclarecería si la candidata ha blanqueado o no su participación en una offshore radicada en Panamá, Rank International Corporation, abierta por el estudio Mossack Fonseca y Asociados, el mismo estudio implicado en el escándalo de los Panamá Papers.