UNA JUEZA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES SUSPENDIÓ AYER A PARTIR DE UNA MEDIDA CAUTELAR, LA APLICACIÓN DEL INSTRUCTIVO DEL RÉGIMEN FASCISTA PORTEÑO PARA CASOS DE ALUMNOS QUE TOMEN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS POR DISTINTOS RECLAMOS.
A pesar de que el Ministerio de Educación negó que se tratara de un documento oficial, el protocolo que ordenaba denunciar la toma de escuelas en las comisarias -distribuido a través de mails oficiales- fue aplicado en al menos cuatro establecimientos. Esto fue suficiente para que la jueza Elena Liberatori hiciera lugar al amparo presentado por los asesores tutelares Mabel López Oliva y Gustavo Moreno, que exige “el cese de la aplicación del instructivo que dispone que las autoridades escolares deben denunciar penalmente las tomas de los establecimientos educativos”.
La magistrada ordenó al régimen fascista de Horacio Rodríguez Larrata a que “de modo inmediato” deje sin efecto los “procedimientos administrativos y penales, sancionatorios, disciplinarios que se deriven de la aplicación del Instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes”. Asimismo, convocó a una audiencia para hoy a las 12.30 entre los asesores tutelares y la ministra de Educación, Soledad Acuña, en forma “personal e indelegable”.
Para la titular del juzgado Número 4 en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, queda claro que con la toma de escuelas -en protesta de la aplicación de la reforma propuesta por el Gobierno, Secundaria del Futuro-, los “estudiantes están haciendo uso de derechos constitucionales (…) y por el otro, que las autoridades administrativas ejercen sus competencias fuera de un marco mínimo de legalidad”, con la aplicación del instructivo.
Liberatori no sólo estableció la suspensión del protocolo, sino que recordó que en 2012 había dejado sin efecto una resolución similar dictada por el entonces ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, quien había exigido a los directores de las escuelas que identificaran en sede policial a cada uno de los alumnos que tomaban sus respectivos colegios.
La jueza además consideró como suficientes las pruebas aportadas por Moreno y López Oliva, quienes remitieron al juzgado el acta confeccionada en la escuela Julio Cortázar, en la que las autoridades escolares dejaban constancia que estaban aplicando el instructivo “emanado por el Gobierno de la Ciudad” en caso de toma de escuelas. Además deja asentado que otras cuatro tomas fueron denunciadas ante la policía: la Escuela Manuel Belgrano, Mariano Acosta, Liceo 9 y Escuela Secundaria Antonio Devoto. En total, hay 22 establecimientos educativos ocupados sus estudiantes en la Ciudad de Buenos Aires.
Liberatori también hizo mención a la respuesta recibida por los asesores tutelares a la intimación judicial efectuada el 8 de septiembre, donde le exigían a la ministra Acuña que ratificara o desautorizara el instructivo que había llegado a todos los establecimientos de educación media de la Ciudad a través de una casilla oficial, dem@bue.edu.ar, firmado por el Coordinador de Supervisores, Gabriel Cruz. El ministerio contestó a través de la directora General de Coordinación Legal e Institucional, Paula Daniela Colombo, quien negó la “existencia de cualquier tipo de protocolo y/o instructivo de toma de establecimientos educativos”. Además, descartó que el documento haya sido “emitido por ninguna autoridad del Ministerio” y aseguró que “ningún responsable de un establecimiento educativo ha denunciado penalmente a un/a alumno/a en una comisaría”.
La magistrada advirtió que Colombo carecía de “competencia legal para representar a la ministra de quien depende” y que la respuesta formal debería haber sido emanada por Acuña. Asimismo advirtió que pese a lo contestado por el ministerio, el instructivo se aplicó tal como lo exigían a través de los canales oficiales. Liberatori: “O sea, que de un ‘presunto’ ‘documento’ ‘carente de validez y entidad legal’, según la doctora Colombo, se derivaron actas transcriptas, intervención policial y de fiscalías penales y surge, no menor, la evidencia que contrasta las afirmaciones de ‘inexistencia de órdenes o instrucciones impartidas por el Ministerio de Educación’”.
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