Pese al fuerte temporal de lluvia, viento y granizo que se desató sobre la ciudad de Buenos Aires en horas de la madrugada, unas 50 familias seguían acampando ayer a la tarde a la intemperie junto al predio porteño de Villa Lugano donde el sábado la policía Metropolinazi y la Gendarmería desalojaron el asentamiento Papa Francisco, operativo que según el defensor general adjunto de la ciudad de Buenos Aires, Luis Duacastella, “no cumplió con los pasos establecidos en la orden judicial”.
“La Metropolinazi no cumplió con los pasos que establecía la orden de la jueza María Gabriela López Iñíguez, que eran intimarlos a retirarse voluntariamente primero, y en ese caso brindarles asistencia de movilidad, sanitaria, alimentaria y habitacional, y si había resistencia usar la fuerza”, explicó Ducastella, quien, además, consideró que “en el tiempo que duró el desalojo, que empezó a las 7 y terminó a las 9, no se puede haber cumplido con eso; se hizo todo por la fuerza, que era el segundo paso”.
“No sé por qué lo hicieron así, en este momento hay 50 familias acampando con mucho frío al costado del asentamiento -dijo- y las otras 50 están distribuidas en los paradores de los polideportivos de los parques Avellaneda, Chacabuco y Martín Fierro”, como les ofrecieron las autoridades metropolitanas.
El defensor adjunto de la Ciudad afirmó que en hasta última hora de la tarde de ayer “nadie se acercó a brindar asistencia sanitaria ni alimentaria” y que “el Gobierno porteño se retiró”.
“Tenemos cinco equipos de personas asistiendo a la gente y no nos vamos a mover hasta que venga alguna autoridad", aseguró Duacastella y agregó que por el momento relevaban a la gente y le preguntaban qué perdió en el desalojo, ya que muchos se quedaron inclusive sin su documentación personal.
En tanto, cinco de los seis detenidos por resistencia a la autoridad durante el desalojo ya recuperaron su libertad, mientras respecto al restante el juez de la causa debe resolver un pedido de prisión preventiva realizado por el fiscal Carlos Rolero, dijo el abogado de los apresados, Ramiro Geber.
Los liberados son Bernardo Fernández, Ramiro Ramos Jacinto, Rafael Fernández, Amada López y Cristian Ibarra, delegado del grupo que estaba en el asentamiento, precisó el abogado, mientras que aún permanece detenido Rubén Cerasolo, “porque según el fiscal no reúne los requisitos necesarios para darle la libertad, entre ellos la fijación domicilio".
Las familias permanecían ayer en las adyacencias del predio, debajo de improvisadas carpas de madera y plástico equipadas sólo con colchones y alguna ropa de cama.
“Nos quedamos resistiendo, porque acá tenemos más chances de que nos den una solución. Muchos se fueron hasta el depósito con sus cosas, pero no los dejaron entrar y ahora quieren volver porque no tienen a dónde ir”, aseguró Katherine, mientras sus hijos de 10 y 5 años dormían en otro extremo de la carpa que comparten cuatro familias sobre avenida De la Cruz, junto al vallado de chapa que les impide el ingreso.
Los accesos al predio de Fernández de la Cruz y Pola, que permaneció tomado por unas dos mil personas durante casi seis meses, estaba fuertemente custodiado por la Metropolinazi, que impedía el ingreso a los desalojados para recuperar chapas o cualquier pertenencia que hubiera quedado utilizable tras el paso de las topadores y las posteriores fogatas.
No obstante, personas de la lindera Villa 20 recorrían sin impedimento el terreno, revolviendo los escombros y llevándose lo que encontraban de interés ante la indignación de los desalojados.
Según pudo constatarse, ayer no hubo distribución de agua mineral, frazadas o pañales, como suele ser habitual en situaciones de este tipo, aunque vecinos de los monoblocks linderos se solidarizaron y donaron alimentos y elementos de primera necesidad.
“Yo recibí dos balazos de goma en el pecho”, contó Gregorio desde una carpa lindera que resguardaba a seis familias y cuyo ocupante más pequeño era un bebé de un año y cuatro meses.
Y continuó: “lo mío no es nada, hay una chiquita de tres años que tiene toda la espalda golpeada porque no se quería levantar de la cama cuando entraron los de la Metropolitana. También le pegaron a una embarazada delante de sus hijos, que después llevaron detenida, y a una nena discapacitada de doce años la tumbaron al suelo con su silla de ruedas”.
Los vecinos dijeron que hasta último minuto no les comunicaron que habría un desalojo y que los efectivos de seguridad entraron al predio asegurando que harían “una requisa”.
“Por eso nosotros los dejamos entrar, porque no tenemos nada que ocultar. Nos dijeron que saliéramos y que dejemos la puerta abierta así no la rompían, pero después no nos dejaron volver por nuestras cosas”, dijo María, una de las desalojadas.
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