Ambas fuerzas sancionaron en la Legislatura porteña la ley que pretende instalar bares en los parques de la Ciudad de Buenos Aires en medio de una sesión que terminó en escándalo cuando los vecinos que resistían la iniciativa fueron agredidos por un grupo de personas sindicados como “barrabravas”.

La medida era resistida por la Red Interparques y Plazas, conformada por distintas asambleas barriales y organizaciones sociales -quienes estuvieron presentes en el recinto durante el debate- al considerar que “se trata de una reducción de espacios verdes”.
Asimismo, la diputada Claudia Neira fundamentó el rechazo del Frente para la Victoria a la ley en que “no podemos avalar un proyecto donde el privado sea el vertebrador del espacio público".
"Acá no se trata de discutir si está bien o no poner un bar, acá debatimos la concepción de espacio público que pretende motorizar el Gobierno de la Ciudad que pone al Estado al servicio de los concesionarios privados", puntualizó.
La norma establece que se podrá otorgar permisos a privados para la venta de “emparedados, golosinas, productos de confitería u otros alimentos, envasados en origen y que provengan de fábricas autorizadas, bebidas sin alcohol envasadas e infusiones de café, té, yerba mate, leche, jugos exprimidos y licuados”.

La sesión de la Legislatura, no obstante, registró momentos de tensión que tuvieron su punto máximo cuando se iba a votar el proyecto de Acevedo ya que los vecinos que cuestionaban la iniciativa comenzaron a gritar a los diputados para que no acompañen la propuesta mientras mostraban carteles con mensajes de protesta.
Una vez efectuada la votación, el vicepresidente primero de la Legislatura, Cristian Ritondo, levantó la sesión ante la falta de temas a tratar, y los vecinos fueron agredidos por un grupo de personas que rompieron las pancartas y los empujaron para que salieran del recinto.
“Nos arrancaron los carteles gente que no conocemos, identificadas con banderas de Boca, barrabravas a los que nos tiene acostumbrados el jefe de Gobierno”, denunció uno de los vecinos.
Juliana Giménez, vecina de Parque Centenario y miembro de la Red, señaló que la ley “es anticonstitucional porque la Carta Magna de la Ciudad dice que los espacios verdes deben incrementarse, no disminuirse”.
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