LA FISCAL DESCUBRIÓ UN INTENTO DE VACIAMIENTO DE LAS CUENTAS DE LA CONCURSADA CORREO ARGENTINO HACIA OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO MACRI. LA MANIOBRA QUEDÓ AL DESCUBIERTO CUANDO SE CAYÓ EL ACUERDO FIRMADO POR EL GOBIERNO.
Mientras en los primeros meses del año pasado calentaba motores para la firma de un acuerdo con el Estado que implicaría una quita de casi la totalidad de la deuda del Correo Argentino, el Grupo Macri -a través de las controlantes Socma S.A. y Sideco S.A.- intentó el “vaciamiento” de las cuentas en dólares y pesos que estaban a nombre del concurso de acreedores para desviarla hacia otros de sus negocios. Así lo denunció la fiscal Gabriela Boquin en un nuevo dictamen que presentó en el caso que más daño hace a la imagen del régimen fascista, cínico y corrupto de Mugrizio Macri. Según el documento, la jueza del concurso, Marta Cirulli, llegó a autorizar cinco retiros de fondos por cerca de 10 millones de pesos. Pero después que Boquin reveló que se había firmado un acuerdo que consideró “abusivo” y “ruinoso” para las arcas públicas, se cortaron las autorizaciones. Cuando el Correo apeló, quedó la maniobra al descubierto.
En un dictamen que se conoció el viernes a última hora, Boquin dice que considera que los retiros de dinero de las cuentas del Banco Ciudad fueron “improcedentes e injustificados”. Además de deschavar los movimientos para obtener ventajas económicas con el dinero del concurso, denuncia a la jueza comercial Cirulli y pide la separación de la actual administración de la empresa Correo Argentino, que encabeza Jorge Irigoin, antiguo gerente de Socma con una relación histórica con el Mugrizio Macri y su familia. Advierte que proporcionó información falsa y ocultó otra relevante para el expediente.
Boquin hace notar que la jueza Cirulli venía negando esos pedidos de manera sistemática cada vez que se los había pedido el Correo, incluso el año anterior, 2015. De pronto, justo en 2016, cuando la empresa de los Macri ya empieza a encarar su demanda contra el Estado en reclamo de un resarcimiento (entre otras cosas por la supuestas consecuencias económicas producto de la expropiación en 2003) y cuando se avecinaba el acuerdo que no se había logrado en años (desde 2001) porque las sucesivas administraciones de gobierno rechazaban las propuestas de la empresa postal por inconvenientes, justo ahí comenzó a vaciar las cuentas.
El acuerdo por la deuda del Correo se firmó el 28 de junio del año pasado. La fiscalía fue notificada tres meses después, y finalmente lo objetó. Como ya se conoció, Boquin señaló en su primer dictamen que la deuda del Correo asciende al día de hoy a más de 4000 millones de pesos. Si no se hubiera frenado tendría cerca de la totalidad perdonada gracias a la aceptación del representante del Estado, que asistió en nombre del Ministerio de Comunicación, Juan Mocoroa, siguiendo instrucciones -según dijo- de sus superiores, lo que incluiría del ministro Oscar Aguad hacia arriba. Mientras tanto, a lo largo de 2016, el Grupo Macri fue obteniendo permisos para ir sacando la plata de sus cuentas: en marzo, en junio, en noviembre y en diciembre. El pedido de la audiencia para lograr el convenio fue en mayo. A comienzos del año pasado había en las cuentas del concurso 9.666.690 dólares y 27.866.097 pesos. Los retiros, afirma Boquin, fueron “en beneficio de otras empresas del grupo” y “en perjuicio para las cuentas del concurso”.
Uno de los argumentos que la jueza utilizó para autorizar los retiros fue “el volumen de las erogaciones que la deudora debe afrontar mes a mes”. Para eso se basó en el planteo de la empresa que, en rigor, está inactiva. La firma argumentó ante la jueza que los socios ya no estaban en condiciones de seguir haciendo aportes para su sostén y, en realidad, nunca aportaron nada. Sin embargo, utilizó parte del dinero extraído del Banco Ciudad para pagar mensualmente, oficinas por 144.000 pesos; 61,834 pesos de sueldos y cargas sociales; 113.000 pesos de gastos contables e informáticos y 65.000 de honorarios profesionales. Los inmuebles son alquilados en el mismo edificio donde se encuentra la sede de Sideco S.A. (el llamado “rulero” de avenida Libertador). Son, más aún, cuatro oficinas en su mismo piso. Sideco Americana es la empresa controlante del Correo Argentino, y a su vez es controlada por Socma S.A.
El planteo es que el dinero que salía de las cuentas del concurso -y que posiblemente hubiera sido mucho más si la fiscalía no denunciaba el acuerdo “abusivo”- iba a parar a Sideco. El denodado interés por llegar a la homologación de un acuerdo por la deuda, para lo cual hacía falta la anuencia del Estado porque de lo contrario no alcanzaban las mayorías, es evitar la quiebra del Correo, que podría arrastrar a la misma situación a sus controlantes, Sideco y Socma, pilares del emporio empresarial de los Macri.
El dictamen de Boquin rastrea movimientos de años anteriores pero que reflejarían conductas similares: por ejemplo, en 2007 Socma le vende al Correo acciones de Neficor S.A., que tenía el 49 por ciento de Chery, para introducir en el mercado el auto Tiggo, con cláusulas de rescisión. Le pagan a Socma 2 millones de dólares, pero jamás les dio dividendos. Luego se agrega una transferencia por más de 900.000 dólares extras. Otra vez, señala la fiscal “un posible acto de vaciamiento de la concursada en favor de otra empresa del grupo, su controlante, Socma”.
Franco Macri tiene un usufructo vitalicio de las acciones de Socma y por ende de Sideco y el Correo Argentino. Fuera de esa función, sus acciones fueron cedidas a sus hijos. Mugrizio, en 2009, se las traspasó a sus hijos Agustina, Gimena y Francisco. Es decir, toda la familia. Excepto el ex hijastro de Flavia Palmiero, que no figura en los papeles.
El nuevo planteo de Boquin llega en un momento caliente para el expediente ya que la semana pasada el Gobierno echó al procurador del Tesoro Carlos Balbín, representante de los abogados del Estado, quien tuvo que empezar a intervenir debido -curiosamente- al decreto sobre conflicto de intereses que firmó Mugrizio Macri a raíz de este escándalo. Lo que sucede es que Balbín firmó una auditoría el 10 de abril último que no resultaría lo que se dice un bálsamo de alivio y felicidad para el régimen. En función de ella, además, preparaba un dictamen en el que plantearía que los términos del acuerdo del año pasado eran irregulares o por lo menos desventajosos. Balbín sería el que ocuparía de ahora en más el lugar que tenía como representante en el caso el Ministerio de Comunicación. Su reemplazante, Bernardo Saravia Frías, lideró un estudio jurídico que representó al Grupo Macri.
El dictamen que ahora plantea el vaciamiento llegará también a la Cámara Comercial, que integran para este caso María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini, quienes vienen actuando desde hace varios años en favor del paso del tiempo. Tuvieron el expediente, sin decisión alguna, desde 2011, denuncias mediante del ex Procurador general de la nación Esteban Righi. Balbín debía presentarse en la Cámara, entre otras cosas, para opinar sobre los 120 días de suspensión del trámite que pidió el Estado Nacional, a medida de los deseos del grupo empresario y como para intentar desinflar el tema que resultó de tanto impacto durante el período de campaña electoral. Hasta ahora la mayoría de los síndicos lo admitieron. El nuevo procurador deberá opinar, y en este punto falta un dictamen también de Boquin.
La fiscal, quien ya sufrió el año pasado un robo de una copia completa del expediente del baúl de su auto frente a la puerta de su casa, volvió a sufrir un episodio similar: fue forzada la cerradura del vehículo. La diferencia es que esta vez tenía custodia policial.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
