El Tribunal Constitucional de España anuló la independencia de Cataluña y Amnistía no reconoce como presos políticos a los separatistas

CON PANCARTAS Y AL GRITO DE "¡LIBERTAD!", LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES CORTARON AYER AUTOPISTAS, CARRETERAS, CALLES Y VÍAS DE FERROCARRIL EN PROTESTA POR EL ENCARCELAMIENTO DE SUS LÍDERES, EN UNA JORNADA DE HUELGA GENERAL CON MENOS PARTICIPACIÓN DE LA ESPERADA, EL MISMO DÍA EN QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DECLARÓ INCONSTITUCIONAL LA INDEPENDENCIA DE LA REGIÓN.

Cientos de camiones y coches quedaron atrapados cerca de la frontera francesa, que fue cerrada por los manifestantes en un par de pasos menores; hubo decenas de cortes en carreteras y los trenes se vieron seriamente afectados por la ocupación de las vías en las estaciones de Barcelona y de Girona.

Además, los manifestantes forzaron durante unas horas el cierre de la principal atracción turística de la ciudad, la Sagrada Familia, en cuyas puertas colgaron una enorme pancarta con el mensaje "La represión no es una solución" en inglés. En total, 150.000 pasajeros de trenes resultaron afectados, 10.000 de ellos de trenes de alta velocidad, informó la compañía ferroviaria Renfe. En cambio, y a diferencia del paro general del 3 de octubre, convocado en protesta por las cargas policiales del día del referéndum, la mayoría de mercados, tiendas y restaurantes de Barcelona abrieron sus puertas y las fábricas de la región funcionaban con normalidad.

"El seguimiento de la huelga (convocada por la intersindical independentista CSC, sin el apoyo de los principales sindicatos del país) ha sido mínimo y residual en la práctica totalidad de los sectores, salvo en el de la enseñanza", aseguró desde Barcelona Juan Antonio Puigserver, secretario del ministerio del Interior.

Convocada también por las asociaciones independentistas, la huelga pretendió paralizar la región que produce la quinta parte de la riqueza española en protesta por el encarcelamiento de varios dirigentes y la intervención de la autonomía catalana desde Madrid.

Los huelguistas concentraron sus esfuerzos en el transporte, cortando las rutas que unen la región con Francia y Madrid y los principales accesos a Barcelona.

"Estamos muy indignados, muy enfadados en contra de lo que está haciendo el gobierno español", decía irritada Elisabet Nistal, una ortodontista de 33 años, en una manifestación en Barcelona. Otras personas, en cambio, se mostraron enojadas con los manifestantes y hubo momentos de tensión con los piquetes.

"Es una vergüenza. Están haciéndole daño a la gente que viene y se va de trabajar (...) Nos llaman fascistas, y nos hacen daño con estas cosas", dijo por su parte, una mujer de 50 años que discutía en la estación de Sants de Barcelona.

Un portavoz de la Cruz Roja informó que habían repartido "bocadillos, jugos, aguas y galletas" a los cientos de conductores atrapados en colas de seis kilómetros cerca de Francia en la autopista que une el país vecino con Andalucía.

Las mayores incidencias se registraron en el sector educativo público, cuyo principal sindicato respaldó la protesta. Así, en una plaza del barrio barcelonés de Gracia, la jubilada Conchita Cosialls entretenía a su nieta de 7 años Adriana, que no había ido a la escuela por la huelga. "El ambiente es muy tranquilo", explicó Cosialls, que dijo que sus nietos en escuelas privadas sí habían tenido clase.

Mientras tanto, el ex presidente regional Carles Puigdemont se encuentra desde el 30 de octubre en Bruselas con cuatro miembros de su gobierno tras haber sido destituido por el gobierno español de Mariano Rajoy, que ahora controla la administración regional.

El resto de dirigentes, ocho en total, se encuentran en prisión preventiva, investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación tras la proclamación de una efímera república catalana el 27 de octubre que fue anulada este miércoles por el Constitucional. La misma acusación recae sobre Puigdemont y sus compañeros en Bruselas, pendientes de la decisión de Bélgica sobre la extradición solicitada por la justicia española.

En el Congreso de Madrid, Rajoy afirmó que "las cosas están funcionando bien" y se mostró esperanzado en que las elecciones convocadas para el 21 de diciembre sirvan "para abrir una nueva etapa política, que necesariamente debe ser una etapa de tranquilidad, normalidad, de convivencia".

En una entrevista con la televisión flamenca VRT, Puigdemont dijo que "hay otras alternativas" a la lista unitaria que se ofreció a liderar y que sus aliados hasta ahora rechazaron, aunque insistió en reclamar la constitución de un frente independentista.

Amnistía Internacional (AI), por su parte, aclaró ayer que no considera "presos de conciencia" a los dirigentes catalanes y ex miembros del Gobierno regional que se encuentran en prisión provisional por presuntos delitos vinculados al plan independentista.

La aclaración de AI se refiere tanto a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, jefes de las dos mayores entidades civiles independentistas de Cataluña en prisión desde el 16 de octubre por un presunto delito de sedición, como a los ocho ex consejeros del Gobierno catalán detenidos el jueves pasado por presunta rebeldía y otros cargos.

"No usamos el término 'preso político' porque no hay una definición internacional unívoca", señaló una portavoz de la organización. "Usamos en cambio el concepto de 'presos de conciencia'. Y no consideramos que lo sean ni los 'Jordis' ni los ex miembros del Govern porque su caso no se ciñe a la definición".

AI entiende que son presos de conciencia "aquellas personas que, sin haber utilizado la violencia ni haber propugnado su uso, son encarceladas o sometidas a otras restricciones de su libertad a causa de sus convicciones" políticas o religiosas "o cualquier otro motivo de conciencia", como su origen étnico, sexo, color, idioma u origen.

Tanto los ex consejeros como los "Jordis" están en cambio acusados en el marco de un proceso judicial en el que quedan por determinar diversos elementos "con los cuales Amnistía Internacional estará en una mejor posición para determinar si los considera o no presos de conciencia".

Sànchez y Cuixart son investigados por sedición por haber convocado una protesta que el 20 y 21 de septiembre dejó bloqueados a guardias civiles que realizaban un operativo contra el referéndum ilegal del 1º de octubre en una consejería del Gobierno catalán. Los manifestantes destruyeron además coches del cuerpo armado.

AI fue en su momento muy crítica con las detenciones y en dos comunicados tachó de "excesivos" y "desproporcionados" los cargos y la prisión preventiva, por lo que pidió revertir ambas decisiones.

El pedido de captura de Puigdemont templó a los separatistas y Cataluña hizo sonar las cacerolas:

LAS MEDIDAS JUDICIALES CONTRA LOS IMPULSORES DEL DESAFÍO INDEPENDENTISTA EN CATALUÑA, INCLUIDA LA ORDEN DE DETENCIÓN EMITIDA AYER CONTRA CARLES PUIGDEMONT, QUE EL GOBIERNO BELGA SE COMPROMETIÓ A “ESTUDIAR”, Y LA DETENCIÓN DE PARTE DE SU EX GOBIERNO, DEVOLVIERON A LOS SOBERANISTAS EL ÍMPETU QUE HABÍAN PERDIDO, CON VISTAS A LAS ELECCIONES DEL 21 DE DICIEMBRE.

Movilizados por la indignación ante lo que consideran "presos políticos", los independentistas cerraron con un discurso unificado y convocatorias a huelgas y manifestaciones una semana que había comenzado con la intervención de la autonomía catalana, el cese del Ejecutivo de Puigdemont y su inexplicable viaje a Bélgica.

"Tras cinco años de proceso soberanista (...) habíamos recuperado cierta paz social", opinó ayer el diario catalán La Vanguardia. 

"Esa paz ha sido barrida de nuevo. La elección del 21 de diciembre se afrontará ahora con los sentimientos a flor de piel y con el riesgo de que lo sucedido contribuya a engrosar las filas más radicalizadas", agregó.

La inflexión entre ambos escenarios se produjo ya el jueves, cuando la Audiencia Nacional de Madrid envió a prisión a nueve ex consejeros del Gobierno de Puigdemont imputados por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación -castigados con hasta 30 años de cárcel-, todos vinculados con el plan independentista.

El tribunal completó ayer ese paso al dictar órdenes de detención contra Puigdemont y los cuatro ex consejeros que lo acompañan en Bélgica, imputados por los mismos presuntos delitos. La reacción fue inmediata: miles de personas se reunieron ante el Ayuntamiento entre gritos de "¡Viva la república catalana!" y "¡Libertad!". Diversas fuerzas políticas nacionalistas consideraron a los encarcelados "presos políticos".

Las cacerolazos volvieron a oírse en la noche de varias ciudades catalanas y las entidades civiles independentistas Òmnium y Asamblea Nacional Catalana (ANC) -cuyos dos líderes están también en prisión por el presunto delito de sedición- convocaron una "semana de la libertad", incluida una "gran manifestación" el 11 de noviembre.

"Nos quieren humillados y destruidos. No podrán", dijo Jordi Sánchez, líder de ANC al que ayer se le negó un recurso para salir en libertad. "No tienen suficientes prisiones. La democracia ganará. El 21 de diciembre el mundo lo verá", añadió por Twitter en alusión a las elecciones autonómicas.

El ánimo combativo contrasta con el clima de incertidumbre y agotamiento que dominó el sector independentista hasta el jueves. Tras meses de tensión en aumento, el ala más dura del soberanismo logró que el Parlament aprobara el viernes 27 de octubre una resolución para crear una república soberana. El Gobierno de Rajoy respondió ese mismo día interviniendo la autonomía de la región y convocando elecciones en Cataluña el 21 de diciembre.

La intervención, inédita en 40 años de democracia, incluía el cese fulminante de todo el Gobierno de Puigdemont, que en un sorprendente giro de guión se desplazó en secreto a Bélgica y ofreció el martes una rueda de prensa en la que explicó que no había huido, sino que buscaba llevar el "conflicto" al corazón de Europa.

El ánimo independentista se enfrió definitivamente. Cientos de miles de personas marcharon por Barcelona el domingo en defensa de la unidad con España y la intervención del Gobierno avanzó sin problemas. Mientras en Cataluña las distintas fuerzas se posicionaban ante las elecciones del 21 de diciembre, Puigdemont incomodaba al Gobierno belga y su situación era calificada de "circo" en Europa.

Lo más parecido a la calma que vivió Cataluña en semanas duró poco y la contundente las decisiones de la Audiencia Nacional volvieron a forjar los ánimos al alimentar el imaginario nacionalista de un Estado español "opresor" que persigue a los catalanes con "juicios políticos".

Las consecuencias podrían verse en las elecciones. El Periódico, el otro gran diario de Cataluña junto con La Vanguardia, dio por hecho que las detenciones alentarán una candidatura soberanista unitaria y reducirán la posibilidad de captar voto moderado por parte de fuerzas como los socialistas del PSC. "En fin, una operación tan torpe como humillante", criticó el diario catalán.

El reclamo de miles de catalanes: "Libertad a nuestros gobernantes"

TRAS LA DETENCIÓN DEL EX VICEJEFE DEL GOBIERNO, ORIOL JUNQUERAS, Y SIETE EX CONSEJEROS, QUIENES FUERON ENVIADOS A PRISIÓN INCONDICIONAL, SIN FIANZA, TRAS DECLARAR EN LA AUDIENCIA NACIONAL DE MADRID POR LOS PRESUNTOS DELITOS VINCULADOS CON LA DECLARACIÓN DE LA INDEPENDENCIA, QUE ABRIÓ UNA CRISIS POLÍTICA SIN PRECEDENTES EN ESPAÑA, MILES DE MANIFESTANTES SALIERON A LA CALLE A RECLAMAR LA LIBERACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS CATALANES.

Según los medios españoles, la jueza de la Audiencia Nacional que dictó esa medida prepara también una orden europea de detención para el ex presidente Carles Puigdemont y los cuatro consejeros que se encuentran con él en Bélgica desde el fin de semana, como solicitó ayer el fiscal general.

Si se confirma ese paso, el único de los 14 ex miembros del Govern que podría quedar en libertad es Santi Vila, al que la jueza eximió de la prisión bajo una fianza de 50.000 euros, teniendo en cuenta que Vila renunció como consejero de Empresa horas antes de que el Parlament en Barcelona aprobara el viernes pasado declarar una república soberana.

Todos los miembros del Govern destituido estaban citados a declarar ayer como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación por el plan soberanista y la votación del Parlament en Barcelona, aunque solo nueve acudieron a la cita y Puigdemont se quedó en Bélgica con los otros cuatro ex consejeros.

A falta de conocer el destino del ex presidente, el envío a prisión de la mayor parte de su gabinete reactivó al independentismo y volvió a sacudir el panorama político y social en el país tras semanas de tensión por el desafío soberanista en Cataluña.

"Hoy (por ayer) encarcelan al Govern legítimo de Cataluña. Hoy encarcelan la democracia. Pero no saben que es imposible encarcelar la libertad!", escribió en su cuenta de Twitter Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), partido independentista socio en el ex Gobierno de Puigdemont.

La entidad independentista Òmnium convocó una "gran manifestación" en Barcelona el domingo 12 de noviembre, la primera desde la declaración independentista del viernes pasado. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, criticó en Twitter que "envían a la cárcel al Govern democráticamente elegido. Injusto. Indecente. Estamos con vosotros y con vuestras familias".

Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia pero apoya un referéndum soberanista en Cataluña, denunció la existencia de "presos políticos". En su cuenta de Twitter, escribió que "me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores".

El Gobierno central de Mariano Rajoy, por el contrario, se limitó a recordar que no comenta decisiones judiciales. Puigdemont y los 13 miembros de su ex Gobierno debían declarar ayer en Madrid por delitos castigados con hasta 30 años de cárcel. El ex líder soberanista, sin embargo, se trasladó el fin de semana a Bélgica con algunos consejeros después de que el Ejecutivo de Rajoy interviniera el viernes la autonomía de Cataluña y destituyera el Govern.

Puigdemont acudió al abogado belga Paul Bekaert, conocido por defender antes a miembros del grupo armado ETA y adelantó el miércoles en un comunicado firmado por el "Gobierno legítimo de Cataluña" que seguiría en Bélgica para denunciar "un juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".

Los consejeros que se quedaron en Bélgica y faltaron a la cita en la Audiencia Nacional son Antoni Comín (Salud), Meritxell Serret (Agricultura), Clara Ponsatí (Educación) y Lluis Puig (Justicia). Sí acudieron a declarar en Madrid los otros nueve ex miembros del gabinete catalán. Además de Vila y Junqueras, los ex consejeros Jordi Turull (Presidencia), Joaqim Forn (Interior), Josep Rull (Territorio), Raül Romeva (Exterior), Carles Mundó (Justicia), Dolors Bassa (Asuntos Sociales) y Meritxell Borràs (Gobernación).

También la presidenta del Parlament, Forcadell y los cinco miembros de la Mesa de la Cámara debían declarar ayer por los mismos presuntos delitos vinculados a la declaración independentista del viernes pasado, aunque estaban citados en el Tribunal Supremo de Madrid por tratarse de políticos aún aforados.

Todos acudieron puntualmente a la cita, pero la corte aceptó el pedido de la defensa y postergó una semana la declaración hasta el jueves 9 para que los abogados puedan estudiar mejor la querella.