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miércoles, 17 de enero de 2018

Elizabeth Gómez Alcorta: "Intuíamos que la detención de Milagro era el comienzo de una persecución política"

LA ABOGADA DE MILAGRO SALA DENUNCIÓ QUE “LA PERSECUCIÓN Y LAS DETENCIONES SON HERRAMIENTAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO” DE MUGRIZIO MACRI BLANCO VILLEGAS Y RELACIONÓ EL ARRESTO DE LA LÍDER DE LA TUPAC AMARU CON LA VEINTENA DE DIRIGENTES Y MILITANTES POLÍTICOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD.

Elizabeth Gómez Alcorta, abogada de Milagro Sala, sostuvo que el hecho de que la dirigente jujeña cumpliera ayer dos años de estar detenida es la confirmación de que “la persecución y las detenciones son herramientas políticas del gobierno” de Mugrizio Macri Blanco Villegas y de un sector del Poder Judicial. “No vamos a aflojar, no nos van a disciplinar, vamos a seguir resistiendo”, prometió la letrada.

“Hace dos años intuíamos que la detención de Milagro era el comienzo de una persecución política hacia los oponentes del macrismo con intento disciplinamiento y control social a los militantes sociales a los trabajadores y sindicalistas. Efectivamente, se cumplió”, afirmó la abogada en declaraciones a la AM 750.

Cuando Sala fue detenida un 16 de enero de 2015 tras varios días de acampe en el centro de su provincia, “teníamos un lema”, evocó Gómez Alcorta: “Hoy es Milagro, mañana podés ser vos”

“Ahora, a dos años, nos damos cuenta de que las detenciones a los oponentes políticos y utilizando al Poder Judicial como herramienta de persecución se ha expandido y empezó a ser una práctica política del gobierno de Macri”, prosiguió.

En este sentido recordó que en la actualidad hay una veintena de dirigentes y militantes políticos privados de su libertad por participar de movilizaciones contra las políticas de ajuste de la alianza de derecha Cambiemos o por haber apoyado y participado del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Además, la defensora de Sala en varias de las causas que esta enfrenta en la provincia de Jujuy, en su mayoría promovidas por el régimen fascista provincial del radical macrista Gerardo Morales, participó de marcha que comenzó en el Obelisco y que exigió la liberación de la dirigente que cumple prisión domiciliaria en una vivienda de la localidad El Carmen.

Por otra parte, Gómez Alcorta sostuvo que si bien “la lucha” de los abogados es ante los tribunales provinciales o federales, “la lucha real, la resistencia, es en la calle”.

sábado, 9 de diciembre de 2017

Carta Abierta se manifestó "ante la política persecutoria y represiva de Cambiemos"

MEDIANTE UN ESCRITO PUBLICADO EN SU SITIO WEB, EL COLECTIVO DE INTELECTUALES CARTA ABIERTA SE EXPRESÓ PÚBLICAMENTE CONTRA LA PERSECUCIÓN POLÍTICA QUE LLEVA ADELANTE EL RÉGIMEN MACRIFASCISTA.

En un extenso documento que transcribimos a continuación, el colectivos de intelectuales fijó su postura ante lo que dieron en calificar como "la política persecutoria y represiva de Cambiemos":

"Cuando Macri accedió al gobierno, intentó como una de sus primeras medidas el nombramiento de jueces por decreto en una clara demostración del inicio de una gestión que iba en dirección de gobernar con desafección por el Estado de Derecho. Luego hostigaron a la excelente conducción de la UIF dirigida por José Sbatella, al que llevaron a la renuncia y a innumerables y arbitrarias causas, reemplazándolo por un grupo de gestión claramente vinculado con las estructuras de la fuga de capitales. También acosaron y obtuvieron la renuncia de Alejandro Vanoli quien tenía mandato por varios años más, y fue reemplazado por Sturzenegger para aplicar un programa violatorio de la Ley que regula la actividad del Banco Central.

En Enero de 2016 apresaron a Milagro Sala y hoy continúa ilegalmente detenida, a pesar de los reclamos y sentencias internacionales. Dijimos entonces que esa maniobra era el laboratorio de ensayo de políticas represivas y persecutorias que llegarían hasta Cristina Fernández de Kirchner.

Más tarde se profundizó la ofensiva y obtuvieron el desafuero del ex Ministro de Planificación Julio De Vido, sometido a escarnio público con fotos filtradas por miembros del aparato estatal y sin que mediara ninguna razón para detenerlo ni existiera condena alguna sobre el mismo. Enseguida se procedió el procesamiento de Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, a quien se puso preso sin condena ni indagatoria previa.

También se procesó a Guillermo Moreno, en venganza por su participación en la investigación sobre la apropiación de Papel Prensa por parte de Clarín y La Nación. La venganza es la política judicial del régimen ceocrático que también en el caso de Boudou pretende escarmentar a quien promovió la estatización del sistema jubilatorio, o en el caso de Vanoli por hacerle frente al intento de los grupos de poder de generar una crisis cambiaria previa a las elecciones de octubre de 2015.

El otro ámbito que eligieron para desarticular los controles que podía tener una gestión política fue el del Ministerio Fiscal, en el que obstaculizaron el trabajo de la Procuradora Gils Carbó, a quien le hicieron imposible cumplir con su misión hasta obtener su renuncia que significó el incumplimiento de la legalidad en cuanto a la independencia de ese instituto jurídico.

El Poder Judicial fue constituido en un ámbito servil del Poder Ejecutivo por la llegada de Rozenkrantz y Rosatti votada por la Alianza Cambiemos gobernante y por los senadores de un sector del PJ, muchos de los cuales hoy se avienen a hacerlo con las reformas del paquete regresivo en términos de derechos económicos y sociales que representan los proyectos de leyes previsional, laboral y fiscal. Contubernio parlamentario que también habilitó un pago vergonzoso a los fondos buitres que abrió el camino para el vertiginoso endeudamiento que ha emprendido el gobierno, hegemonizado por los CEOS del capital financiero.

Toda la acción política y mediática tiene su centro en la destrucción del kirchnerismo, como parte de una contraofensiva en el continente de la potencia hegemónica y de los grupos de poder económico articulados en la globalización financiera, quienes reaccionaron frente a los proyectos autónomos, democráticos, redistribucionistas e industrializadores surgidos a principios de siglo.

Para la destrucción del kirchnerismo, y de su potencia transformadora, el gobierno de la oligarquía diversificada ha emprendido directamente las actividades para juzgar, desaforar y detener a Cristina Fernández de Kirchner. En ese rumbo acuden hoy al inconstitucional y absurdo proceso judicial conducido por el juez Bonadío, dependiente de y a las órdenes de Macri, en relación al Pacto con Irán nunca aplicado, que fue votado por el Parlamento y sobre cuyas características que hacían absurda cualquier denuncia se había pronunciado el Juez Rafecas en un histórico fallo. Siguiendo con su peligrosa política de deterioro de la democracia argentina, el gobierno de Cambiemos suma a los ilegales encarcelamientos de Milagro Sala, de Julio De Vido y de Amado Boudou, la prisión del ex ministro Timerman.

Ahora definieron ir por Cristina Fernández de Kirchner, conducción de un vasto sector popular que se opone a las políticas de ajuste permanente de Cambiemos y a los avances anti-democráticos que pretenden asegurar crecientes niveles de inequidad económica para nuestro pueblo.

Desde Carta Abierta nos sumamos a denunciar que el gobierno de Cambiemos está poniendo en grave peligro a la democracia, al estado de derecho y a las mismas bases de convivencia pacífica entre los argentinos. Este gobierno ya ha iniciado e intensifica una política sistemática de convertir en presos políticos a los ex funcionarios de los gobiernos de carácter nacional y popular que presidieron Néstor y Cristina. Ahora se ha detenido en procedimientos nocturnos a Zannini, ex Secretario legal de la Presidencia, y a D’Elía, dirigente social caracterizado por su decidida actuación movilizadora frente a los intentos destituyentes que los que hoy gobiernan habían desplegado para cancelar o limitar antidemocráticamente la gestión anterior. También quedó procesado el dirigente de 'La Cámpora' Larroque.

Mientras tanto permanece detenida la militante social Milagro Sala, en una prisión dispuesta por el gobernador de la Provincia, que ha sometido el poder judicial a las lógicas del ejecutivo y actuado inconstitucionalmente, desconociendo los compromisos internacionales asumidos por Argentina y llevados a la Carta Magna en su última modificación. Esta conducta ha sido avalada y compartida por el Poder Ejecutivo Nacional.

Los jueces como Rafecas, que fue independiente y valiente en el fallo sobre el acuerdo con Irán, que fue impecable en su actuación en las causas de derechos humanos, también están siendo perseguidos con el objetivo de destituirlos de su función. No es el único, también lo es Rozanski, quien condenara a Etchecolatz. Así, el gobierno sigue con la persecución de la que ya fuera víctima el juez Freiler, que con una maniobra que incluyó actos procesales reñidos con el comportamiento a derecho, fue desplazado de la Cámara de Casación en represalia por su actuación en el tema de Papel Prensa. También fue suspendido el juez Arias por el contenido de sus fallos respecto de los aumentos de las tarifas eléctricas.

Todos los casos de persecución que denunciamos no sólo buscan la construcción del régimen de impunidad por parte de un poder económico fusionado hoy con el gobierno de los CEOS, que hoy se encuentra a la ofensiva, y que en base al ejercicio del monopolio mediático, a la despolitización promovida en la sociedad y a la mentira como lógica de discurso preelectoral, han logrado resultados favorables en los comicios.

Pretenden construir la perpetuación en el poder de las políticas que perjudican a las mayorías populares. Por eso quieren proscribir políticamente a Cristina Fernández y al kirchnerismo y construir un bipartidismo que disfrace una mentirosa alternancia de dos opciones con una sola política.

La proscripción que se pretende en Argentina tiene la misma raíz que la que se busca en Brasil respecto de Lula. Resulta entonces necesario la construcción de una fuerza frentista política y social de resistencia a la ofensiva del capital concentrado contra los pueblos y las políticas que los representan y defienden.

Es necesario parar el intento de grupos económicos y partidos políticos que, en base a una oportunista manipulación de una coyuntura que les resulta funcional, y favorecidos por una estructura concentrada del régimen de propiedad en sectores claves de la vida económica y cultural, se han embarcado en la degradación del Estado de Derecho.

Han acometido la consecución de este objetivo en distintas fases, la primera fue la sumisión de la Justicia para construir la impunidad del poder, para luego proscribir a la oposición sobre la base de la judicialización de sus referentes en causas armadas por un poder judicial sometido, proseguido por una política represiva con presos sociales, y palos y balas para las acciones de protesta, como las que ya han causado la desaparición forzada seguida de muerte de Maldonado y el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel por parte de la Prefectura, más la represión en establecimientos fabriles en los que los trabajadores defienden el empleo frente a políticas de despidos y a movimientos sociales que reclaman la mínima ayuda social para la subsistencia. La intensificación e institucionalización permanente del control social y la represión sobre la sociedad y el pueblo son motivo de propuestas y proyectos que intentan modificar el orden legal vigente para involucrar a las fuerzas armadas en los conflictos internos.

La demolición del poder judicial en marcha, la persecución e intento de destrucción del kirchnerismo -principal oposición real en Argentina-, la represión al movimiento social y popular, las políticas regresivas destructoras de derechos económicos y sociales, el silenciamiento mediático como ocurrió en los caso de Victor Hugo y Navarro, las apretadas a propietarios de medios opositores para condicionar su libertad de expresión, la extorsión a los gobernadores de provincias para someter su voto al funcionamiento de sus distritos, anulando el ejercicio libre de su voluntad y convicciones, los intentos de retroceder en los juicios a los genocidas como en el caso del fallo del 2x1, conforman un estado de excepción, en el que pese a la existencia de autoridades votadas en elecciones libres, la democracia resulta corroída con la voluntad de destruirla, conservando sólo algunos rasgos de su formalidad para ocultar un régimen plutocrático y represivo.

EXIGIMOS EL CESE A LA PERSECUCIÓN DE LOS EX FUNCIONARIOS DEL KIRCHNERISMO.

EXIGIMOS EL RESTABLECIMIENTO DE UN PODER JUDICIAL QUE RESPETE EL DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.

DENUNCIAMOS EL INTENTO DE PROSCRIBIR A LA LIDER DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA: CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.

RECLAMAMOS LA LIBERTAD DE MILAGRO SALA, CARLOS ZANNINI, HECTOR TIMERMAN, JULIO DE VIDO, AMADO BOUDOU, LUIS D’ELIA, FERNANDO ESTECHE Y DEMAS PRESOS POLITICOS.

DEMANDAMOS CAMBIOS EN LA POLÍTCA DE SEGURIDAD QUE SIGNIFIQUEN EL CESE DE LA REPRESIÓN A LAS LUCHAS Y MOVIMIENTOS SOCIALES Y POPULARES.

NOS PRONUNCIAMOS CONTRA LAS REFORMAS ANTIPOPULARES DEL RÉGIMEN PREVISIONAL, FISCAL Y LABORAL.

DENUNCIAMOS QUE SE PUSO EN MARCHA UN PLAN DE DESTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA EN ARGENTINA.

ESPACIO CARTA ABIERTA".

viernes, 8 de diciembre de 2017

Rafael Correa y el PT brasileño repudian la persecución en Argentina: "El verdadero delito haber dado justicia y dignidad"

EL EX PRESIDENTE ECUATORIANO RAFAEL CORREA Y LA BANCADA DE DIPUTADOS DEL PT BRASILEÑO REPUDIARON LAS DETENCIONES DE DIRIGENTES OPOSITORES Y ALERTARON LOS RIESGOS QUE REPRESENTAN A NIVEL INSTITUCIONAL, EN LÍNEA CON OTROS CASOS REGIONALES. "PROVOCA LA CORROSIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACIÓN DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA DEMOCRACIA Y DE LA SOBERANÍA NACIONAL”, RESALTÓ EL PT.

Líderes de la política internacional y partidos políticos extranjeros manifestaron su preocupación por las “graves amenazas al Estado de Derecho en Argentina”, a raíz de la decisión que ayer dictó el juez federal clarinista Claudio Bonadio contra la ex presidenta Cristina Fernández y otros dirigentes de la oposición en una causa sin juicio y sin condena. 

El ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, y el Partido de los Trabajadores de Brasil alertaron que este es otro capítulo más de la “judicialización de la política”, al enmarcar la situación local en relación a otros casos regionales, como la destitución de la presidenta brasilera depuesta Dilma Rousseff y las causas abiertas contra el líder del partido y ex presidente Lula Da Silva.

Desde el PT advirtieron que la estrategia llevada adelante por Bonadio “provoca la corrosión del Estado de Derecho y la violación de los principios fundamentales de la democracia y de la soberanía nacional”

“Lo que se ve en curso en Argentina es la misma estrategia usada por la derecha en otros países de América Latina”, advirtió la bancada del PT en un comunicado en el que expresaron su solidaridad con la actual senadora. Aseguraron que el objetivo final es “asesinar reputaciones para alejar de la disputa presidencial de 2019 los principales nombres de la oposición y las fuerzas de izquierda y progresistas en general" de la región.

“Es parte de ese contexto autoritario el activismo judicial de algunos magistrados que, a ejemplo de lo que ocurre en Brasil, utilizan sin justificación consistente el recurso de las prisiones preventivas y promueven espectáculos mediáticos para interdictar la acción política de la oposición”, resaltaron respecto del pedido de desafuero de la senadora electa por Unidad Ciudadana, en el marco de la causa por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA que investiga el pacto de entendimiento con Irán, aprobado por las dos cámaras del Congreso.

En el comunicado no dudaron en calificar la actuación del magistrado como una “persecución”, en línea con las críticas de la mayoría del arco opositor local. “Nos causa espanto el modo autoritario con que el presidente Mauricio Macri y su grupo político tratan a la oposición política, el Ministerio Público, la prensa y los movimientos sociales y sindicales”, agregaron en el escrito que lleva la firma de Carlos Zarattini, el líder del partido de la Cámara de Diputados.

En esa misma línea se expresó Correa, pero a través de la red social Twitter. El ex presidente ecuatoriano resaltó que es “el mismo libreto en todos lados: Dilma, Lula, Jorge Glas, Cristina”, al comparar los procesos judiciales que están afrontando estos ex funcionarios. Dilma fue quien sufrió el Golpe de Estado institucional en agosto de 2016, apenas unos meses después de haber asumido al Palacio del Planalto por la voluntad popular con débiles argumentos. Lula, por su parte, está siendo juzgado en cuatro causas aunque sin sentencia aún. Mientras tanto, Glas está atravesando un proceso judicial por considerarlo sospechoso de asociación ilícita en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht. La ex presidenta argentina está siendo juzgada por un acuerdo, convalidado por dos instancias en el Congreso, que nunca se llegó a rubricar por decisión de Irán, por lo cual los juristas advierten que no existe delito.

“Y los traidores no pierden la 'esperanza' de que pronto sea yo”, agregó Correa sobre la posibilidad de que él corra la misma suerte. "El verdadero ‘delito’: haber dado justicia y dignidad”, concluyó.

lunes, 4 de diciembre de 2017

Comodoro Py prepara la Navidad: Los jueces aprontan una catarata de procesamientos apuntados al anterior gobierno

FUNCIONANDO COMO UN COMITÉ OFICIALISTA, LOS JUECES COCINAN BUENAS NOTICIAS PARA EL MACRIFASCISMO CON PROCESAMIENTOS APUNTADOS A LA EX PRESIDENTA Y OTRAS FIGURAS. NISMAN, IRÁN, HOTESUR Y BOUDOU EN CARPETA.


Todo indica que el comité de la alianza de derecha Cambiemos con sede en los tribunales de Comodoro Py prepara una estruendosa fiesta de fin de año de procesamientos. Todos apuntados directa o indirectamente sólo al gobierno anterior y en especial a Cristina Fernández de Kirchner. 

En los próximos días o semanas vendrán los procesamientos por el Memorándum de Entendimiento con Irán, por la muerte del fiscal Alberto Nisman, por la causa Hotesur y por enriquecimiento ilícito contra Amado Boudou. Y seguirán las presiones para que la ex mandataria sea citada lo más posible a Tribunales. 

La tragedia del ARA San Juan postergó alguno de los fallos. Es público y notorio que los magistrados juegan las cartas del impacto político de sus fallos, pero eso se hizo difícil en tiempos en que el país vive la conmoción por la pérdida del submarino y sus tripulantes. No obstante, la espera tiene límites y, desde esta semana, preparan la andanada contra la anterior administración. 

Nisman I

Hay un fallo inminente -se menciona este lunes o martes- y es el del procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y un conglomerado de dirigentes políticos por el Memorándum. Entre los imputados están Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Carlos Zanini, Andrés Larroque, Luis D’Elía, Fernando Esteche, el referente chiita en la Argentina Jorge Khalil y un supuesto espía, Alan Bogado, ahora sospechosamente cercano al gobierno de Cambiemos. Los trascendidos indican que hay un texto de 400 páginas listo para la firma y que Claudio Bonadio lo está corrigiendo. Es indudable que habrá procesamientos pero hay que ver en qué condiciones y por qué delitos.

En Comodoro Py afirman que el juez clarinista dirá, en principio, que se trató de un encubrimiento porque supuestamente el texto del Memorándum favorecía a los iraníes. Sin embargo, dado que el escrito considera que los dos atentados fueron “actos de guerra”, la firma del tratado implicó, según esa teoría, una traición a la patria. Lo llamativo es que ni el fiscal Alberto Nisman ni el juez que investiga los atentados, Rodolfo Canicoba Corral, consideraron nunca las bombas en la AMIA y la Embajada de Israel como actos de guerra ni le pidieron al Congreso o al Ejecutivo que los evalúe de esa manera. Por supuesto nunca hubo ninguna declaración de guerra contra Irán, que es lo que formalmente hubiera sido necesario para que exista la traición a la patria. 

Los hechos muestran que no hubo ningún efecto real del acuerdo con Irán, ya que ni se levantaron las alertas rojas, ni hubo cambio de petróleo por granos, ni se armó ninguna pista alternativa a la que apuntó contra Irán. El ex secretario general de Interpol, el norteamericano Ronald Noble, fue categórico al afirmar que el gobierno argentino no hizo ninguna gestión para levantar las alertas rojas. A esto hay que agregar que el tratado fue votado por Diputados y Senadores. Por otra parte, la evidencia es que el Memorándum no fue favorable a Irán, algo que se demuestra con el hecho de que Irán no quiso convalidarlo. No lo hizo ni su parlamento, ni el gobierno de Teherán. Eso quedó patentizado en que nunca se hizo la entrega de las llamadas cartas reversales, es decir de aceptación.

Una de las novedades del fallo sería que no va a precisar en qué se iba a beneficiar el gobierno de Cristina con el acuerdo pero hablará de que se buscó “normalizar las relaciones”. La jugada apunta a no descalificar a Nisman en la cuestión de petróleo por granos –intercambio que nunca ocurrió– y para eso citará una vieja historia de las derechas norteamericanas e israelí, difundida inicialmente a través de la revista brasileña Veja. Según ese relato, funcionarios vinculados a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) proveyeron a Irán de material nuclear y a cambio hubo transferencias de fuertes sumas de dinero. Todo se habría hecho con la intermediación de Venezuela, para lo que se cuenta con supuestas declaraciones de custodios no identificados de Hugo Chávez y de ex ministros, tampoco identificados, todos ahora en Miami. En el paquete de esta historieta entrarían incluso los 700.000 dólares que se le encontraron, cuando intentó entrar al país, al venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini Wilson, amparado por Estados Unidos. El supuesto espía Bogado –ahora con la camiseta de Cambiemos– habría hecho su aporte.

Expertos consultados por este diario coincidieron en que es imposible mover ningún material nuclear, menos todavía a Irán, sin la detección de las grandes potencias, empezando por Estados Unidos, pero también Rusia, China y en esa zona, Israel o Arabia Saudita. Aún así, el fallo le daría entidad a la versión mencionándola en el texto.

Nisman II

Esta semana vencerían los plazos para que el juez Julián Ercolini resuelva en la causa en la que se investiga la muerte de Alberto Nisman. El magistrado indagó al informático Diego Lagomarsino, a quien imputó como cómplice de homicidio tras la pericia de Gendarmería que sostuvo que a Nisman lo mataron. El técnico reiteró en su declaración lo mismo que viene diciendo desde el primer día: que le prestó el arma al fiscal porque éste le mintió diciéndole que necesitaba la pistola para defender a sus hijas. Ercolini terminó de indagar el 22 de noviembre a los custodios de Nisman, quienes también ratificaron su versión inicial. En especial interesaba el custodio más antiguo del fiscal, Rubén Benítez, quien también repitió que Nisman le pidió un arma y que le formuló el mismo argumento que a Lagomarsino: que necesitaba el arma para defender a sus hijas. Tanto Benítez como Lagomarsino declararon que no sabían que las hijas seguían en Europa con la madre, la jueza Sandra Arroyo Salgado.

La novedad es que el abogado Pablo Lanusse presentó un escrito de doce páginas en el que dice que la muerte de Nisman no se puede investigar al margen de la denuncia que el fiscal presentó contra Kirchner por el Memorándum. Lanusse, sin aportar un solo dato concreto, esboza un complot en el que mete como acusados a una larga serie de personas, empezando por la ex presidenta, el ex canciller Timerman, los custodios, el general César Milani, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex jefe de la SIDE Fernando Pocino, la agrupación Quebracho, la fiscal Viviana Fein, y el juez Manuel De Campos, el juez Daniel Rafecas, entre otros. El escrito es claramente político basado en que como Nisman denunció al gobierno kirchnerista éste armó un gigantesco plan para matarlo. Lanusse no hace referencia a ninguna prueba que evidencie cómo se armó semejante complot, cómo fue el supuesto homicidio, quiénes entraron al edificio, cómo ingresaron al departamento y al baño, y cómo salieron después sin dejar rastros.

La situación actual es que Ercolini debería definir la situación procesal de Lagomarsino y los custodios, pero lo que le pide Lanusse es que vuelva a indagar a todos y a los demás que él acusa, también a Cristina, por un supuesto gigantesco plan criminal.

Mientras tanto, Lagomarsino sigue con la tobillera puesta. La particularidad es que el aparato emite alarmas cuando el técnico se acerca al aeroparque o al río, lo que por ejemplo le impedía atender dos clientes que tiene en zona portuaria. Ante una presentación de sus abogados, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, que debieron aportar los elementos de prueba sobre esos clientes, el juez Ercolini aceptó que pudiera seguir trabajando en ambos lugares.

Hotesur

Durante el mes de diciembre continuarán las indagatorias centradas en la acusación de que la familia Kirchner recibió alquileres por el hotel Alto Calafate a cambio de obra pública. Lo asombroso es que en la semana pasada, la Sala I de la Cámara Federal dictaminó que la causa melliza, Los Sauces, debe acumularse con Hotesur porque las dos tratan de los mismo. O sea que los camaristas que hace un año dijeron que eran expedientes independientes, ahora dijeron que son una sola causa, centrada en los alquileres de la familia Kirchner. Es una evidencia de que el expediente Los Sauces fue un expediente-colectora, un armado político. Las indagatorias de Hotesur terminarán recién el día 20. Ya declararon Cristina, Máximo y Florencia Kirchner, faltan principalmente el contador Víctor Manzanares y Romina Mercado, hija de Alicia Kirchner. Después vendrán los procesamientos dictados por Ercolini. Es posible que eso termine de ocurrir recién febrero.

Boudou

Este lunes, el juez Ariel Lijo renovará por otros diez días el secreto de sumario en lo que tiene que ver con la declaración del arrepentido Alejandro Vandenbroele. Por ahora, sólo hay versiones de lo que dijo.

Pero al mismo tiempo, Lijo debe resolver la situación de Boudou en la causa en la que está preso por enriquecimiento ilícito. Como sucede en casi todo lo que pasa por Comodoro Py, pese a las explicaciones habrá procesamiento. Lo que se le cuestionaba al ex vicepresidente era un préstamo a su pareja de entonces, Agustina Kämpfer, por 80.000 dólares. Boudou explicó que el préstamo no fue de él sino de su hermano y que el dinero provino de la venta de una propiedad. También se le cuestionó el blanqueo de su amigo Nuñez Carmona en 2008, con el argumento de que Nuñez Carmona no tenía capacidad económica suficiente, por lo que el dinero debía ser de Boudou. Nuñez Carmona enumeró su evolución patrimonial y declaró que el dinero era de él. Relató por ejemplo, que tenía una sociedad con Clarín en Mar del Plata –un correo privado– y que facturaban millones de dólares. Finalmente, también se objetaron 80.000 dólares incorporados por el ex vicepresidente en 2009. Boudou sostuvo que ese dinero fue el que ahorró durante años de actividad comercial, antes de ser funcionario.

Todo indica que Boudou será procesado, pero seguramente se le colocará una tobillera o se le concederá la prisión domiciliaria ya que tanto el fiscal Jorge Di Lello como la Cámara admitieron que debía buscarse una alternativa al encarcelamiento. Boudou está en el penal de Ezeiza sin que exista ni juicio, ni condena, ni peligro de fuga. El argumento –creación del hombre de Cambiemos en Comodoro Py, Martín Irurzun– fue que tiene “relaciones residuales” que le permitirían obstaculizar la investigación. No hubo enumeración alguna de cuáles son esas relaciones y ningún hecho concreto de perjuicio a la pesquisa.

Presión

Como viene ocurriendo desde hace siete meses, la Unidad de Información Financiera (UIF) y ahora la Cámara Federal vienen presionando al juez Sebastián Casanello para que cite a indagatoria a CFK en la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez. La hipótesis es que el dinero que supuestamente lavó el constructor sería de la ex presidenta o de su familia. 

Cada vez que la UIF formuló ese pedido, Casanello pidió que le presenten pruebas que sustenten la acusación. Se trata de la misma oficina que favoreció el cierre de causas en las que se investigaban las sociedades en las que figuraba el presidente en Panamá Papers o las transferencias recibidas por Gustavo Arribas relacionadas con Odebrecht.

Como se ve, en Comodoro Py tienen todo listo para el brindis de fin de año.

Fuente: nota de Raul Kollmann para Página/12

miércoles, 11 de octubre de 2017

Cristina responsabilizó a Macri por la persecución política en su contra: "El Poder Judicial actúa como una fuerza de tarea del Ejecutivo"

EN UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN EL INSTITUTO PATRIA, LA EX PRESIDENTA DENUNCIÓ QUE SU LLAMADO A INDAGATORIA POR EL SUPUESTO ENCUBRIMIENTO DEL ATENTADO A LA AMIA ES "UN ACTO DE CAMPAÑA". ADVIRTIÓ QUE "HAY UN CRONOGRAMA JUDICIAL PARALELO AL CRONOGRAMA ELECTORAL".


La candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana (UC), Cristina Fernández de Kirchner, acusó a Mugrizio Macri de “persecución política, degradación de la democracia y uso partidario y obsceno del Poder Judicial”, al que acusó de “actuar como una fuerza de tareas del Poder Ejecutivo”. Al respecto focalizó sus críticas en Claudio Bonadio, el juez federal clarinista que la citó a declarar por la causa del Memorándum con Irán, por ejecutar “un inaceptable cronograma judicial” en su contra “en paralelo con el cronograma electoral”

Durante una conferencia de prensa en el Instituto Patria, de la que participaron medios nacionales e internacionales, la ex mandataria sostuvo que uno de los ejemplos que dan muestra del perfil “autoritario” del ex hijastro de Flavia Palmiero es la elaboración de “listas negras” con los nombres de personas que habría que “mandar a la luna” y que fueron difundidas por los medios de comunicación más cercanos al régimen fascista.

“Sé que debo encabezar esa lista”, sostuvo la ex mandataria, quien vinculó las expresiones de Macri trascendidas por la prensa con el modus operandi que la última dictadura cívico-militar puso en marcha la oposición. “No me resta más que pensar que (lo dicho por Macri) se trata de un eufemismo” para no decir “‘los tendríamos que desaparecer para que la Argentina no tenga problemas’”, cuestionó la ex mandataria .

Además, recordó que esa metodología fue utilizada en los años más oscuros del país contra quienes se oponían al régimen. Por entonces, dijo, en esas lista “había gente que se tuvo que ir del país” porque “tenía fuertes probabilidades de no a parecer más o de que le pasara algo grave”.

Uno de los tramos más relevantes del contacto con la prensa estuvo dedicado a Bonadio, al que Cristina definió como “el juez más desprestigiado” de la Argentina, y para hacerlo presentó un video que recopiló información sobre el historial de denuncias contra el magistrado, las presuntas irregularidades cometidas y sus vínculos políticos con el gobierno del turco innombrable. 

En su opinión, con el llamado a declaración que Bonadio presentó en el marco de la causa que la acusa por "encubrimiento” y “traición a la patria” por el Memorándum con Irán se “han cruzado todo los límites democráticos” porque se trata de un hecho que no es judiciable, en el que él tuvo participación y del que fue apartado por encubrimiento”.

“Es inaceptable este cronograma judicial en paralelo con el cronograma electoral”, apuntó la ex mandataria y reclamó “tener los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano”

“Ya basta. Hay que levantar la voz”, sentenció y adelantó que después de las elecciones recurrirá a Naciones Unidas. "Vamos a hacer una presentación ante la ONU por esta causa", aseguró.

Las críticas fueron para Bonadio pero también para Macri. “Hacemos responsable al juez Bonadio de actuar como una correa de transmisión de la oposición y de mi persona” en el marco de la “persecución política”, dijo y agregó que “lo responsabilizamos de jugar sucio".

También le dedicó unos minutos a las recientes declaraciones del ex ministro de Economía de los gobiernos neoliberales menemista y de la Alianza Domingo Cavallo, quien durante una entrevista elogió a la gestión de la alianza de derecha Cambiemos porque “hay una gran coincidencia entre la línea de Macri y la que yo inicié en los ‘90”.

Según Cristina, esas expresiones tienen que ver con los “tantos desastres que provocaron en la Argentina” y que en la actualidad crearon “un marco económico y social complejo” con “una inflación que no se puede controlar” y un aumento “vertiginoso” de los precios. También, mencionó “la desocupación creciente, la pérdida del salario y un tarifazo en marcha a tambor batiente y con otro en ciernes” previstos para después de las elecciones.

Durante el primer tramo de su primera conferencia como candidata para las próximas elecciones del 22 de octubre, la candidata a senadora identificó una serie de “deterioros” que afectan la “calidad democrática” y que son impulsadas por la Casa Rosada, en el marco de una “concentración de poder inédita y peligrosa”.

Se refirió al “deterioro de las garantías electorales” y mencionó entre ellos a la manipulación de los resultados del escrutinio final de las PASO de agosto pasado y recordó que la fuerza política que encabeza hizo una denuncia judicial al respecto, de la cual hasta ahora “no hemos tenido ni una sola respuesta”.

Además, denunció un “deterioro de las libertades públicas” y de las “garantías judiciales”; y citó como ejemplo de ello el procesamiento y detención de la dirigente social Milagro Sala. Advirtió también sobre un avance contra “la intimidad y los datos personales” a partir del decreto del Poder Ejecutivo que remite a la Jefatura de Gabinete la “big data de los argentinos”, que recoge información de redes sociales y teléfonos celulares. Esto, alertó, “concentra en el Estado la intimidad de las personas y esto remite a un control de la vida”.

También denunció el “ataque sistemático a organizaciones” sociales y gremiales y enmarcó al caso por la desaparición de Santiago Maldonado como un “deterioro de la seguridad ciudadana". Al respecto, acusó al régimen macrifascista de haber lanzado “una feroz campaña para demonizar desaparecido, casi como pasaba durante la dictadura, en la cual se afirmaba que estábamos en una campaña antiargentina" para justificar las desapariciones.