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domingo, 31 de diciembre de 2017

Puigdemont le pidió a Rajoy que negocie con el "legítimo gobierno" de Cataluña

EL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO CATALÁN CARLES PUIGDEMONT EXIGIÓ AYER AL CONSERVADOR JEFE DEL EJECUTIVO ESPAÑOL, MARIANO RAJOY, QUE "COMIENCE A NEGOCIAR POLÍTICAMENTE CON EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE CATALUÑA".

Puigdemont publicó en sus cuentas de las redes sociales un discurso a los ciudadanos de Cataluña con motivo del Fin de Año, difundido desde Bélgica, delante de una bandera catalana y otra de la Unión Europea (UE). 

En su discurso, Puigdemont no dio pistas sobre las negociaciones para la conformación de un gobierno de coalición de perfil nacionalista tras las elecciones regionales del pasado día 21 ni sobre si prevé regresar a Cataluña. 

"Las urnas han hablado, la democracia ha hablado, todo el mundo se ha podido expresar. ¿A qué espera el presidente Rajoy a aceptar los resultados?", se preguntó el que fue candidato de la formación secesionista Junts per Catalunya (JxCat). 

Las elecciones regionales en Cataluña fueron ganadas por los liberales de Ciudadanos, un partido defensor de la Constitución y la unidad de España, pero las formaciones secesionistas -JxCat, ERC y CUP- suman 70 escaños, dos por encima de la mayoría absoluta en el Parlamento regional. 

Puigdemont valoró positivamente que en los comicios se registrara una participación récord de casi el 82 % y tildó de "vergüenza" para un país de la Unión Europea (UE) que el ex vicepresidente Oriol Junqueras y otros líderes secesionistas continúen en prisión "por sus ideas políticas"

Los independentistas dialogan acerca de cómo controlar las instituciones autonómicas pero todavía no hay un candidato claro a la presidencia, ya que Puigdemont no ha aclarado si volverá de Bruselas para una eventual investidura y Junqueras se encuentra en prisión preventiva. 

martes, 7 de noviembre de 2017

Mientras analiza si reedita la alianza del 2015, Puigdemont denunció desde Bruselas "una brutal ofensiva judicial"

UN DÍA DESPUÉS DE DECLARAR ANTE LA FISCALÍA BELGA Y QUEDAR EN LIBERTAD CON MEDIDAS CAUTELARES, EL EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE LA GENERALITAT PUBLICÓ UN ARTÍCULO EN EL DIARIO BRITÁNICO THE GUARDIAN EN EL QUE DENUNCIÓ LA “INDIGNACIÓN COLOSAL” QUE LE PRODUJO LA ORDEN DE CAPTURA DICTADA POR LA JUEZA CARMEN LAMELA CONTRA ÉL Y SUS OTROS CUATRO EX MINISTROS.

En el artículo publicado en el diario británico The Guardian, Puigdemont acusó al Gobierno español de "cometer una brutal ofensiva judicial" para llevar a cabo un "encarcelamiento masivo y la criminalización de candidatos". El líder independentista denunció "una clara falta de independencia y neutralidad" en la Justicia española y aseguró que seguirá "denunciando al mundo entero las graves deficiencias democráticas que son ahora evidentes en España".

En su artículo, Puigdemont denunció que la "Justicia española ha sido puesta al servicio de la agenda política del Gobierno" y pidió "justicia real" para él y sus ex compañeros de Gobierno, ocho de los cuales están en prisión provisional en España por presuntos delitos relacionados con el desafío independentista catalán.

Sus palabras llegan después de que el domingo él y cuatro de sus ex consejeros (ministros regionales) fuesen puestos en libertad provisional por la Justicia belga, que debe decidir si los entrega a España para que respondan en las investigaciones que llevaron al resto del Govern destituido a prisión preventiva.

La próxima cita ante los tribunales de Bélgica será el 17 de noviembre, según informó hoy la Fiscalía de ese país. La Cámara del Consejo estudiará ese día la orden de detención europea remitida desde España después de que los políticos catalanes no se presentasen ante la Audiencia Nacional en Madrid.

La Justicia española los investiga por diversos delitos vinculados al proceso independentista que culminó con el Parlamento catalán aprobando el 27 de octubre una resolución para crear una república soberana. La rebelión está castigada en España con hasta 30 años de cárcel.

"En libertad y sin fianza. Nuestro pensamiento es para los compañeros injustamente encarcelados por un Estado alejado de la práctica democrática", tuiteó Puigdemont ayer en su primera reacción pública. El ex presidente y los otros otros cuatro políticos investigados tendrán que permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención enviada por España, comunicar su domicilio y acudir al tribunal cada vez que se los requiera. La Justicia de Bélgica tiene 15 días para decidir en primera instancia si los entrega a España. En caso de que haya apelaciones, el procedimiento puede extenderse hasta 45 días, según la legislación belga, aunque la europea permite ampliar el plazo a 90 días en casos excepcionales.

En tanto, en Cataluña la mirada está puesta en las elecciones regionales que se celebrarán el 21 de diciembre. El martes se cumple el plazo para que los partidos que quieran acudir a las urnas en coalición las registren antes las autoridades electorales. Con ese límite, es de esperar que en las próximas horas se sepa si Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont se presentan por separado o si reeditan la coalición Junts Pel Sì con la que ganaron las elecciones de 2015, una posibilidad que ganó fuerza las últimas horas tras las detenciones de ex consejeros del Govern.

El PDeCAT apuesta por concurrir junto con ERC y por llevar como candidato a Puigdemont, quien pidió una lista única soberanista. Sin embargo, ERC es reticente y supeditó su inclusión en una lista única a que esta incluya a formaciones como la Candidatura de Unidad Popular (CUP) y parte de Podem, la marca catalana del partido izquierdista Podemos.

Podem fue precisamente uno de los protagonista de la jornada por la dimisión de su líder, Albano Dante Fachin. La postura ante el desafío independentista había generado tensiones entre la dirección central de Podemos -encabezada por Pablo Iglesias- y Fachin por la cercanía de este último a los secesionistas.

Finalmente, Fachin presentó hoy su dimisión, abandonó el partido y reconoció haber tenido contactos con ERC y la CUP sobre la posibilidad de formar un "frente electoral". Se abre así un escenario de división en el seno de Podem, que participó en las elecciones de 2015 dentro de la coalición Catalunya Sí que es Pot (CSQP), de la que formaba parte el grupo de la alcaldesa de Barcelona Ada Colau, Catalunya en Comú. Todavía está por ver si esa coalición volverá a presentarse como tal, pero las encuestas vaticinan que podría tener la llave para la formación de un Gobierno regional mayoritario tras los comicios.

lunes, 6 de noviembre de 2017

Puigdemont se entregó junto a sus ex ministros y un juez belga los dejó en libertad

EL EX PRESIDENTE CATALÁN CARLES PUIGDEMONT Y CUATRO DE SUS EX CONSEJEROS QUEDARON AYER EN LIBERTAD VIGILADA HASTA QUE LA JUSTICIA BELGA DECIDA SI DEBEN SER ENTREGADOS A ESPAÑA, DONDE SON INVESTIGADOS POR VARIOS PRESUNTOS DELITOS RELACIONADOS CON EL DESAFÍO INDPENDENTISTA DE LA REGIÓN.

Así lo adelantó anoche Gonzalo Boye, abogado de parte de los ex consejeros, en una entrevista con el canal español La Sexta citada por la agencia local Europa Press. 

Los cinco deben permanecer en Bélgica hasta que se resuelva la orden de detención enviada por España y acudir al tribunal cada vez que se los requiera. La noticia no fue comunicada aún de forma oficial por la fiscalía. 

Puigdemont y sus cuatro ex colaboradores se habían entregado ayer a la mañana a la policía federal en Bruselas después de que la Justicia española emitiera el viernes una orden europea de detención, tras lo cual fueron interrogados durante unas cinco horas por un juez de instrucción que decidió finalmente su libertad vigilada. 

A partir de ahora, la Justicia belga tiene 15 días para decidir en primera instancia si los entrega a España. En caso de que haya apelaciones, el procedimiento puede extenderse hasta 45 días, según la legislación belga, aunque la europea permite ampliar el plazo a 90 días en casos excepcionales. 

Puigdemont y todo su gabinete son investigados por diversos delitos, incluidos sedición, rebelión y malversación, vinculados al proceso independentista que culminó con el Parlamento catalán aprobando el 27 de octubre una resolución para crear una república soberana. La rebelión está castigada en España con hasta 30 años de cárcel. 

El exvicejefe del Ejecutivo regional Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros (ministros regionales) quedaron detenidos el jueves tras declarar en la Audiencia Nacional en Madrid. Un noveno ex consejero, Santi Vila, fue el único que quedó en libertad tras pagar una fianza. 

También Puigdemont y otros cuatro consejeros que se trasladaron con él a Bélgica hace una semana estaban citados a declarar en Madrid, pero eludieron la cita argumentando que afrontaban un "juicio político" dictado por el Gobierno español de Mariano Rajoy. 

Ante esa ausencia, la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional emitió la noche del viernes la euroorden de detención. Puigdemont adelantó el sábado que estaba dispuesto a colaborar con la Justicia.

Antes de que se presentara a la Justicia, el PDeCAT, partido de Carles Puigdemont, aprobó que el expresidente del Gobierno catalán sea el primer candidato en las elecciones autonómicas del 21 de diciembre al frente de una lista única formada por todas las fuerzas independentistas. 

"Queremos que el presidente Puigdemont siga siendo la persona que lidera una gran lista de país el próximo 21-D", dijo la coordinadora general del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Marta Pascal, durante el consejo nacional de la formación en Barcelona. 

Pascal pidió que el PDeCAT acuda a los comicios en una lista común con las otras fuerzas que impulsan la independencia, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y la antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP). 

"No seremos nosotros los que pongamos trabas a la lista única", señaló Pascal distanciándose así de ERC, que condicionó el sábado la posibilidad de una lista común a que la integren todas las fuerzas independentistas. 

Puigdemont se trasladó a Bélgica hace una semana después de que el Ejecutivo central de Mariano Rajoy destituyera al Govern, interviniera la autonomía de Cataluña y convocara las elecciones para frenar el plan independentista. 

El viernes, la Justicia española emitió una orden europea de captura contra Puigdemont y cuatro exconsejeros que lo acompañan por presuntos delitos vinculados al proceso soberanista.

viernes, 3 de noviembre de 2017

Ordenaron la detención de Puigdemont y en Bélgica ya dijeron que concederían su extradición

LA JUEZA DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE ESPAÑA,CARMEN LAMELA, TAMBIÉN DICTÓ LA ORDEN DE DETENCIÓN DE CUATRO COLABORADORES DEL DESTITUIDO PRESIDENTE DE LA GENERALITAT. LOS IMPULSORES DE LA INDEPENDENCIA CATALANA ESTÁN EN BRUSELAS Y AYER DEBÍAN DECLARAR POR “REBELIÓN, SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN”. ORIOL JUNQUERAS EL EX VICEPRESIDENTE CATALÁN YA ESTÁ EN UNA CÁRCEL DE MADRID.

Mientras el ex líder catalán Carles Puigdemont sigue en Bélgica firme en su decisión de no presentarse a declarar en Madrid, la Audiencia Nacional de España ya emitió una orden de detención internacional contra él y los cuatro ex consejeros que no respondieron a su citación por los delitos vinculados a su plan soberanista. Esta medida incluiría también la potencial extradición del presidente de la Generalitat, que la Fiscalía federal belga ya dijo que acatará. Su vicepresidente, Oriol Junqueras, y otros nueve ministros ya están recluidos en cinco cárceles diferentes de Madrid.

La juez Carmen Lamela decretó también ayer a la mañana la prisión preventiva para Junqueras, y los ex consejeros Jordi Turull, Raúl Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Joaquim Forn y Carles Mundó. Todos ellos ya están dispersos en distintos centros de detención de Estremera, Valdemoro, Aranjuez, Navalcarnero y Alcalá Meco. Lamela consideró que existía alto riesgo de reiteración delictiva, alta probabilidad de destrucción de pruebas y destacó que no se podía obviar el nivel adquisitivo de los investigados que pueden utilizar para salir del país.

"Hagamos lo que esté a nuestro alcance para que el bien derrote al mal en 21D", manifestó a través de su cuenta de Twitter Junqueras, minutos antes de ser detenido, en referencia a los comicios del próximo mes solicitados por Rajoy y acatados por Puigdemont esta semana desde Bélgica. 

Con la orden de la magistrada aplicada, se simplificará y acelerará la extradición de Puigdemont y de sus asesores gracias a que estos dos países son miembros de la Unión Europea (UE). Las autoridades judiciales de Bélgica ya adelantaron que cooperarán de forma directa y no será necesario el proceso diplomático que tiene lugar en los casos de extradición tradicionales. Para las 32 categorías de delitos graves reconocidas por la UE, entre los que se ubican estas denuncias, no se exige que el acto sea considerado delito en ambos países. El único requisito es que esté castigado con penas privativas de libertad de al menos tres años en el país de expedición.

El abogado del presidente de la Generalitat, Jaume Alonso-Cuevillas, advirtió que el fallo de Lamela inaugura "un día triste para la democracia” porque tildaron de “desproporcionado" el pedido de captura emitido por la magistrada e incluso fueron más allá al denunciar que la orden fue “premeditada” y estaba “redactada de antemano”

“El auto no ha hecho ninguna referencia a lo que se ha dicho hoy en las declaraciones y nuestras peticiones han sido totalmente ignoradas, lo que sugiere que estaba preparada antes”, detalló.

Puigdemont y sus asesores deberían haber declarado ayer en una causa por “rebelión, sedición y malversación” después de que el presidente español Mariano Rajoy efectivizara la intervención en Cataluña. Puigdemont, Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están desde el lunes en Bruselas y se negaron a comparecer ante la Audiencia Nacional de España.

Por esta razón y después de que se desestimara el pedido del abogado de Puigdemont para declarar vía teleconferencia, el fiscal Miguel Ángel Carballo pidió la detención por escrito de todos los funcionarios. “Es un hecho notorio y públicamente conocido su citación para comparecer en el día de hoy a declarar como investigados. Constan reiterados intentos de entregar la citación en su domicilio así como reiteradas llamadas telefónicas a las que se ha hecho caso omiso”, argumentó en el documento, en el que agrega que “por lo tanto se solicita del Juzgado que ordene su busca y captura y detención en ámbito nacional e internacional”.

El abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, explicó ayer que intentaría evitar la detención y prisión provisional para su cliente en el caso que se emita una orden de detención europea. Bekaert no ha aclarado aún si también representará al resto de los ex consejeros catalanes que abandonaron Cataluña y están con Puigdemont en la capital belga.

El ministro que podría eludir la cárcel, bajo fianza de 50.000 euros, sería Santi Vila (Empresa y Conocimiento), que dimitió antes de la proclamación de independencia del 27 de octubre y fue el único que respondió a las preguntas de la juez y la fiscalía en su declaración, a diferencia del resto, que sólo respondieron a las preguntas de sus abogados.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo de España ordenó hoy la vigilancia policial de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y otros diputados regionales hasta que declaren, el 9 de noviembre próximo, después de suspender las comparecencias, previstas para hoy y mañana, y su aplazamiento a petición de los abogados de Forcadell y de los miembros de la Mesa (órgano de dirección) del Parlamento catalán. Los abogados alegaron que necesitaban disponer de más tiempo para preparar las defensas, ya que las citaciones judiciales apenas les fueron notificadas el miércoles.

miércoles, 1 de noviembre de 2017

Puigdemont, desde Bruselas: "Que Europa haga algo"

EL EX PRESIDENTE DE CATALUÑA, QUE EL VIERNES SE TRASLADÓ A BÉLGICA TRAS SER DENUNCIADO POR REBELIÓN, SEÑALÓ EN CONFERENCIA DE PRENSA QUE ESPAÑA "SÓLO ENTIENDE LA RAZÓN DE LA FUERZA", QUE ACEPTARÁN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 21 DE DICIEMBRE Y QUE LOS INTEGRANTES DE SU DEPUESTO GOBIERNO NO SE "ESCAPARÁN DE LA JUSTICIA". ADEMÁS, AFIRMÓ QUE ESTÁ EN BRUSELAS "NO PARA SOLICITAR ASILO POLÍTICO SINO PORQUE TENEMOS MEJORES GARANTÍAS PARA NUESTROS DERECHOS".

El destituido presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, pidió ayer en una conferencia de prensa en Bruselas a la Unión Europea (UE) que "reaccione, que haga algo", porque la norteña región española tiene por "delante un Estado que solo entiende la razón de la fuerza". Además, aclaró que los integrantes de su depuesto gobierno "no se escaparán de la Justicia".

Puigdemont, quien el lunes viajó a Bélgica tras ser acusado por sedición, rebelión y malversación, denunció la "politización de la justicia" española y aseguró que hay "ausencia de imparcialidad". Por eso, resaltó que se encuentra en Bruselas en busca de "libertad y seguridad" para obtener "garantías jurídicas en el marco de la Unión Europea (UE) y no para solicitar asilo político" a las autoridades belgas.

Durante la conferencia de prensa, el ex presidente de Cataluña aseguró que a los catalanes "no le dan miedo los retos democráticos" y anunció que aceptará las elecciones autonómicas del 21 de diciembre y sus resultados, y pidió al gobierno español que haga lo mismo.

En otro orden, Carles Puigdemont no aclaró cuál será su futuro inmediato. "Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por lo tanto no nos hemos tenido que esconder de nada", dijo y agregó que no sabe cuánto tiempo pasará en Bélgica, ya que "depende de las circunstancias". Al respecto, añadió que volvería a Cataluña "inmediatamente" si se garantizara un "proceso judicial justo" en España. En tanto, explicó que se quedará en la capital belga "mientras lo consideremos necesario, aquí tenemos mejores garantías para nuestros derechos".

En tanto, destacó que el Gobierno catalán decidió dar prioridad a la "seguridad, la prudencia y la moderación". Puigdemont explicó que "ante algunos datos que indicaban que el Gobierno español planteaba una ofensiva altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña y funcionarios que se mantuvieran fieles al Gobierno legítimo, el viernes acordamos que el Gobierno priorizaría la prudencia, la seguridad y la moderación".

En tanto, mientra Puigdemont brindaba su conferencia de prensa en Bruselas, el Tribunal Constitucional español suspendía en forma cautelar la declaración de independencia de Cataluña aprobada el pasado viernes por el parlamento de esa región española. 

El órgano judicial español admitió el trámite de un recurso presentado por el gobierno español, que advierte de los "evidentes efectos jurídicos y vinculantes" de esa declaración de independencia, según informó una fuente judicial.

"El pleno del tribunal acaba de suspender cautelarmente la declaración de independencia", indicó la fuente. La mayoría independentista del parlamento catalán aprobó la declaración de secesión el viernes pasado, ante lo cual el gobierno español tomó medidas para intervenir la autonomía de la región, entre ellas el cese de su Ejecutivo, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones.

martes, 31 de octubre de 2017

Puigdemont viajó a Bruselas

LA JUSTICIA ESPAÑOLA HABÍA ACUSADO AYER AL PRESIDENTE CATALÁN POR REBELIÓN, SEDICIÓN Y MALVERSACIÓN.

El presidente catalán destituido por el gobierno español, Carles Puigdemont, viajó ayer a Bruselas junto a varios integrantes de su gabinete, el día en que Madrid llegó a Barcelona para tomar el control de los poderes Ejecutivo y Legislativo en Cataluña. Ayer también la Fiscalía General del Estado español querelló a Carles Puigdemont y al resto de los miembros del que era su gabinete por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

El viaje de Puigdemont a la capital de Bélgica, donde funciona la sede central de la Comunidad Europea, fue confirmado por la agencia AFP y el diario catalán La Vanguardia, horas después de que el mandatario depuesto publicara una llamativa foto en sus redes sociales, en la que daba a atender que se había presentado por la mañana en el edificio de la Generalitat. 

El domingo, el secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, del partido independentista flamenco NVA, sugirió en su cuenta de Twitter que Puigdemont podría solicitar asilo político en Bélgica, según reprodujo el diario belga francófono Le Soir. Una posibilidad de la que enseguida se distanció el primer ministro belga, Charles Michel, quien aseguró que el asilo para el ex presidente catalán "no está en absoluto en el orden del día de su gobierno".

"Está en Bruselas", declaró esta fuente, sin mayores precisiones. El diario catalán La Vanguardia informó que Puigdemont estaba acompañado por varios miembros del Ejecutivo catalán cesado el viernes, dentro de las medidas del gobierno español para tomar el control regional luego de que su Parlamento proclamara la independencia.

En tanto, los partidos que integraban el destituido Gobierno catalán, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el PDeCat, dieron a entender que participarán en las elecciones convocadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy para el 21 de diciembre, cuando se eligirán los nuevos miembros del Parlamento para abrir el camino al fin de la intervención de Madrid. 

"No tenemos miedo a las urnas. Mariano Rajoy, nos veremos", dijo Marta Pascal, coordinadora general del PDeCat. "Encontraremos la manera de participar en el 21D", afirmó por su parte el portavoz de ERC, Sergi Sabrià.

domingo, 29 de octubre de 2017

La resistencia catalana

EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT LLAMÓ A LA CIUDADANÍA A DEFENDER LA INDEPENDENCIA EN FORMA DEMOCRÁTICA, "SIN ABANDONAR UNA CONDUCTA CÍVICA Y PACÍFICA". LO HIZO EN UN DISCURSO DIFUNDIDO TRAS LA DESIGNACIÓN DE LA VICEPRESIDENTA ESPAÑOLA, SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA, COMO INTERVENTORA DEL GOBIERNO DE CATALUÑA. TAMBIÉN FUE DESPLAZADO EL JEFE DE LOS MOSSOS D' ESQUADRA. INCERTIDUMBRE POR CÓMO RAJOY HARÁ VALER SUS DECISIONES.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, no se dio por destuido y convocó a los catalanes a resistir la intervención que dispuso Mariano Rajoy para poner freno a la independencia de Cataluña. "La mejor manera de defender las conquistas logradas hasta hoy es la oposición democrática a la aplicación del artículo 155", afirmó Puigdemont en un mensaje grabado, en el que pidió tener "paciencia, perseverancia y perspectiva, sin abandonar una conducta cívica y pacífica".

El discurso de Puigdemont fue difundido luego de que Mariano Rajoy designara a la vicepresidenta española, Soraya Sáenz de Santamaría, como interventora de Cataluña. El presidente de España tomó esa decisión tras la destitución fulminante de Puigdemont y la disolución del Parlament, minutos después de que fuera declarada ayer la independencia catalana.

Puigdemont habló en un mensaje grabado de tres minutos, en el que dejó en claro que no reconoce su destitución. “Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y, al mismo tiempo, buscar la máxima estabilidad y tranquilidad”, dijo en el mediodía de España por TV3, el canal público de la comunidad, flanqueado por banderas de Cataluña y la Unión Europea. "Tenemos que continuar defendiendo esta etapa con compromiso cívico", afirmó, al tiempo que llamó a resistir “pacíficamente” la intervención de Madrid. “Tengamos paciencia, perserverancia y perspectiva sin abandonar una conducta cívica y pacífica", fue su llamado a los catalanes.

"La mejor manera para defender las conquistas es la oposición democrática al artículo 155", aseguró el impulsor de la independencia de Cataluña desde el Patio de las Magnolias de Antiguo Hospital de Santa Caterina, en Girona, ciudad de la que fue alcalde. "No tenemos la razón de la fuerza, ni la queremos. Seguiremos trabajando para construir un país libre y para mantener la fraternidad con los pueblos de España, con los que queremos vincularnos desde el respeto y el reconocimiento mutuos", agregó.

Puigdemont definió a las medidas de Rajoy como “decisiones contrarias a la voluntad expresada por las ciudadanos en las urnas”. En virtud de lo dispuesto por el gobierno central español, Sáez de Santamaría pasó a asumir todas las competencias de la presidencia de Cataluña.

Tras el cese de Puigdemont y todos los miembros de su gobierno, la vicepresidenta tendrá un papel clave en la aplicación de las medidas de intervención en Cataluña en un momento de máxima tensión en el que existe el riesgo de que los dirigentes independentistas se resistan a dejar sus cargos.

La destitución del Ejecutivo regional se hizo efectiva esta madrugada con la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), donde se detalla que el Jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, asume todas las competencias del presidente de la Generalitat, pero las delega en su "número dos", quien además ejercerá las funciones que correspondían al vicepresidente catalán Oriol Junqueras. 

En el BOE se detalla que los ministros del gobierno de Rajoy se harán cargo de las 11 consejerías autonómicas, cuyos responsables son destituidos. El objetivo de la acción del gobierno español es "ejercer las actuaciones necesarias para garantizar que la Administración y el conjunto de la Generalitat restaure y actúe conforme al Orden constitucional y legal vigente, asegurando la neutralidad institucional", dice el decreto.

También se destituyó al jefe de los Mossos d' Esquadra, el mayor Josep Lluis Trapero, quien está imputado por sedición en relación con el referéndum de secesión celebrado el 1º de octubre bajo prohibición. El titular de la policía catalana tuvo un rol estratégico en el despliegue de los planes del gobierno independentista.

Trapero fue destituido por orden del ministro del Interior español, Juan Ignacio Zoido, quien asumió las competencias de esta área en Cataluña. "Asumimos las competencias de Interior en Cataluña para velar por la legalidad. Sustituimos al mayor Trapero por su situación judicial", escribió ayer en su cuenta de Twiter el ministro Zoido.

Tras la decisión, la policía catalana publicó un tuit en el que asegura que "proteger y garantizar la seguridad de las personas es nuestra prioridad. Continuamos trabajando con normalidad".

Uno de los principales problemas que planteaba la intervención de Cataluña por parte del Ejecutivo español era precisamente el control directo de la policía autonómica catalana, un cuerpo de seguridad que quedó en el foco del conflicto de secesión tras su aparente inacción durante la votación del 1 de octubre, lo que llevó a una intervención violenta de la Policía Nacional y la Guardia Civil española contra los votantes.

Entre los Mossos d' Esquadra es sabido que hay agentes favorables a la secesión de Cataluña, y que manifestaron extraoficialmente que no cumplirían las órdenes de los nuevos mandos nombrados por el Ministerio del Interior español.

También expresaron reticencia a utilizar la fuerza para cumplir las órdenes de las nuevas autoridades para remover de sus puestos a las autoridades catalanas si estas se negaran a dejar sus cargos después de haber sido también destituidos.

Ante la posibilidad, el Ejecutivo español advirtió que las autoridades catalanas podrían incurrir en un delito de usurpación de funciones, con penas que van de uno a tres años de prisión. Por el momento, el gobierno catalán se mantiene en silencio, sin adelantar oficialmente ninguna posición.

Como parte de la intervención a Cataluña, se ordenó también el cierre de sus representaciones diplomáticas en el extranjero, la disolución el parlamento catalán y la convocatoria de elecciones para el 21 de diciembre. Al respecto, se estableció que la campaña electoral durará 15 días a partir del 5 de diciembre.

Los partidos independentistas no informaron aún si participarán o no de los comicios, y el gobierno español ya indicó que ninguna opción será vetada. No obstante, el líder de Podem (Podemos en Cataluña), Albano Dante Fachin, dijo ayer que "sería contradictorio participar en los comicios del 21 de diciembre, actuando como si nada hubiese pasado, después de haber rechazado la aplicación del 155 por ser represiva".

La intervención de Cataluña al amparo de este artículo de la constitución, fue aprobada ayer por el Senado con el apoyo del conservador Partido Popular (PP) de Rajoy, del opositor Partido Socialista (PSOE) y de los liberales de Ciudadanos, quienes conjuntamente dieron un paso inédito en casi 40 años de democracia.

La aprobación de la aplicación del artículo155 de la Constitución tuvo lugar minutos después de que la presidenta del parlamento catalán leyera el preámbulo de la resolución propuesta por la mayoría independentista que declaraba la constitución de la República catalana. Luego de esa lectura los diputados votaron instar al gobierno a iniciar un proceso constituyente para culminar con la proclamación del Estado independiente.

sábado, 28 de octubre de 2017

El Parlamento catalán proclamó su separación de España

MIENTRAS EN BARCELONA CELEBRAN LA DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA CATALANA, MADRID ULTIMABA LOS DETALLES DE CÓMO SERÍA LA SUSPENSIÓN DEL AUTOGOBIERNO REGIONAL Y EL LLAMADO A ELECCIONES PARA NUEVAS AUTORIDADES. LA UE RESPALDÓ A RAJOY: “ESPAÑA SIGUE SIENDO NUESTRO ÚNICO INTERLOCUTOR”.


Apenas minutos después de que el Parlamento catalán aprobara por papeleta y sin la presencia de la oposición la declaración de la independencia de esa región, el Senado español sancionó la puesta en marcha del artículo 155 que autoriza al gobierno conservador de Mariano Rajoy a intervenir Cataluña. En medio de la tensión que aún no llegó a su pico en la escalada, el Consejo Europeo envió un mensaje: “para la UE, nada cambia. España sigue siendo nuestro único interlocutor".

La intervención del gobierno autónomo de Cataluña fue aprobada por 241 votos a favor, 47 en contra y una abstención. El oficialista Partido Popular logró un apoyo clave por parte de su principal oponente, el PSOE; también de Ciudadanos, la Coalición Canaria, el Foro Asturias y la Unión del Pueblo Navarro.

De esta manera, Madrid tiene de su parte la legalidad de convocar a elecciones regionales, no sin antes cesantear en sus funciones al presidente catalán, Carles Puigdemont, recortar los poderes del Parlament e intervenir todos los organismos del Estado autónomo, inclusive los Mossos D’Esquadra.

A pesar de esto, las calles de Barcelona fueron una fiesta. Miles de catalanes se convocaron en los alrededores del Parlament desde temprano, no solo para vivir de cerca la expectativa de la declaración de la independencia sino para custodiar cualquier intento de las fuerzas de seguridad nacionales, de impedir la sesión.

La sesión parlamentaria fue retransmitida en directo en pantallas gigantes, en dos amplias vías repletas de personas en las afueras del parque de la Ciudadela, en el centro de la capital catalana. Los manifestantes lanzaron hurras, aplausos y gritos de "¡independencia!", justo en el momento en que la mayoría separatista del parlamento catalán aprobó la resolución sesesionista.

"Declaramos que Cataluña se convierte en un Estado independiente en forma de República", asegura la resolución aprobada con 70 votos a favor, dos en blanco y 10 en contra tras una votación secreta ante el recinto semivacío del que se ausentaron varios partidos de la oposición.

Tras la votación, los diputados comenzaron a cantar el himno catalán, Els Segadors, concluyendo con un sonoro "Visca Catalunya" (Viva Cataluña). Las calles se hicieron eco de esa ceremonia.

Minutos después, en Madrid, el Senado aprobaba la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Inmediatamente después, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, anunció para la tarde de ayer la reunión de un consejo de ministros extraordinario en el que se aprobaron las medidas destinadas a "recuperar la legalidad" en Cataluña.

Ante los periodistas, Rajoy pidió tranquilidad a "todos los españoles y catalanes", al afirmar que con la "habilitación" que recibió momentos antes de parte de los senadores, el gobierno tomaría ayer mismo por la tarde "las decisiones que corresponda".

La respuesta desde Barcelona no se hizo esperar. Puigdemont llamó a mantener la lucha por la independencia de manera pacífica y cívica. "Vienen horas en que a todos nos tocará mantener el pulso de este país, de mantenerlo sobre todo en el terreno de la paz, en el terreno del civismo y en el terreno de la dignidad", declaró.

viernes, 27 de octubre de 2017

Puigdemont cambió su decisión y finalmente no convoca a elecciones

EL MANDATARIO CATALÁN ANUNCIÓ QUE NO LLAMARÁ A NUEVOS COMICIOS Y LIBRÓ LA DECISIÓN FINAL A LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO CATALÁN. ARGUMENTÓ QUE NO HAY GARANTÍAS. EN LA SESIÓN PARLAMENTARIA DE AYER SE EVALUÓ LA RESPUESTA CATALANA A LA INTERVENCIÓN DE LA REGIÓN SOLICITADA POR MARIANO RAJOY.

"No hay ninguna garantía que justifique las elecciones", manifestó finalmente el presidente del Gobierno Catalán, Carles Puigdemont, en otra jornada de tensión e incertidumbre por el desafío independentista de Cataluña. Desde el Parlamento catalán y después de haber suspendido su declaración en la que se descartaba que llamara a elecciones autonómicas, Puigdemont destacó que el Gobierno español no brindó la seguridad suficiente para creer que los comicios se podrían celebrar con normalidad. Así, dejó la puerta abierta a un escenario de declaración independentista y a que el Parlamento decida el futuro de la región. 

En un nuevo giro del conflicto con el Gobierno de Mariano Rajoy, Puigdemont admitió que en algún momento "consideró la posibilidad" de “ejercer la potestad” que le corresponde como presidente de la Generalitat para disolver el Parlamento antes que el Gobierno aplicara el artículo 155, pero finalmente desistió. 

El presidente de la Generalitat cuestionó que las elecciones pudieran convocarse "con absoluta normalidad", después de la represión sufrida durante el referéndum del último 1º de agosto que abrió el proceso de secesión. “Como siempre, no he obtenido una respuesta responsable por parte de PP”, expresó y agregó que, a su juicio, el Gobierno español no hizo más que "elevar la tensión" en un momento en el que “es necesario distensión y diálogo”.

En su declaración Puidgemont tildó de "abusiva" e "ilegal" la intervención de Rajoy en los términos expuestos y denunció que el objetivo final del presidente español es en realidad es “erradicar el soberanismo” y “toda la tradición del catalanismo que nos ha llevado hasta aquí”.

Más temprano, Puigdemont canceló la comparecencia del mediodía, que inauguraría el pleno en el Parlamento catalán de la tarde, en el que se discutieron las medidas a tomar ante la amenaza del presidente Mariano Rajoy de intervenir la región mediante el artículo 155. 

Comenzada la mañana, los diarios españoles aseguraban que la convocatoria a comicios del presidente catalán era inminente, incluso el diario La Vanguardia adelantaba que ya estaría fijada la fecha para que los catalanes volvieran a las urnas el miércoles 20 de diciembre. Estos rumores condicionaron la decisión de Puigdemont, quien sufrió presiones del bloque independentista dentro del Parlamento, teniendo en cuenta que sus bancas serían refrendadas en las nuevas elecciones. 

Después de que el presidente del Gobierno catalán comunicara su decisión a los dirigentes del grupo parlamentario de Junts Pel Si (Juntos por el si) en una tensa reunión, los partidos se reunieron con sus respectivos bloques para evaluar si acompañarían lo resuelto por Puigdemont.

Los defensores de una convocatoria aumentaron su presión para que se llame a elecciones porque señalaron que con la disolución del Parlamento estarían enviando un mensaje suficiente a Rajoy para que frene la aplicación del artículo 155. En tanto que otros aliados, miembros de la Candidatura de Unión Popular (CUP), condenaron el cambio de rumbo del presidente y reafirmaron que no avalarían el nuevo escenario porque “reafirman el mandato popular del referéndum del 1º de octubre para declarar la República “sin más dilaciones y sin miedo”.

El rumor llevó incluso a que dos diputados del Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont renunciaran a su acta en protesta por los comicios. Afuera del Palacio de la Generalitat la presión también aumentaba porque cientos de estudiantes reunidos frente a la sede del Gobierno le gritaron "traidor" y “miedoso” y reclamaron que se declarara ayer mismo la independencia, en línea con el resultado del plebiscito en el que se impuso el SÍ por el 90,18 por ciento de los votos, con el 43 por ciento de la participación del total del censo.

El miércoles el presidente del Gobierno catalán negó su participación en el pleno del Senado español, en el que ayer por la tarde se debatió si se toma el pedido de aplicación del artículo 155 presentado la semana pasada por Rajoy. La decisión final del Senado se conocerá hoy y se espera que se apruebe el apartado para abrir las puertas a la suspensión de la autonomía catalana por “circunstancias excepcionales"

jueves, 26 de octubre de 2017

Puigdemont no irá al Senado español y analiza llamar a elecciones o declarar la independencia

FINALMENTE EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CATALÁN NO SENTARÁ SU POSICIÓN CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 155 EN LA CÁMARA ALTA DE MADRID. ESTA DECISIÓN PODRÍA ENCAUZAR EN LA INTERVENCIÓN DEFINITIVA DE MARIANO RAJOY EN LA REGIÓN ESTE VIERNES. ESE MISMO DÍA EL PARLAMENTO CATALÁN VOTARÁ SI SE CONVOCAN NUEVOS COMICIOS O SE DECLARA LA SECESIÓN.

Tras la activación definitiva de la intervención española sobre Cataluña, el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, no irá hoy al Senado de España para defender sus argumentos contra las medidas del presidente Mariano Rajoy que buscan impedir la independencia catalana. “El Gobierno ya tiene decidido aplicar el artículo 155 de la Constitución”, manifestó ayer a la mañana la presidenta del Parlamento catalán, Carmen Forcadell, al explicar la decisión de Puidgemont de no acudir a Madrid este jueves ni tampoco el viernes.

Los rumores apuntaban que Puigdemont acudiría a la Cámara alta para estar presente en la comisión que debatirá las medidas incluidas en el artículo 155, rechazadas por el Gobierno de la Generalitat que defiende su autonomía. Este artículo constitucional es el que podría aplicar Rajoy para intervenir finalmente la región en caso de que el Senado tome su pedido de aplicación. Sin embargo, Forcadell comunicó hoy a todos los partidos políticos catalanes que Puigdemont no viajará porque entiende que la decisión ya está tomada. 

El equipo de gabinete de Rajoy había dejado en claro en la semana que todavía había un margen para que se anule o se modifique la aplicación del “artículo maldito” si había algún cambio en la política de Puigdemont. Esa posibilidad pareciera estar descartada y es probable que el vienes el Senado apruebe finalmente el apartado que abre las puertas a la suspensión de la autonomía de una región en “circunstancias excepcionales”.

Rajoy había señalado días atrás que esta era la “única opción posible”, ante la advertencia del Gobierno Catalán de impulsar la independencia tras el referendum de autodeteminación celebrado el 1º de octubre en un marcado clima de violencia. "Me dicen que las instituciones catalanas han pedido diálogo y mi respuesta ha sido el 155, y es verdad", dijo Rajoy ante los reproches de los diputados independentistas que condenaron la represión de la guardia civil y la policía española de ese día. 

El Parlamento catalán, en tanto, celebrará mañana jueves un pleno para analizar la respuesta a la intervención de la autonomía por parte del Estado central y algunos rumores confirman que incluso podrían utilizar este pleno para declarar la independencia de la región unilateralmente o para convocar a elecciones regionales. 

Los diputados catalanes aseguraron hoy que las propuestas derivadas de esa discusión se votarán al día siguiente, el mismo día que en el Senado Español se votará la aplicación del 155. Para ese día, la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), cuyo líder, Jordi Sánchez, está en prisión preventiva por un delito de sedición, convocó una concentración "para defender la República" catalana, ante la posibilidad de que el pleno apruebe una declaración unilateral de independencia.

domingo, 22 de octubre de 2017

Rajoy anunció la destitución de Puigdemont y le respondieron que resistirán el "golpe de Estado"

EL CONSERVADOR PRESIDENTE DE ESPAÑA ACTIVÓ EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN Y DISOLVIÓ LA AUTONOMÍA. ESCALA EL CONFLICTO.

El conflicto por la deriva independentista catalana alcanzó otra cota ayer, cuando luego de un consejo de ministros extraordinario, el presidente Mariano Rajoy anunció que se resolvió activar el artículo 155 que suspende la autonomía catalana, destituye al gobernó de Carles Puigdemont y convoca a nuevas elecciones.

En una conferencia de prensa brindada en la Moncloa, Rajoy detalló el resto de las medidas propuestas que deberá aprobar el Senado en las próximas semanas.

Son muy duras, ya que, además de convocar a elecciones para formar nuevo gobierno en Cataluña en seis meses, anunció controles sobre el parlamento local que controlan los independentistas, así como la toma de control de las agencias de recaudación locales.

Puigdemont, en tanto, convocó al Parlament para decidir los pasos a seguir y calificó la decisión como "el peor ataque a las instituciones catalanas, desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco".

Nunca en democracia se había aplicado el 155 y el impacto fue brutal. En Barcelona esta sábado marcharon casi medio millón de personas y tanto el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, lo tildaron de "golpe de Estado" y anunciaron que resistirán la decisión, lo que abre un conflicto de alcance impredecible.

"No se suspende la autonomía ni el autogobierno de Catalunya, se cesa a las personas que han puesto esa comunidad al margen de la ley", intentó tranquilizar Rajoy. Pero en los hechos lo que se decidió es eso: Una intervención del gobierno autonómico y en toda la línea. De hecho, le quitó al parlamento local la posibilidad de convocar a elecciones, proponer al jefe de Gobierno y validarlo.

Hasta ahora, Rajoy logró el respaldo blindado de los principales líderes e instituciones de Europa, pero habrá que ver hasta que punto esa posición se mantiene si la crisis deriva en violencia.

Rajoy pidió a las empresas que detengan su fuga de Cataluña, pero se cuidó de detallar los desastres que le esperan si avanza en su independencia: "Europa no los aceptaría, no recibirían los beneficios del Banco Central Europeo y habría un problema grave de contracción crédito y un empobrecimiento de la economía catalana de entre el 25% y el 30%".

También respondió a los que desde distintos sectores le pedían diálogo. "Es una palabra hermosa que se ha convertido en mágica, pero nunca lo plantearon. El diálogo no es que los demás acepten lo que tú quieras", ratificó.


En un estado de evidente conmoción, Puigdemont convocó al Parlament para debatir los pasos a seguir y dio un mensaje televisado, en el que habló en catalán, español e inglés. Calificó la decisión de Rajoy como el "peor ataque" a las instituciones catalanas desde la disolución de la Generalitat por parte del dictador Francisco Franco.

No fue una comparación antojadiza. Desde que estalló la crisis el independentismo empezó a emparentar al gobierno de Madrid con la dictadura de Franco y ahondó esta caraterización luego que se dispusiera el encarcelamiento de los Jordis por el delito de sedición, lo que fue tipificado como un regreso de los "presos políticos" a España.

"Lo que los catalanes decidieron en las urnas, el Gobierno lo tumba en los despachos", ahondó Puigdemont en su mensaje. Sin embargo, como viene sucediendo desde su fallida amenaza de activar la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) que todavía no concretó, el lider catalán no enunció ninguna respuesta concreta a la decisión de Madrid.


El president realizó su discurso tras encabezar una nueva marcha en reclamo de la liberación de los Jordis, que tras conocerse la decisión de Rajoy se volvió masiva, rozando el medio millón de persoas, según los organizadores.

Rajoy acordó la decisión con dos de los tres partidos de la oposición: los socialistas conducidos por Pedro Sánchez -su principal aliado en esta crisis- y Albert Rivera de Ciudadanos. En tanto que Podemos de Pablo Iglesias, se opuso a la decisión, que fue respaldada por el rey Felipe.

martes, 17 de octubre de 2017

Crece la tensión en España: le dan plazo hasta el jueves a Cataluña para que conteste si declaró la independencia

EL PRESIDENTE CATALÁN, CARLES PUDIGEMONT, NO RESPONDIÓ EL PEDIDO DE ACLARACIÓN DE MADRID ACERCA DE SI DECLARÓ LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA. EL GOBIERNO DE RAJOY LE DIO UN PLAZO DE 72 HORAS ANTES DE PROCEDER A LA INTERVENCIÓN.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, insistió en presionar hasta último momento al gobierno español para alcanzar un diálogo independentista, pese a las amenazas de Madrid, al evitar aclarar si declaró la independencia como se le había solicitado, en cambio, en la misiva que mandó a la sede del Ejecutivo ofreció un nuevo plazo de negociación de dos meses para alcanzar una "solución acordada".

La respuesta desde Madrid fue otra negativa. "Tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla porque no la ha declarado", aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien recordó que el plazo final antes de que tomen medidas contra Cataluña vencerá el jueves. 

"No resulta creíble para nadie que el señor Puigdemont haga un llamado al diálogo al gobierno cuando se lo ha negado a los grupos de la oposición en el parlamento catalán, y ha hecho una política de hechos consumados", descartó Sáenz de Santamaría los términos de diálogo propuestos por Puigdemont y lo retó: "tiene una última gran oportunidad de dialogar. Nada le niega el diálogo, pero este tiene que hacerse dentro de la ley, con la máxima claridad, y en donde reside la soberanía, en el Congreso de los Diputados".

El gobierno de Mariano Rajoy exigió al presidente catalán que, de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, "ordene la revocación de dicha declaración de la independencia", pero Puigdemont en su misiva a la Moncloa mantuvo su ambigüedad, adjuntando su intervención del 10 de octubre en el parlamento regional, cuando dijo que asumía el mandato del pueblo catalán para declarar la independencia, pero al mismo tiempo pidió abrir una negociación con el Ejecutivo. 

El titular de la Generalitat consideró su actitud como una "firme voluntad" de su gobierno "de encontrar la solución y no el enfrentamiento" y remarcó que el 80 por ciento de los catalanes están a favor de que se celebre un referéndum de autodeterminación . "Aceptar la realidad es el camino para resolver los problemas", lo convocó a Rajoy y solicitó un nuevo plazo de diálogo de dos meses. 

La primera reacción por parte del gobierno español fue del ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aseguró que no considera "válida" la respuesta de Puigdemont, por falta de claridad. Luego, la vicepresidenta insistió en el pedido al presidente catalán: "tiene la oportunidad de decir que no debe revocarla porque no la ha declarado".

"Está en sus manos evitar que se den los siguientes pasos", indicó Sáenz de Santamaría, quien no quiso adelantar ninguna de las medidas excepcionales que adoptaría el gobierno central al amparo del artículo 155 de la Constitución española, pero aclaró que, contrariamente a lo que dijo Puigdemont, no se "suspenderá la autonomía".

lunes, 16 de octubre de 2017

El gobierno del conservador Rajoy se prepara a destituir a Puigdemont y suspender la autonomía de Cataluña

ESTE LUNES EL PRESIDENTE DE LA GENERALITAT DEBERÁ ACLARAR SI DECLARÓ O NO LA INDEPENDENCIA. LOS CAMINOS DEL GOBIERNO ESPAÑOL.

A pocas horas para que se cumpla el plazo otorgado por el gobierno español al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que confirme si ha declarado o no la independencia, desde el gobierno de Mariano Rajoy advierten que aplicarán el artículo 155 y sustituirá el Govern (el gobierno catalán).

Fuentes del gobierno español citados por medios europeos aseguran que Puigdemont está "obligado" a ofrecer una respuesta "clara y sencilla" y agregan que "cualquier otra suerte de contestación", ya sea una carta o un discurso ambiguo activará el artículo 155 de la Constitución para restablecer el orden constitucional.

El catalán tiene como plazo hasta mañana a las 10 para responder al requerimiento del Ejecutivo y explicar si declaró o no la independencia el pasado martes ante el Parlament. En tanto, el jueves es el día límite para que restaure la legalidad en Cataluña.

Algunas versiones periodísticas aseguran que Puigdemont responderá a Rajoy con un paquete de exigencias y sin aclarar de manera definitiva si declaró o no la independencia la semana pasada.

Según El Confidencial, el catalán exigirá una mediación y solicitará reunirse con Rajoy para avanzar en una interlocución de igual a igual. Pero además, Puigdemont hará dos tipos de peticiones: exigir la retirada de las fuerzas policiales desplegadas el 1 de octubre para el referéndum. Y también pedirá que se paralicen las actuaciones judiciales sobre el líder de los Mossos, Josep Trapero.

Puigdemont participó ayer en el cementerio de Montjuïc de Barcelona de un nuevo aniversario del fusilamiento de Lluís Companys, el ex presidente de la Generalitat. Allí, evitó detalles sobre su respuesta a Rajoy aunque aseguró que "hay que responder con valores democráticos a las imposiciones y las agresiones".

Rememorar la gesta de Companys fue todo un mensaje de Puigdemont hacia el pueblo español. Es que el líder catalán proclamó en octubre de 1934 la independencia de Cataluña y por eso fue torturado y asesinado por el dictador Francisco Franco.

El artículo 155 de la Constitución faculta a Rajoy a tomar el control de las instituciones de autogobierno de Cataluña. Esa norma -copiada textualmente de la Constitución alemana-, permaneció sin utilizarse 40 años. Los medios españoles recurdan que sólo Felipe González la aplicó sobre el gobierno de las Islas Canarias por desobedecer normas fiscales europeas. Sin embargo, las autoridades obedecieron al instante.

Según fuentes del Tribunal Constitucional que cita el diario El Mundo, "el artículo 155 es la bomba atómica, está ahí como amenaza, pero a nadie se le ha pasado nunca por la cabeza que hubiera que aplicarlo".

Por estas horas, en el gobierno español no esperan una respuesta concreta por parte de Puigdemond. Por eso, dejaron trascender a la prensa una hoja de ruta con dos opciones: un Gobierno de concentración con políticos de todos los partidos. O uno gobierno de gestión con técnicos del Estado. Cualquiera de los dos caminos terminan en una convocaría a elecciones en Cataluña en un plazo de 3 a 6 meses.

En tanto, la Generalitat sorprendió ayer al asegurar en un documento interno que una declaración de independencia no implicaría una Cataluña independiente. El texto es una misiva que la Conselleria de Economía envió a las delegaciones del Govern en el exterior para tranquilizar ante la fuga de empresas y en la que asegura que "una declaración de independencia no implica inmediatamente la creación de una Cataluña independiente ni su continuidad o exclusión de la Unión Europea".

Este es uno de los argumentos que el Govern esgrime para asegurar que "en el periodo de transición" los depósitos de todos los bancos con domicilio fiscal en Cataluña estarán cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos Español, que cuenta con una garantía europea que los garantiza en su totalidad hasta 100.000 euros por depositante y entidad financiera.

domingo, 1 de octubre de 2017

Los catalanes esperan un “tsunami democrático” en el referéndum de hoy

ASÍ LO ASEGURÓ EL PRESIDENTE CATALÁN Y PRINCIPAL IMPULSOR DEL REFERÉNDUM SEPARATISTA, CARLES PUIGDEMONT, QUIEN, ADEMÁS, RECHAZÓ LAS CRÍTICAS QUE SEÑALAN QUE LA CONSULTA NO ES LEGÍTIMA.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, confió en que hoy habrá en Cataluña "un tsunami demócrático" de "millones de personas" que acudirán a las urnas para votar en el referéndum de independencia convocado por su gobierno, considerado ilegal por la Justicia española.

Pese al reciente operativo policial ordenado por Mariano Rajoy en el que se requisaron más de 10 millones de boletas, Puigdemont se mostró optimista sobre la realización de la consulta. 

"Habíamos previsto que encontrarían boletas. Habrá suficientes boletas y urnas electorales en todos los centros electorales. Incluso tenemos más urnas de las que realmente necesitamos", señaló en una entrevista publicada ayer por el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Habrá millones de personas con sus boletas en la mano", vaticinó el mandatario, quien será el encargado de organizar la transición de una futura republicana catalana de imponerse el "Sí" en el escrutinio oficial. "La ley electoral prevé un plazo de 48 horas después del cual se debe declarar la independencia, después comienza la fase de negociaciones”, agregó.

Además rechazó las críticas que señalan que la consulta no es legítima. "Naturalmente será vinculante. Cataluña se pronunciará muy claramente el 1 de octubre", sentenció. "Hoy hay más personas que quieren votar de las que había hace un mes. Esto no es solo consecuencia de la campaña, sino también de la represión por parte del Estado (español)", aseveró.

"No podemos continuar como hasta ahora. Cataluña es un aliado de España. No un enemigo. Queremos seguir contribuyendo al desarrollo y al pago de la deuda de España al extranjero", afirmó respecto a las advertencias del Banco Central de España sobre las consecuencias económicas que tendría la independencia.

viernes, 8 de septiembre de 2017

Crece la tensión entre Madrid y Barcelona: la Corte ordenó suspender el referéndum y Cataluña lo ratificó

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ESPAÑOL ACEPTÓ LOS RECURSOS DEL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY Y ORDENÓ SUSPENDER DE FORMA CAUTELAR EL REFERÉNDUM FIJADO PARA EL 1° DE OCTUBRE POR LA GENERALITAT PARA DECIDIR SOBRE LA INDEPENDENCIA REGIONAL. "ANTE UN TSUNAMI DE QUERELLAS HABRÁ UN TSUNAMI DE DEMOCRACIA", ADVIRTIÓ EL PRESIDENTE DEL EJECUTIVO CATALÁN, CARLES PUIGDEMONT, AL RATIFICAR LA CONVOCATORIA.

El Tribunal Constitucional (TC) de España suspendió la ley del Parlamento de Cataluña que regula el referéndum sobre la independencia de la región autónoma y también el decreto que lo convoca para el 1° de octubre próximo, firmado por el Gobierno catalán.

El alto tribunal admitió los cuatro recursos del Gobierno de Mariano Rajoy contra la convocatoria de la consulta y contra otras resoluciones adoptadas el miércoles por el Parlamento catalán encaminadas a la celebración de la votación. La Corte dispuso apercibir a los 947 alcaldes catalanes y al menos 62 altos cargos de la Generalitat (el gobierno regional catalán) de su deber de no participar en la organización del referéndum.

"Esa consulta no se va a celebrar en ningún caso", había dicho más temprano Rajoy en una intervención ante los medios, en la que informó acerca de las apelaciones. "La convocatoria supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas", añadió.

Como respuesta, el presidente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont, aseguró en una entrevista al canal catalán TV3 que no teme las resoluciones del Constitucional y que mantiene los preparativos de la consulta. “Ante un tsunami de querellas habrá un tsunami de democracia", expresó. Tras el fallo del TC, ratificó el referéndum. "No suspenderán la democracia en Catalunya, ningún Consejo de Ministros, ningún tribunal", sentenció.

El Ejecutivo de Puigdemont firmó anteanoche el decreto de convocatoria del referéndum tras una tensa sesión en el Parlamento de la región en la que se aprobó, gracias a la mayoría de los partidos independentistas, una ley concebida para dar cobertura legal a la consulta. 

A pesar del fallo del Tribunal Constitucional, el legislativo regional continuó ayer a la tarde con el debate de la "ley de transitoriedad" o “de ruptura”, que será la norma suprema en los primeros compases de la nueva república si gana la opción independentista en el referéndum.

Rajoy aseguró que hará todo lo necesario "sin renunciar a nada" para evitar el referéndum. Algunas voces piden al mandatario que aplique el artículo 155 de la Constitución, que en una situación extrema permite adoptar "las medidas necesarias" para hacer que una Comunidad Autónoma cumpla con sus obligaciones e incluso intervenir parte de sus competencias. El Gobierno español también podría acudir a la Ley de Seguridad Nacional, que aplicada al caso catalán permitiría al Estado nombrar funcionarios que asuman el control de la Policía regional y de los organismos públicos e incluso sustituir a los funcionarios políticos.