DOS FISCALES FEDERALES PIDIERON QUE SE CITE A DECLARACIÓN INDAGATORIA A LA EX PRESIDENTE CRISTINA DE KIRCHNER Y A OTROS 33 ACUSADOS POR MONTAR UNA "OPERATORIA CRIMINAL" ORIENTADA A SUSTRAER FONDOS PÚBLICOS MEDIANTE LA "ASIGNACIÓN DISCRECIONAL" DE OBRA PÚBLICA EN SANTA CRUZ A FAVOR DEL DETENIDO EMPRESARIO LÁZARO BÁEZ.

Quienes formularon el pedido fuero los fiscales oficialistas Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, por la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, en donde Austral y otras empresas de ese grupo empresarial fueron adjudicadas en su gran mayoría.
Pollicita fue el mismo fiscal que le dio impulso a la denuncia de Nisman por encubrimiento del atentado a la AMIA y este año volvió a pedir su reapertura, rechazada por el juez Daniel Rafecas.
Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal entendieron que existió una planificación cuyo objetivo final era que Báez se quedara con esas contrataciones estatales, y para ello primero lo introdujeron en el mundo de la construcción de grandes obras sin que tuviera antecedentes para ello; luego instruyeron a funcionarios nacionales sobre la forma de disponer de las obras y, finalmente, habrían direccionado las adjudicaciones para el empresario patagónico.
El pedido se hizo ante el juzgado de Julián Ercolini, e incluye al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al ex secretario de Obras Públicas, José López.
Según la acusación, entre 2003 y 2015 se le otorgó a Báez el 80% de obras viales en la provincia de Santa Cruz por un total de 18 mil millones de pesos.
En paralelo, el fiscal ante la Cámara de Apelaciones (la instancia superior), Germán Moldes, reclamó que se reabra la denuncia formulada por el fallecido ex titular de la UFI AMIA y se acuse a la ex presidenta por el delito de "traición a la Patria", que cuenta con un castigo de 10 a 25 años de prisión.
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