El candidato a intendente de Quilmes por el PRO, Martiniano Molina, mantiene una deuda de más de 100.000 pesos con ese municipio por la falta de pago de servicios urbanos municipales entre 2009 y 2014, al tiempo que fue notificado por el inicio de acciones judiciales ante la falta de pago de los impuestos del año en curso correspondientes a su casa en el barrio cerrado "Club Alemán" de ese distrito.
Molina, candidato por el partido de Mugrizio Macri, desplegó de cara a las recientes elecciones primarias una campaña proselitista en la que los temas centrales fueron la seguridad y "el cambio cultural". Sin embargo esta semana se conoció que el cocinero macrista tiene una importante deuda con el municipio que aspira a conducir, por la falta de pago de impuestos locales.
En rigor, Molina fue notificado en diciembre de 2014 por el gobierno municipal de Quilmes "por mantener una deuda de la tasa en la cuenta de referencia" dada la falta de pago de servicios urbanos municipales correspondientes a su casa en el barrio privado "Club Alemán", a la lo largo de la última década.
La intimación señala que a la fecha mencionada "no se ha verificado el pago de la misma, pese a haberse cursado en reiteradas oportunidades intimaciones". Pocos días antes de las elecciones primarias de comienzos de agosto, el candidato quilmeño del Pro se presentó para resolver su deuda.
Conocedor de los tiempos administrativos, de hecho su padre José Molina fue secretario de Hacienda durante la intendencia de Eduardo Camaño, consiguió que la deuda generada entre 2004 y 2009 fuera declarada prescripta, aunque accedió a un plan de facilidades de pago para saldar deudas por el período 2009-2014 por 105.000 pesos de deuda, para lo cual debió pagar una primera cuota.
A pesar de ello, desde el municipio dudan del cumplimiento del plan ya que, además de los antecedentes que muestran una década de morosidad, Molina aún no ha pagado ni una de las cuotas del impuesto municipal correspondientes a 2015.
Por esta última deuda, que suma casi 10.000 pesos más, fue nuevamente notificado el 12 de agosto pasado y se le concedieron 10 días hábiles para "que proceda a la regularización de la situación bajo apercibimiento de iniciar el juicio de apremio y pedir el embargo preventivo, con costos y costas a su cargo".
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