EL MINISTRO DE HACIENDA, NICOLÁS DUJOVNE, Y SU PAR DE FINANZAS, LUIS CAPUTO, CONCURRIERON AYER A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS PARA EXPLICAR LOS LINEAMIENTOS ECONÓMICOS PROYECTADOS PARA 2018. DUJOVNE SE NEGÓ A CONTESTAR ACERCA DE LOS FUTUROS AUMENTOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Caputo completó la información sobre este aspecto al revelar que la deuda pública de la Argentina asciende a 302.700 millones de dólares y anticipó que en el futuro el régimen macrifascista intentará cambiar el perfil del endeudamiento para tener “más deuda en moneda local y financiada por argentinos”. El funcionario detalló que el 75 por ciento de esa deuda, que está en manos de privados y organismos multilaterales de crédito, fue emitida en dólares, mientras que apenas el 25 por ciento está en pesos. El frenético ritmo de endeudamiento del régimen de la alianza de derecha Cambiemos elevó la relación entre deuda y PBI del 40 al 58,6 por ciento.
Por su parte, Dujovne eludió contestar sobre los ajustes en las tarifas de servicios públicos y pidió que esas preguntas fueran derivadas a sus pares de Energía, Juan José Aranguren, y de Transporte, Guillermo Dietrich, quienes también visitarán el Congreso.
El ex ministro de Economía y actual diputado, Axel Kicillof (FPV-PJ), había advertido que el régimen "va a terminar de hacer el ajuste de Aranguren" con "la dolarización de las tarifas de gas y electricidad", planteó dudas metodológicas en la elaboración del Presupuesto y preguntó a Dujovne sobre la "lluvia de inversiones" que espera el régimen.
En uno de los cruces de la tarde, Dujovne omitió responder el extenso cuestionario de Kicillof y con ironía apuntó que "venimos de una inversión estancada por muchísimos años y a resolver los problemas que usted nos dejó".

Ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados el ex coconductor de TN señaló también que el proyecto de presupuesto para el año que viene prevé que “se destinarán 70.000 millones de pesos” para el pago de la reparación histórica de los jubilados, a la vez que señaló que el revalúo fiscal que impulsa el macrifascismo “no es con fines recaudatorios”, pese a que quienes opten por su utilización tendrán que pagar un impuesto, en caso de que el proyecto sea transformado en ley.
Acerca del beneficio para el Estado de esa iniciativa, el titular del Palacio de Hacienda señaló que además de “la obligación de las empresas de pagar un impuesto también se las obliga a desistir de los litigios” planteados por la falta de aplicación del ajuste por inflación durante los últimos años.
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