El fiscal federal Jorge Di Lello, que interviene en la causa penal por la interrupción del servicio de la línea 60, destacó que existe "un intento del Gobierno de solucionar las cosas amigablemente" en el marco de un conflicto "muy polarizado por temas gremiales".
"Da la impresión de que hay un conflicto muy polarizado, un intento del Gobierno de saldar las cosas amigablemente y cuestiones que tienen que ver con la situación de los gremios que polarizan el tema", resumió el fiscal en declaraciones radiales.
El miércoles los choferes no pudieron sacar los colectivos a prestar servicio pese a que una orden judicial lo ordenó, al surgir discrepancias en torno a la intención de los conductores de no cobrar boletos, por lo que decidieron protestar ayer nuevamente en la autopista Panamericana.
El fiscal Di Lello explicó que "hay tres aspectos: una huelga muy fuerte de parte de una comisión interna que tampoco responde a sectores que conducen el gremio del transporte, un conflicto laboral, y eventualmente por las medidas que se toman, consecuencias penales que podrían ser la interrupción del servicio con la eventualidad de que los vehículos no estaban en condiciones de circular con lo que se ponía en peligro al tránsito de la ciudad".
"Yo dictaminé en primer momento, sin hablar de otras cuestiones como el aspecto penal, la verificación, si lo que manifestaba la empresa de esa presentación en el fuero penal era verdad", explicó el representante del Ministerio Público.
En este sentido, dijo que "el peritaje se está realizando" y apuntó a que "nadie parecería contribuir a que el desenlace sea rápido y armónico".
Sobre la decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría ordenada el miércoles, acerca de que los choferes deberían retomar sus puestos de trabajo, Di Lello consideró que "deberán estar acreditadas las condiciones técnicas, con un resultado razonable". y agregó, no obstante, que no quiere preopinar "porque puedo ser recusado".
Por otra parte, se preguntó si "no salir a trabajar, o no cobrar, no es ilegal desde el punto de vista laboral", pero recordó que su competencia es "exclusivamente penal".
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