La vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, se encamina a resignar su papel como presidenta del cuerpo. Cristian Ritondo gana espacios con el manejo de partidas y nombramientos de punteros y abogados de barras bravas.
Mientras los principales funcionarios del gobierno de Mugrizio Macri reconocen que la creciente cantidad de leyes anuladas, por decisión del propio jefe de gobierno, genera un inesperado costo político a la gestión del PRO, dentro de la Legislatura que sancionó esas normas, la vida pasa por otro lado, especialmente por la caja de fondos públicos que maneja el poder legislativo y por la interminable lista de cargos que se financian con ese dinero.Entre fines de 2011 y el comienzo del verano 2012, ya se definieron todas las codiciadas designaciones que influirán en los complejos equilibrios de poder que necesitará el macrismo para poder gobernar durante los próximos cuatro años.
La principal confirmación de ese nuevo equilibrio es que la vicejefa y ex “ministra preferida” del alcalde, María Eugenia Vidal, no ejercerá la presidencia de la Legislatura, ni controlará todos los resortes de poder que encierra el viejo Concejo Deliberante con 60 diputados, más de 60 empleados por legislador, 400 millones de pesos de presupuesto para este año, 25 direcciones generales, decenas de comisiones y una creciente cantidad de secretarías y subsecretarías.
Aunque hasta hace un año nunca se lo imaginó, Vidal teme que su nuevo derrotero político la obligue a parecerse, cada vez más, a su antecesora en el mismo cargo, Gabriela Michetti, la primera compañera de fórmula de Macri, que sólo cumplió el mandato constitucional de presidir y administrar la Legislatura por poco más de un año antes de renunciar y encabezar la lista de diputados nacionales del PRO.
Fueron, son y serán impresentables.
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