EL PRESIDENTE ESPAÑOL NO ACCEDIÓ AL DIÁLOGO PROPUESTO POR CARLÉS PUIGDEMONT. EL GOBIERNO CATALÁN ADVIRTIÓ QUE SI SE AVANZA CONTRA LA AUTONOMÍA HARÁ EFECTIVA LA DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA.

De aprobarse en el Parlamento, la medida lanzada por el gobierno español implicaría tomar el control de la Policía autonómica catalana y las conserjerías del gobierno regional, con el objetivo de convocar a elecciones anticipadas. Una situación inédita en los últimos 40 años de España y de consecuencias imprevisibles. El propio Rajoy reconoció el miércoles pasado que tomaría "decisiones que sin duda alguna sería mejor no tomar".
En tanto, en Cataluña comenzaron a circular las convocatorias para movilizarse en rechazo de la reacción del gobierno central y llamaron a una "desobediencia masiva no violenta" en las calles.
La Moncloa le había dado a Puigdemont un ultimátum para que aclare si durante su presentación en el Parlament catalán de la semana pasada había declarado o no la independencia. Ayer a la mañana, minutos antes de que venciera ese plazo, el jefe del Ejecutivo catalán respondió con una carta en la que dejó clara su intención secesionista y volvió a llamar al diálogo.
Puigdemont cuestionó la decisión de Rajoy de no atender el llamado a negociaciones y respaldó su decisión en el referéndum del 1º de octubre, día en que las fuerzas de seguridad federales pusieron en marcha un brutal operativo que irrumpió en los centros de votación, confiscó urnas, y reprimió y detuvo a cientos de ciudadanos catalanes que habían ido a votar.

Minutos después y a través de una carta que fue leída por el vocero de la Presidencia del gobierno, Rajoy afirmó que “ante la falta de respuesta” de la Generalitat sobre si había declarado la independencia o no, se ponía en vigencia el artículo 155 “con el objetivo de restaurar la legalidad en Cataluña”.
El paso siguiente se dará el sábado próximo, cuando el Consejo de Ministros trate el asunto en una sesión extraordinaria y eleve el pedido al Senado. Rajoy lamentó “profundamente la actitud de los responsables de la Generalidad de Cataluña de buscar, deliberada y sistemáticamente, el enfrentamiento institucional” y sostuvo que la intervención se tomó para “recuperar la convivencia pacífica entre ciudadanos y frenar el deterioro que la inseguridad política y jurídica” que causaron “un evidente perjuicio económico y social a todos sus ciudadanos”.
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