UN GRUPO DE VECINOS DE EL PALOMAR DENUNCIÓ QUE LA OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN AEROPUERTO CIVIL EN LA BASE AÉREA DE EL PALOMA EMPEZÓ SIN QUE ANTES SE LLEVARAN A CABO LOS ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y LAS AUDIENCIAS CORRESPONDIENTES E INTERPUSO UN AMPARO POR LAS CONSECUENCIAS QUE UNA CONSTRUCCIÓN DE ESAS CARACTERÍSTICAS PODRÍA TENER EN UNA ZONA QUE DEBERÍA SER DECLARADA RESERVA NATURAL.
Con un proyecto anunciado con neones pero sin detalles, el Ministerio de Transporte de la Nación promete desde hace meses la construcción de un aeropuerto civil en la base Aérea de El Palomar, como parte de un plan mayor que ha dado en llamar “la revolución de los aviones”, es decir, una política de apertura de los cielos a empresas de low cost (bajo costo), en perjuicio de la línea de bandera Aerolíneas Argentinas. Un grupo de vecinos de El Palomar denunció que la obra empezó sin que antes se llevaran a cabo los estudios de impacto ambiental y las audiencias correspondientes e interpuso un amparo por las consecuencias que una construcción de esas características podría tener en una zona que debería ser declarada reserva natural. Los terrenos aledaños al aeródromo, un predio ubicado dentro de la I Brigada Aérea de El Palomar, que abarca una superficie de unas 140 hectáreas, en palabras de los vecinos representa “el último pulmón del Partido de Morón. Los terrenos que pretendemos sean reserva son casi el 50 por ciento de la superficie verde del partido”.
En el año 2009 la Municipalidad de Morón, a instancias del entonces intendente Martín Sabbatella, le solicitó a la Universidad de Buenos Aires un estudio de los terrenos linderos a la Base Aérea de El Palomar, para evaluar la posibilidad de convertir la zona en una reserva. El trabajo fue realizado por el Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Universidad de Buenos Aires, premiado por la UNESCO y encabezado por el biólogo Fabio Kalesnik. El resultado fue la confirmación de que este predio, atravesado por el arroyo Morón, cumple con todas las condiciones necesarias para ser protegido. Según los investigadores se trata de “uno de los últimos relictos de pastizales húmedos pampeanos que se encuentran en el Gran Buenos Aires, de especies nativas, que ofrecen importantes funciones ecológicas”, como la mejora del suelo, la amortiguación de la erosión de la lluvia (fundamental para regular las inundaciones), la preservación de la biodiversidad. Dentro del predio hay un bosque con ejemplares de más de cien años y viven alrededor de doscientas especies de fauna silvestre. Después de estos resultados, varios proyectos para preservar la zona entraron al Consejo deliberante de Morón, pero la ordenanza de protección nunca llegó.
En julio de este año el Ministro de Transporte Guillermo Dietrich anunció la llamada revolución de los aviones, que además de la asignación de rutas a aerolíneas lowcost -muchas de ellas considerablemente flojas de papeles-, incluyó el proyecto de convertir la base aérea Palomar en el tercer aeropuerto de pasajeros del Área Metropolitana. "El Palomar será para cualquier empresa que quiera volar", dijo entonces Dietrich, quien confirmó para esta obra la inversión estatal y también la privada, de parte de Flybondi. Esa controvertida compañía -investigada por el fiscal Jorge Di Lello en una causa en la que se encuentra involucrado el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, imputado por conexiones con directivos de dicha empresa- aseguró estar dispuesta a desarrollar la obra a cambio de la concesión de una terminal por 15 años. Este año Flybondi fue autorizada a operar las rutas que había pedido en diciembre de 2016 sólo después de reponerse tras las denuncias ante la Justicia de que no contaba con el capital y los aviones necesarios para llevar adelante el negocio.
Las denuncias de los vecinos -algunos de ellos agrupados en la organización Isla Verde- es que la remodelación del aeródromo para convertirlo en aeropuerto de pasajeros implicaría edificar sobre terrenos que está probado que deberían declararse reserva natural. Según los vecinos las obras ya habrían comenzaron pero sin estudios de impacto ambiental que se hayan dado a conocer a la población, ni audiencias públicas. Es por esta razón que presentaron un amparo que solicita el cese de las obras, así como los desmontes y la quema de pastizales. “Más allá de los anuncios públicos pomposos, ¿cómo será el aeropuerto? ¿va a tener tres pisos? ¿quince? ¿qué consecuencias va a tener para los vecinos de la zona una construcción de esta magnitud? Todo eso no lo sabemos, porque desde el gobierno no lo han hecho público. Sólo para empezar: está probado que Isla verde es un lugar que hay que proteger. Lo que le estamos pidiendo al Consejo deliberante es que no toquen la zona. La cuestión de la contaminación sonora entre otros temas serán cuestiones para discutir en otras etapas”,sostuvo Guillermo Iracheta, el abogado que está llevando adelante la acción judidicial.
“Morón es un partido con muy pocos espacios verdes. Los metros cuadrados de espacios verdes por habitante ya, aun contando Isla verde, están por debajo de lo que plantea la Organización Mundial de la Salud. Así que ni hablar de cómo descendería esa cifra si se construye sobre Isla Verde, que es el gran pulmón de la zona”, indicó Iracheta. En el amparo el abogado denuncia que no hubo audiencias públicas: “cualquiera puede comprobarlo ya que esas audiencias no han sido publicadas en el Boletín Oficial. Lo único que sí se dio a conocer fueron las audiencias de las lowcost que operarían ahí, pero nada con respecto al impacto ambiental y las consecuencias para la salud de la ciudadanía. Sea lo que sea que estén empezando a construir, lo que estamos pidiendo es que se cumpla con la ley y la Constitución y se haga público el proyecto y se hagan las audiencias correspondientes”.
El amparo cita, entre otras, la Ley General del Ambiente (25.675) que estipula que “toda obra o actividad que sea susceptible de degradar el ambiente o alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, está sujeta a un estudio de impacto ambiental, así como obliga a las autoridades a informar sobre los posibles efectos en el ambiente provocados por las actividades antrópica actuales y proyectadas y establece procedimientos de consulta y opinión de la ciudadanía”.
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