sábado, 11 de febrero de 2017

Escándalo por la deuda perdonada a Correo Argentino S.A.: en un nuevo dictamen, la fiscal Boquín califica la conducta del Grupo Macri como "contraria a la buena fe"

MIENTRAS CRECE LA QUEJA DE LOS DIRIGENTES DE LA OPOSICIÓN POR LA CONDONACIÓN DE DEUDA DEL RÉGIMEN AL GRUPO MACRI, LA FISCAL DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO COMERCIAL EMITIÓ UN NUEVO Y DURO DICTAMEN EN EL QUE CONSIDERA QUE EL CORREO ARGENTINO TIENE UNA ACTITUD "CONTRARIA A LA BUENA FE".

En un nuevo dictamen producido ayer, la fiscal Gabriela Boquín sostiene que la sociedad a cargo "posee activos, créditos con expectativa de cobro contra el Estado Nacional, es decir al mismo acreedor al que se le ofrece una forma de pago abusiva".

La propia Boquín es quien había dictaminado que debe rechazarse "por abusiva" la propuesta realizada por la empresa Correo Argentino, propiedad de la familia Macri, y aceptada por el Estado Nacional, en el marco de un concurso preventivo.

La decisión de la fiscal tuvo lugar luego de que el régimen avalara una nueva oferta de pago que propuso Correo Argentino, de Franco Macri, padre de Mugrizio, sobre la deuda que la empresa sostiene desde hace varios años con el Estado.

Luego de que la causa estuviera más de 15 años empantanada en los tribunales y de los numerosos rechazos de acuerdo por parte del Estado, la gestión de Macri aceptó una quita del 98,82% del total de la deuda y su cancelación podrá efectuarse hasta 2033.

Según Boquín, el ofrecimiento realizado en junio debe considerarse "abusivo", ya que implica una quita de más de $ 4.000 millones en la actualidad y de más de $ 70.000 millones a 2033, cuando finalice el plan de pagos.

El Estado era el principal acreedor de Correo por la falta de pago del canon que el grupo Macri debía abonar tras hacerse cargo de la concesión del reparto de la correspondencia. Luego de la quiebra, el servicio volvió a quedar en manos del Estado, que se encargó de repartir sobres y bultos en todo el país.

La fiscal general llegó a esa conclusión luego de un análisis efectuado con la colaboración de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones), el cual toma como base la fecha en que se inicia el concurso el 19 de septiembre de 2001, cuando se empezaría a pagar y la fecha en que se terminaría de abonar la deuda.

La Procuración de la Nación realizó un cálculo estadístico y matemático, el cual da que al año 2033 esa deuda que era de $ 296 millones, actualizando los índices y con la tasa del Banco Nación, treparía a $ 71.000 millones.

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