Treinta y seis personas fueron asesinadas por la represión estatal entre el 19 y el 20 de diciembre de 2001. Sólo hubo condenas para seis crímenes. El resto permanece impune.
Si imagináramos un grupo de diez argentinos en 2001, veríamos a seis pobres, dos indigentes y sólo dos de clase media o media alta. Sabríamos que dos no tenían trabajo, cuatro estaban en negro y dos, “subempleados”. La mitad no contaba con obra social ni con ningún sistema de salud privado. Se enfermaban. Sobre todo, los que sufrían necesidades básicas insatisfechas, sin cloacas, inodoros ni esperanzas. De los que tenían más de 25 años, sólo el 34,3% había completado o superado el nivel secundario. El resto no. Pero tenían algo en común: cada uno de ellos debía U$S 3800, gracias a que la deuda externa alcanzaba los U$S 180 mil millones.
Cada grupo de estos diez argentinos se multiplicaba hace diez años a lo largo y ancho del país, y delineaba así el mapa de la mayor crisis desde la recuperación democrática.
El presidente Fernando de la Rúa, sus ministros y funcionarios sumaron anarquía desde el propio aparato estatal. Los bancos, por orden gubernamental, les prohibieron a los ahorristas disponer de sus depósitos.
El hambre y los saqueos fueron respondidos con cárcel, palos y balas. El estado de sitio dictado por De la Rúa, el 20 de diciembre, no fue otra cosa que el marco legal para detener a 4500 personas en todo el país y permitir el asesinato de 36. Pibes y pibas. Inocentes. Desesperados. Cinco presidentes se sucedieron mientras las cacerolas se agitaban al grito de “que se vayan todos”.
Muchos se fueron, pero las víctimas y sus familiares no. Se quedaron a llorar su impotencia y soledad. Hoy, a diez años de la tragedia, siguen llorando. La mayoría no sabe quién ni por qué mató a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Sólo hay seis condenas.
Estos 36, también merecen ¡¡¡MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA!!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario