Comuneros porteños opositores denunciaron que el decreto que busca modificar el funcionamiento de las comunas es inconstitucional y atenta contra la ley orgánica que rige a esos organismos.
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Julieta Costa Díaz, comunera de Socialistas para la Victoria (Comuna 12) y
Maximiliano
Nenna, comunero del Frente para la Victoria (Comuna 4)
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Comuneros porteños apositores apuntaron al decreto publicado en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires el último 27 de junio, que prevé la modificación de los organismos de descentralización a partir de la creación de un Régimen Gerencial.
Según lo firmado por el jefe de Gobierno, Mugrizio Macri, su Jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larrata, y el Ministro de Modernización, Andrés Ibarra, los cambios apuntan a dotar a las comunas de "una estructura organizativa adecuada al desarrollo de las competencias constitucional y legalmente atribuidas".
Los comuneros opositores ven en estos cambios un nuevo intento de limitar las ya de por sí escuetas funciones de las Comunas, ya que la nueva ordenanza avanza sobre las dos áreas que la Ley específica contempla como exclusivas de los gobiernos comunales, la participación ciudadana y el control comunal.
Al respecto, Julieta Costa Díaz, comunera de Socialistas para la Victoria en la Comuna 12, indica que "es una acción anticonstitucional porque el Ejecutivo está queriendo definir la estructura organizativa de las comunas cuando sólo la Legislatura, a través de dos tercios de sus miembros, puede modificar esto que tiene rango constitucional, al igual que la Ley de Ministerio".
Uno de los cuestionamientos de Costa Díaz apunta a que la estructura gerencial que busca implementar el macrismo no es más que la reglamentación de los escalafones ordenada por el Ministerio de Modernización, por lo que esos cargos serían ocupados por funcionarios de carrera del Ejecutivo y no por comuneros, tal como establece la ley 1.777 que rige a las Comunas.
La comunera señala que "a contramano de los discursos de eficiencia estatal", con esta medida el PRO continuará ampliando la estructura de cargos política y denuncia que durante la gestión macrista se duplicaron estos puestos políticos, que pasaron de 900 en 2007 a más de 1.800 en el 2013.
Tres años atrás, a semanas de entrar en funciones los comuneros elegidos por voto popular, el macrismo implementó las Unidades de Atención Ciudadanas (UAC) que absorbieron funciones que les correspondían a los organismos descentralizados, principalmente aquellas vinculadas a las acciones que el gobierno central debía delegar en las Comunas.
En referencia a esto, Maximiliano Nenna (FPV), comunero en el distrito 4, señala que "primero con la implementación de las UAC y posteriormente con los proyectos de ley a través de los cuales quisieron correr a los integrantes de las Juntas Comunales, el PRO continúa desplegando estrategias para recortar nuestras funciones".
Nenna recordó que a pesar de estar contempladas en la constitución local de 1996, los gobiernos comunales debieron recorrer un largo derrotero hasta que el Supremo Tribunal de Justicia porteño ordenó la elección de comuneros en 2011, y auguró que este nuevo decreto "va a generar un largo conflicto institucional".
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