Es por una de las investigadas por presunta evasión y lavado de dinero, PRIMA, con quien la Ciudad acordó un contrato de más de 274 millones de dólares para proveer netbooks e Internet a escuelas públicas. La Auditoría ya investiga el contrato.

A las sospechas de sobreprecios en la licitación se suma la inclusión de esa compañía en el listado de 469 personas y empresas que el juez federal Sergio Torres remitió a organismos de Suiza y Estados Unidos para investigar delitos por presunta evasión y lavado de dinero.
Fabio Basteiro, del bloque Buenos Aires para Todos, admitió que realizarán "un pedido de informes reclamando al gobierno de la Ciudad que dé explicaciones por el hecho grave de que empresas sospechadas de lavado de dinero son proveedoras del Plan Sarmiento".
Y adelantó: "En este asunto está la firma del ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich, avalando un plan semejante. Este tema tiene varias aristas por lo que nuestro pedido va a tomar todos los ángulos posibles".
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