jueves, 18 de abril de 2013

Macri también privatizará las bicicletas "gratuitas"

Lo de gratis duró poco. El gobierno de Mugrizio Macri le otorgará $ 135 millones a empresas extranjeras para construir nuevas estaciones y concesionar por cinco años el Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB).

Varios legislativos porteños denuncian que "se trata de una concesión encubierta", como afirmó Alejandro Bodart (MST-Abyecto Sur). 

Lo cierto es que los voceros de la Subsecretaría de Transporte de la Ciudad, replican que se trata de una licitación.

La realidad es que el viernes pasado ya se abrió a los licitantes, la adjudicación del Servicio de provisión, instalación, gestión y mantenimiento del sistema de Transporte Público de bicicletas.

Bajo este marco, el legislador Bodart explicó que de esta manera "le entregan el servicio a privados por menos de cinco años, para evitar que pase por la legislatura".

La empresa que se haga cargo de las bicis, entonces, recibirá 135 millones de pesos del gobierno de la Ciudad, para quedarse con el servicio por un tiempo menor al que la ley requiere y, de esta manera, se evita su discusión parlamentaria.

Treinta días hábiles después de adjudicado el servicio, la empresa privada pasaría a hacerse responsable de las estaciones ya existentes. La primera aparición de obras se vería hacia los 180 días pero, para entonces, ya habrá cobrado seis meses de facturación sumado al anticipo.

En resumidas cuentas, podrá afrontar sus costos con 25 millones de pesos aportados por el Estado. Sobre este tema, otro legislador de PS, Rafael Gentili, expresó: "Esto indica una estrategia privatista en la que el Estado paga para que un privado con mínima inversión se haga cargo de lo que podría brindarse estatalmente con eficiencia: un negocio sin plata".

Lo que es casi un hecho, es que el servicio hasta ahora gratuito que fue una de las propagandas de campaña del PRO, deje de ser gratuito y pase a tener personal con horarios fijos y una tarifa con pago semanal, mensual o diaria.

El contrato de 135 millones podría incrementarse además hasta un 15% si la empresa así lo requiriera y el Estado lo considerara pertinente.

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