Tras un accidente, Marcelo Diez lleva 18 años en estado vegetativo. Su familia pide que se aplique la nueva normativa. En una carta pública a los fieles, el obispo de Neuquén dijo que sólo es "un caso de alta discapacidad".

Los primeros años, sus padres intentaron por todos los medios curarlo. Montaron un hospital en la casa para su rehabilitación, lo llevaron a la Fundación Favaloro, de allí a la Clínica Bazterrica, luego a ALPI. Nada pudieron hacer, tampoco aceptar lo que le había pasado a su hijo. Ambos murieron: la madre en 2003; el padre, en 2008.
Sus hermanas, Adriana y Andrea Diez, respetaron la decisión de ellos de esperar un milagro, pero luego de que el diagnóstico de irreversibilidad fuera refrendado por seis comités de bioética, piden la muerte digna para su hermano. Denuncian que la institución donde está internado no respeta la voluntad de la familia y seguirán adelante con un proceso judicial que iniciaron hace dos años y medio, antes de la sanción de la ley. Juntan cartas de gente que lo conoció para "probar" que Marcelo no hubiera querido esto para su vida y piden sumarse a su grupo en Facebook.
Batallan contra otro adversario, muy poderoso. Este fin de semana, se conoció una carta del obispo de Neuquén, monseñor Virginio Domingo Bressanelli, en la que se opone a que Marcelo deje de ser asistido ante nuevas complicaciones derivadas de su situación. En febrero de 2011, meses antes de que se sancionara la ley de muerte digna, la jueza neuquina Beatriz Giménez denegó el pedido de la familia, argumentando que "su cuerpo no exhibe el deterioro propio de alguien que va directamente a una muerte natural. Así lo comprobé personalmente".
"El argumento es aberrante. Para empezar, ella no es médica. Habla desde su percepción sobre el estado de Marcelo, que tiene reacciones reflejas, como apretar una mano", explicó Lucas Pica, el abogado de la familia Diez.
Hace unos días, el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Neuquén, José Gerez, consideró que Marcelo está "desahuciado en situación terminal, alimentado e hidratado artificialmente" y en ese contexto, de acuerdo a la nueva normativa, debería dejar de ser asistido con procedimientos antibióticos e hidratación. Actualmente está internado en la Casa de Salud de LUNCEC, donde, según la familia, no se está respetando la decisión de no intervenir ante nuevas complicaciones que presente su caso para dejarlo morir.
"Los jueces tardan en expedirse y la Iglesia local presiona con comunicados públicos. El del fiscal es el primer pronunciamiento a favor de la familia. Desde que el caso se hizo público, los sectores más conservadores de la sociedad neuquina, representados por el obispo, se han opuesto al derecho de este paciente a morir dignamente", dijo el abogado.
Respecto de la decisión de las hermanas Diez de continuar con el juicio -a pesar de que una ley nacional ya las respalda-, Pica explicó que "iniciamos un camino judicial y necesitamos terminarlo. La familia quiere esperar a que termine el proceso y demandar a esta institución que no fue respetuosa de su decisión. Y ahora no está cumpliendo con la ley".

Según el obispo de la diócesis de Neuquén, monseñor Virginio Domingo Bressanelli, la Ley de Muerte Digna sancionada recientemente por el Congreso de la Nación es un equívoco. Desconociendo el análisis de los comités de bioética que analizaron el caso de Marcelo Diez, expresó en una carta pública a los fieles fechada el 15 de agosto pasado, que el suyo no es un caso irreversible.
En algunos apartados de su misiva, Bressanelli sostiene: "Frente a lo mucho que se dice, se escribe y se debate acerca de Marcelo Diez, siendo que hay quienes, sosteniendo distintas posturas, han recurrido incluso a la Doctrina de la Iglesia, es mi deber comunicar a la Comunidad Cristiana y a los habitantes de Neuquén lo que me compete desde mi servicio pastoral. Dentro de un estado de inconciencia persistente, Marcelo goza de una salud física estable. No está conectado a nada. No es un enfermo terminal. No está sometido a terapia alguna. Por lo tanto no se practica sobre él un ensañamiento terapéutico que le prolongue artificialmente la vida. No manifiesta tampoco estar sometido a algún dolor físico, psicológico o espiritual. Presenta reacciones mínimas. No se sabe si oye o qué grado de conciencia tenga de sí mismo y de la realidad circundante. Configura, más bien, un cuadro de alta discapacidad. Desde el punto de vista humano, es una vida que hemos de respetar, cuidar y sostener hasta que su estado se revierta, como esperaban sus padres, o hasta que su curso se cierre naturalmente. Todo esto nos ubica frente al misterio de la vida de un hermano, de la que no puede ser dueño ni administrador absoluto una tercera persona".
La pregunta que nos hacemos es ¿desde cuándo, en un estado de derecho, la presión de un obispo tiene más peso que una ley nacional?
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