La polémica por el traspaso del subte comenzó en noviembre del año pasado, cuando el Gobierno Nacional anunció el pase de la operación del servicio a la órbita de la Ciudad, que primero aceptó y luego dijo que no.

Entre los antecedentes más destacados pueden mencionarse a los decretos-leyes de la Dictadura que crearon la empresa "Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado" (SBASE), y transfirieron su paquete accionario a la entonces Municipalidad de Buenos Aires.
Luego, ya en democracia, la sanción de la ley 23.514 en 1987, creó el "Fondo permanente para la ampliación de la red de subterráneos".

En noviembre del año pasado, el Gobierno Nacional anunció su intención de traspasar los subtes a la Ciudad, con el objetivo de cumplir con la ley. En un principio, el Gobierno de Mauricio Macri aceptó: se habló de un cronograma tentativo para instrumentar el traspaso, y hasta se aumentó la tarifa un 127%.
Sin embargo, de un día para otro, la Ciudad hechó todo para atrás y el camino se empezó a empantanar.
Las consecuencias de esa negativa están a la vista: un paro de 10 días, porque los trabajadores aún no pudieron sentarse a discutir su negociación paritaria anual; una empresa (Metrovías) que mira para otro lado y sostiene que hasta que no se le garantice el dinero para pagar los sueldos no piensa aumentarlos, y un gobierno local que se sigue negando a asumir su responsabilidad.
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