BAJO EL NOMBRE DE “REPARACIÓN HISTÓRICA PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS”, EL EJECUTIVO FASCISTA ENVIÓ AL CONGRESO UN PAQUETE QUE INCLUYE LA “AMNISTÍA FISCAL”, LA POSIBILIDAD DE VENDER ACTIVOS DE LA ANSES Y CAMBIOS IMPOSITIVOS, ENTRE OTRAS MEDIDAS.
Después de varias idas y vueltas y versiones cruzadas entre referentes del oficialismo, el régimen macrifascista envió anteanoche al Congreso el paquete de medidas que incluyen el blanqueo de capitales, el pago de juicios a los jubilados, la reforma del impuesto a los Bienes Personales y la devolución del 15 por ciento de coparticipación a los gobernadores, entre otras. Todas las iniciativas están incluidas en un texto de más de 90 carillas denominado “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”, que comenzaría a tratarse hoy en la Cámara de Diputados.
Tal como le reclamaron públicamente desde la UCR y la Coalición Cínica, el macrifascismo aceptó excluir a los funcionarios públicos de la posibilidad de ingresar en la “amnistía fiscal” que se implementará con este paquete.
En un primer momento, fuentes oficiales informaron que el proyecto iba a ser remitido a Diputados, posteriormente se cambió al Senado y finalmente se volvió a la idea original.
En su artículo primero, el proyecto declara la “emergencia en materia de litigiosidad previsional” por el plazo de 3 años a partir de la promulgación de la ley, prorrogable por otros tres. En ese contexto, el Ejecutivo establece el “Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados” que dispone del pago de las deudas a quienes iniciaron juicios previsionales, el aumento de los haberes pasivos en un promedio del 45 por ciento y la creación de una pensión universal para aquellos que no cuenten con los requisitos para jubilarse.
A diferencia de la moratoria previsional implementada durante el kirchnerismo y derogada por Macri, los que reciban la pensión por vejez cobrarán el 80 por ciento de la jubilación mínima, mientras que con el sistema anterior, una vez saldada la deuda previsional se pasaba a cobrar el importe total de la jubilación correspondiente. Además, las mujeres no podrán recibir su pensión a partir de los 60 años sino a partir de los 65.
La propuesta del régimen podría alcanzar a 2,5 millones de jubilados y se estima un costo fiscal de unos 75 mil millones de pesos anuales por los ajustes de las jubilaciones, a los que deben sumarse una suma de 47.000 a 55.000 millones de pesos para el pago de los retroactivos y 1.946 millones por el cambio en el coeficiente para calcular las jubilaciones.
Para sustentarlo, el proyecto establece que el programa “podrá ser atendido con recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino” y agrega que a tales efectos “podrá disponerse la liquidación de activos”. Es decir que la iniciativa prevé la venta del capital del FGS y no solamente el pago con los beneficios obtenidos por sus colocaciones.
Además, se incorpora el blanqueo de capitales presentado como “Amnistía Fiscal”, que según la alianza de derecha Cambiemos permitiría captar hasta 20 mil millones de dólares, sobre los cuales se tributaría un porcentaje entre el 0 y el 15 por ciento, según el monto. El “régimen de sinceramiento fiscal” que implica la posibilidad de “declarar de manera voluntaria y excepcional” ante la AFIP “la tenencia de bienes en el país y en el exterior” se extenderá desde la aprobación de la ley hasta el 31 de marzo de 2017, inclusive.
Por otro lado, el proyecto también establece un proceso de “regularización excepcional de obligaciones tributarias, de la seguridad social y aduaneras” y una modificación del impuesto a los Bienes Personales. Aquellos que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias ante la AFIP quedarán exceptuados de este impuesto. Para el resto se pasará de 305 mil pesos a 800 mil la base imponible para el período 2016. Para el período 2017 serán 950 mil y para el último año de cobro del impuesto, el 2018, la base será 1 millón 50 mil pesos.
Además, se crea una comisión bicameral que deberá elevar un informe al Congreso sobre una propuesta de reforma tributaria.
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