La presidenta envió a su par norteamericano una carta en la cual le señala que de confirmarse que Nancy Soderberg, presidenta del Public Interest Declassication Board, es la misma que co preside la American Task Force, sería un “hecho grave en las relaciones entre nuestros países”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió ayer una carta a su par de Estados Unidos, Barack Obama, en la que le pidió que aclare si Nancy Soderberg, como presidenta del Public Interest Declassication Board (PIDB), “organismo bajo responsabilidad directa del Gobierno de los Estados Unidos”, es la misma que integra el grupo lobbista de los fondos buitre, American Task Force Argentina.
En la extensa misiva, de cinco carillas, difundida oficialmente en la Casa de Gobierno, Cristina expresa que Soderberg es a su vez “la copresidenta de la American Task Force Argentina (ATFA), entidad creada específicamente para atacar y difamar a la República Argentina y a su presidenta”, en beneficio de “un puñado de fondos buitre que pretenden obtener ganancias exorbitantes interrumpiendo el derecho soberano a la reestructuración de la deuda externa” Argentina.
En uno de los principales tramos del texto, la mandataria argentina señala: "Quisiera informarle que la señora Nancy Soderberg, copresidenta de ATFA, ha llevado a cabo una campaña difamatoria e injuriosa de proporciones inauditas contra el pueblo, las autoridades de mi país y mi persona en particular, con el propósito de perjudicar a la República Argentina en beneficio de un puñado de fondos buitre que pretenden obtener ganancias exorbitantes interrumpiendo el derecho soberano a la reestructuración de la deuda externa de mi país".
"Estas acciones incluyen el infame embargo a la Fragata Libertad, nave insignia de nuestra Armada, que motivó la decisión unánime del Tribunal del Derechos del Mar de las Naciones Unidas ordenando la anulación del embargo por ser violatorio del Derecho Internacional. También intentaron embargar un satélite que es parte de un programa conjunto con la NASA. Sería muy paradójico que la señora Soderberg de la Casa Blanca sea la misma que desde ATFA festejaba y promovía acciones que afectaban, también, a intereses de Estados Unidos", agrega.
Es intengrante de la American Task Force for Argentina (AFTA) y llevó adelante una campaña en favor de los fondos buitre.
El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, designó a Nancy Soderberg como presidenta del Public Interest Declassication Board (PIDB).
Soderberg, intengrante de la American Task Force for Argentina (AFTA),llevó adelante una violenta campaña en favor de los fondos buitre.
Junto con Robert Shapiro, copresidente de la American Task Force for Argentina (AFTA)Soderberg divulgó su presencia en Buenos Aires en julio pasado a través de un almuerzo en el Palacio Duhau con periodistas de cuatro medios opositores.
Tanto Shapiro como Soderberg son expertos en operaciones sucias e hicieron carrera en la función pública vinculándose con el Partido Demócrata, antecedente que no los compromete para trabajar con patrocinadores del Partido Republicano, como Paul Singer, ni ser asistidos por organizaciones en las que participa el Tea Party, como la National Taxpayers Union, para boicotear la gestión de la Argentina ante el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.
"Estamos aquí para sacar los hechos a la luz", había dicho Soderberg entonces. La flamante funcionaria es experta en política exterior y preside la consultora internacional Soluciones Soderberg. Cumplió funciones como representante alterno ante las Naciones Unidas (1997-2001), con el rango de embajadora. Desde 1993 hasta 1997, Soderberg sirvió como personal jerárquico en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
El ministro de la Corte Suprema presentó su dimisión al máximo tribunal de Justicia del país, a través de una carta dirigida a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Explicó que la decisión se tomó por "ineludibles razones normativas".
“Motivan esta dimisión razones normativas y, más lejanamente, éticas y de convicción personal”, señaló el ministro, quien, a su vez, indicó que “secundariamente” pesa en su decisión la idea de que los cargos vitalicios son más adecuados a “los sistemas monárquicos” y “menos compatible con los principios republicanos”.
De esta forma, Zaffaroni eligió el día en el que cumplió once años de su asunción como miembro del Alto Tribunal para solicitar por escrito a la mandataria que que tenga a bien aceptar su renuncia “con efecto a partir del 31 de diciembre del corriente año”.
“No puedo ocultarle que, en los últimos meses, experimento la sensación de que mi tarea en este Poder está agotada, junto con la urgencia en volver a la actividad académica, tanto en el país como en la Patria Grande”, señaló Zaffaroni en el escrito que, con fecha de ayer, remitió a la Presidenta.
Además, en el texto, el ministro expresó a la mandataria, “por el bien de todos los habitantes de nuestra Patria”, sus “fervientes votos por la exitosa culminación de su mandato constitucional, como también por su felicidad y ventura personal, y la de todos los suyos”.
“Tengo el honor de dirigirle las presentes líneas para elevar a su fina consideración mi renuncia al cargo de Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para el que fui designado por el Presidente Néstor Kirchner mediante decreto 932 de 2003, y que asumí hace hoy exactamente once años”, agrga el texto de la carta.
En este marco, tras señalar hacer referencia a las “ineludibles razones normativas” de su decisión, Zaffaroni indicó que “el motivo fundamental, que no requiere mayor explicación, finca en el acatamiento a lo dispuesto en el tercer párrafo del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución Nacional”.
Allí, la Carta Magna, a la luz de su Reforma de 1994, señala que “un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan la edad de setenta y cinco años”.
En este sentido, Zaffaroni indicó que el 31 de diciembre de este año, “será inminente” que su situación “encuadre en la previsión constitucional”, dado que el 7 de enero cumplirá 75 años, la edad tope establecida en la Constitución.
“La idea de la vitalicidad de los funcionarios de la Constitución, si bien excepcional, siempre es más adecuada a los sistemas monárquicos y, por ende, menos compatible con los principios republicanos”, sostuvo Zaffaroni en otro tramo de su carta de renuncia que remitió a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Al respecto, dijo entender que, “once años, desde la perspectiva del tiempo existencial, es un lapso prolongado, siendo momento de volver a volcar mayor empeño en la labor docente, en la tarea doctrinaria y en la acción en las instituciones científicas internacionales”.
“Es indispensable formar a muchos hombres y mujeres jóvenes, para que desde el atalaya de nuestra posición en el mundo, en este siglo crucial para toda la humanidad, sean capaces de continuar reflexionando y actuando el derecho mucho más y mejor que nosotros, en pos de la reducción de los niveles de desigualdad y violencia”, planteó el ministro en su escrito.
En este sentido, afirmó que el país asiste a “una nueva Reforma Universitaria, que incluye a las clases trabajadoras y humildes, y el saber jurídico no debe permanecer ajeno a este movimiento de revolución pacífica y silenciosa”.
“Estimo que la justicia -y el derecho en general- no profundizarán su democratización sin un cambio cultural que, ante todo, debe provenir de sus propias fuentes de producción académica”, postuló Zaffaroni, quien, para finalizar la carta, le expresó a la mandataria su “más selecta consideración y estima” y el saludo protocolar “b.s.m”, que significa que besa su mano.
En el momento en el que Zaffaroni deje su lugar vacante en la Corte, el Poder Ejecutivo Nacional deberá poner en marcha el mecanismo para la designación de un nuevo miembro del Máximo Tribunal, dado que la normativa vigente prevé que ese cuerpo debe estar conformado por cinco miembros.
Merced a una ley impulsada por el Ejecutivo, en el 2006 el Congreso Nacional redujo el número de integrantes del Máximo Tribunal de nueve miembros a cinco miembros, número al que la Corte llegó con el fallecimiento del ministro Enrique Petracchi, ocurrido el 12 de octubre pasado.
Actualmente, integran el Máximo Tribunal -además de Zaffaroni- Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco.
En declaraciones periodísticas realizadas tras el fallecimiento de Petracchi, Fayt, quien el 1 de febrero cumplirá 97 años, dijo que permanecerá “un tiempo más” en la Corte Suprema.
El fallecimiento de Carmen Argibay el 10 de mayo de este año, el de Petracchi hace casi tres semanas y la anunciada decisión de dejar la Corte al cumplir 75 años planteada este año por Zaffaroni dispararon semanas atrás el debate y las especulaciones en torno a la composición del Alto Tribunal.
A través del Decreto 2044, la Presidenta aceptó ayer la dimisión del juez de la Corte Suprema de Justicia.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchneraceptó ayer, mediante el Decreto 2044, la renuncia deEugenio Raúl Zaffaroni al cargo de juez de la Corte Suprema de Justicia, a partir del próximo 31 de diciembre.
El decreto invocó el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, que contempla como tope etario de los miembros de la Corte los 75 años,en la ley mayor reformada en 1994.
En el artículo 2,Cristina Kirchner le agradeció al magistrado renunciante"los valiosos servicios prestados en el desempeño de su cargo".
El decreto lleva la firma de la presidenta y del ministro de de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak. Cómo queda compuesta la Corte Con la renuncia de Zaffaroni y los fallecimientos de Carmen Argiby e Ricardo Petrachi, la Corte queda integrada por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. Ricardo Lorenzetti es el presidente del órgano del Poder Judicial y asumió a el cargo el 1 de enero de 2007, tras ser propuesto por el entonces mandatario Néstor Kirchner. Elena Highton de Nolasco también fue designada por Kirchner, en 2004. Tiene 70 años y actualmente es vicepresidenta del cuerpo. Carlos Fayt es miembro de la Corte desde 1983, cuando fue propuesto por el presidente Raúl Alfonsín. Tiene 95 años pero se mantiene en el cargo gracias a una acordada interna firmada por sus pares de la Corte. Juan Carlos Maqueda había asumido como senador nacional por Córdoba en 2001, hasta que al año siguiente fue propuesto por el entonces presidente Eduardo Duhalde como miembro de la Corte. Ministro del máximo tribunal desde el 30 de diciembre de 2002, tiene 63 años.
El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat elogió la decisión del juez de la Corte Suprema de presentar su renuncia a partir de lo que establece la Constitución marcando un límite de 75 años de edad para sus integrantes.
El abogado además consideró "un disparate jurídico" la acción de amparo presentada por Carlos Fayt en la que argumentó que llegó al tribunal antes de la reforma constitucional de 1994, que establece ese plazo.
"Debemos recordar que Fayt y el fallecido (Enrique) Petracchi impugnaron la clausula que establece el límite de edad de 75 años, generando de esta manera precedente en lo institucional, declarando inconstitucional una norma constitucional", señaló Barcesat y precisó que "antes de la clausula del '94 la designación de jueces era vitalicia".
Asimismo el prestigioso constitucionalista, aseveró que respeta y destaca "el desempeño de Zaffaroni como ministro de la Corte, como académico".
En ese sentido, expresó que "ahora se debe proceder a partir de lo que establece el decreto 222 firmado por Néstor Kirchner en el año 2003 para proceder a nombrar al aspirante al cargo que sea propuesto por el Poder Ejecutivo, sus antecedentes deben ser publicados en los medios y luego pasará al Senado".
A su vez, señaló que "es descarada la hipótesis de (Ricardo) Lorenzetti de que puede funcionar la Corte con cuatro miembros" y manifestó que "presentar un aspirante es una potestad del Poder Ejecutivo que debe cumplirse".
El jefe de Gabinete afirmó ayer que buscan "terminar con todo lo que hizo este Gobierno" en los últimos 11 años y que él define al programa opositor como "el plan M".
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó ayer que, entre los dirigentes de la oposición, "opera claramente el frente derogador" que busca "terminar con todo lo que hizo este gobierno" en los últimos 11 años.
"En el arco opositor opera claramente el frente derogador, lo que yo llamo el 'plan M', o que también se podría llamar 'plan de M', que busca derogar todo lo que hizo este gobierno", dijo Capitanich en su habitual rueda de prensa matutina en Casa de Gobierno.
"Quieren restituir las AFJP a los bancos, quieren eliminar la asignación universal por hijo, quieren eliminar el sistema de financiamiento de la seguridad social, bajar las retenciones. Quieren eliminar el financiamiento genuino que tiene el Estado, Fútbol para Todos, y se oponen a la ley de telecomunicaciones", agregó.
Para Capitanich, estos sectores opositores "quieren aplicar la política más ortodoxa para generar exclusión social, lo que tienen como manual de operaciones".
En ese marco, el funcionario indicó que "si uno pudiera observar las variables y predicciones que hicieron los economistas en estos 11 años, se daría cuenta de su absoluto incumplimiento".
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, recordó ayer, al inaugurar la sede del organismo en Bariloche, que hay 39 grupos en proceso de adecuación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y destacó que “se habla del Grupo Clarín porque es el más grande, el más excedido y el que mayor resistencia pone en adecuarse”.
“Uno habla del Grupo Clarín porque es el más grande, el que más excedido está, más resiste a la ley, más daño le hace a la democracia y a la libertad de expresión; pero hay otros 39 planes de adecuación en curso, 37 ya se trataron, dos faltan tratarse y el proceso avanza. Hay un trabajo intenso para que todo mundo cumpla la ley, que es para todos igual”, sostuvo.
Junto a la intendenta María Eugenia Martini y los delegados regionales de la AFSCA, Martín Costa y Pierino Porrino, Sabbatella repasó los cuatro años que el Grupo Clarín logró demorar la implementación de la ley, lapso en el que “trabajaron permanentemente para no cumplir la ley y sostener una situación de privilegio”.
Asimismo, señaló que el grupo construyó esa posición “con vínculos con la dictadura militar, que están en la justicia; en los '90 cuando el país se hundía y ellos crecían, o fundiendo cable operadores pyme, como con el monopolio del fútbol”.
“Lo que no soportan es que no mandan más, por eso se oponen a todo, y ahora vemos que lo hacen con el proyecto de telecomunicaciones Argentina Digital, que traerá más democratización de las comunicaciones y más competencia en el mercado”, agregó.
A su vez, la intendenta destacó el trabajo del equipo de profesionales y técnicos que se desempeñan en la oficina local de la AFSCAa y dijo que desde la aplicación de la ley y las políticas del gobierno nacional “les han permitido a los argentinos poner en tela de juicio determinados razonamientos y palabras que antes eran incuestionables”.
La abogada Graciana Peñafort se refirió al proyecto de Ley Argentina Digital y aseguró que “es muy buen proyecto porque abre un punto de partido para una discusión".
La abogada Graciana Peñafort se refirió al proyecto de Ley Argentina Digital y al respcto opinó que. “ss muy buen proyecto porque abre un punto de partido para una discusión.Lo primero que hace el proyecto es compartir redes, para facilitar la competencia y participación de nuevos prestadores”.
“Los cables son de las 4 grandes prestadoras, las dos telefónicas, Cablevisión, grupo Pierri y Supercanal. El proyecto de ley permite que quienes prestan telefónica, presten servicios de Internet y video”, explicó Peñafort ayer, en declaraciones radiales.
Asimismo, agregó que “la ley tiene normas que marcan un sistema estricto de control.Hay que pensar en normas complementarias que defiendan a pequeños jugadores, hablo de pequeños cables del interior o cooperativas que no pueden competir contra las telefónicas o Cablevisión".
En cuanto a los beneficios que la norma generará para los consumidores, la abogada explicó que“el primer cambio la gente lo va a percibir porque van a tener más prestadores”.
“Vas a tener una velocidad de transmisión mínima, cuando llame a mis padres a San Juan me a salir lo mismo que si llamo a una amiga de acá. En localidades muy chicas que no tenían acceso a datos, el cambio será notorio. El servicio universal lo que busca es que nadie quede excluido por motivos geográficos, por motivos económicos”, señaló.
Además, sobre el uso de las redes, dijo que “hay que regular la convergencia para que no se queden con todo los dueños de las redes. Es una buena idea”.
Peñafort señaló que hoy las grandes prestadoras dan servicios de interconexión pero a muy altos costos.“Ahora el estado puede regularlas para que una parte no vaya en desmedro de otra”, agregó.
“Hacen falta medidas más estrictas, es necesario establecer criterios que eviten que nos pase lo que pasa con la telefonía móvil.Hay que hacer un trabajo muy fuerte para evitar la cartelización”, concluyó.
El PAMI informó ayer que “no existen retrasos en pagos o deudas con prestadores” y que los centros asistenciales “deberían funcionar normalmente” y atender a sus afiliados, en respuesta al conflicto que existe con la Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la República Argentina (Adrecra) y la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa) que denunciaron "falta de financiamiento" del instituto.
“Desde hace más de un año se migró de un sistema donde se abonaba por adelantado (se pagaban cápitas por adelantado, sistema que resultaba indiferente a la real asistencia), a uno donde se pagan las prestaciones que efectivamente se realizan. Este sistema es auditado administrativa y médicamente para que el afiliado reciba una prestación de calidad”, indicó el instituto en un comunicado.
Además, expresó que “como muestra de buena voluntad se realiza mensualmente un adelanto financiero a los prestadores” y añadió que el PAMI dispone “de un equipo técnico que las asesora y capacita cuando, por distintas razones, no logran cargar correctamente los datos de las prestaciones realizadas”.
Por último, el organismo aclaró “que no asiste a asambleas de prestadores” y que su trato con ellos “es individual, debido a que el convenio entre las partes es individual, sin necesitar intermediarios de ningún tipo entre ellos”.
Adecra y Confeclisa denunciaron que “peligra la atención” a los afiliados del PAMI porque “más de ciento cincuenta prestadores de todo el país, padecen la falta de financiamiento del instituto”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos destacó ayer que tendrán derecho a contar con una Aseguradora de Riesgos de Trabajo, al igual que sucede con los trabajadores en relación de dependencia, a partir de la entrada en vigencia de la nueva normativa.
Actualmente, recordó la AFIP en un comunicado de prensa, el empleado de casas particulares se encuentra alcanzado por las coberturas que brinda la seguridad social, así como también cobertura de salud.
“A partir de ahora estará protegido ante cualquier riesgo que se suscite durante su jornada laboral desde que sale de su hogar y hasta el retorno al mismo”, explicó el organismo, en referencia a la resolución general 3693, publicada ayer en el Boletín Oficial.
Señaló además que los empleadores deberán ingresar mensualmente, por cada uno de los empleados que presten servicio en sus hogares, los importes resultantes según las horas trabajadas.
El ingreso de dichos importes, correspondientes a aportes, contribuciones y riesgos del trabajo, se efectuará mediante el volante de pago F.102/RT.
La AFIP destacó que el pago de aportes y contribuciones seguirá siendo a mes vencido, en tanto que el pago del componente de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo se efectuará mediante el mismo formulario “cancelando el mes por iniciarse de modo anticipado”.
“Cada empleador tendrá la opción de elegir una ART, y en caso de no hacerlo, la Superintendencia de Riesgo de Trabajo la designará por sorteo”, añadió el comunicado.
Según remarcó la AFIP, “a partir de la implementación de este beneficio se les brinda al colaborador hogareño una situación de inclusión y un concreto acceso a derechos que, como trabajadores, les corresponden”.
En caso de que se termine la relación laboral, el empleador pagará con el formulario F1350 únicamente aportes y contribuciones del último mes trabajado.
"Al inicio del mes de finalización de la relación laboral, el empleador ya debería haber pagado con el formulario F102/RT la cuota de la ART de dicho mes", concluye el comunicado.
El concejal de Unión por Córdoba Eduardo Serrano será denunciado ante el Inadi por haber utilizado como insulto la palabra "mogólico"al discutir con su par radical, Marcelo Cossar, en medio de una sesión del Concejo Deliberante de la capital provincial en la que se iba a reconocer la labor por la inclusión al padre de una persona con síndrome de Down.
El episodio ocurrió el jueves, momentos antes que se entregara una distinción a Francisco Bedini, un papá que tiene una hija con síndrome de Down y que trabaja por la inclusión de estos chicos, quien al escuchar las expresiones del edil se levantó del recinto y se retiró sin recibir el premio.
Poco después, Serrano accedió a una entrevista radial en la que contó que “surgió una discusión con el viceintendente y tuve el infortunio de haber mencionado lo que mencioné. No estaba al aire porque no tenía la palabra, fue un comentario a un compañero de bancada. Justo esta persona estaba atrás y lo escuchó”.
“Me levanté y fui personalmente a pedirle disculpas. Le dije que cuando se reanudara la sesión iba a pedir la palabra para pedirle disculpas públicamente y así lo hice”, añadió.
No obstante, las disculpas duraron unos minutos, ya que en la misma entrevista, el edil de Unión por Córdoba reconoció que “en la banca, lo que dije es que tenía actitudes de una persona mogólica con la cual no se podía mantener una discusión”.
Por tal motivo, la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (Asdra) emitió un comunicado en el que repudió los dichos del edil, le pidió que se rectifique y le recordó que utilizar la palabra “mogólico” a modo de insulto constituye un claro acto de discriminación contra las personas con síndrome de Down.
Además, la entidad que trabaja por las personas con discapacidad desde hace 26 años aprovecha la ocasión para que la comunidad en general y en particular Eduardo Serrano, puedan conocer la campaña nacional “Insultos”, cuyos objetivos son dejar bien asentada la idea de que la utilización del término “mogólico”, a modo de insulto, constituye en sí mismo un acto de discriminación; y en segundo lugar, (in)formar a la opinión pública acerca de cómo el modo en que se emplean las palabras importa -y mucho- en la construcción del lenguaje, ya que a partir de éste se crean escenarios para las relaciones con los semejantes.
La denuncia será presentada por el asesor letrado del Concejo Deliberante de Córdoba, Estanislao Cortes Olmedo, quien expresó que “es una denuncia expresando los hechos sucedidos, con la prueba correspondiente; para que se verifique la conducta que para nosotros quedaría encuadrada en la ley 23.542 de antidiscriminación".
La Justicia falló a favor de la legisladora porteña en la causa que le había iniciado al capocómico estrella del Grupo Clarín por injurias en el marco de la violencia de género. Historia del conflicto.
La Justicia falló a favor de la legisladora porteña Gabriela Cerruti (Nuevo Encuentro) en la demanda civil que le había iniciado al humorista Jorge Lanada por daños agravados en el marco de la violencia de género.
El fallo del juez Adrián Del Federico condena a Lanada a resarcir a la legisladora con un monto de dinero fijado en quince mil pesos y la lectura de la sentencia en su programa de Radio Buitre, del Grupo Clarín.
En su resolución, el magistrado entendió que las expresiones del periodistase trataban de injurias que "excedieron los límites del derecho a la libertad de expresión y afectaron ilícitamente" a Cerruti, pero no dio lugar al agravamiento por violencia de género. Por eso, la diputada seguirá insistiendo en el carácter estereotipado de las declaraciones contempladas en la ley de violencia de género.
“Estamos contentos con el fallo porque tienen que entender que no vale todo. Parece que ahora aquello de que ´el poder es impunidad´, es´el periodismo es impunidad´”, sostuvoCerruti.
“Pero nos parece importante el encuadre como violencia de género porque no se trataba de una demanda personal sino en nombre de quienes luchamos por la no estigmatización y la violencia discursiva contra las mujeres así que continuaremos buscando que profundice en esa mirada, que es más moderna y todavía no está muy aceptada en la justicia pero que es importante que se tome en cuenta”, indicó sobreel camino que seguirá la demanda ante la posible apelación de Lanada.
La demanda contra el periodista había sido presentada el 12 de julio del año pasado, a partir de las declaraciones emitidas en el programa del 9 de octubre de 2012. Al aire de Radio Buitre, Lanada había dicho sobre Cerruti: “Nos decían que conseguía información porque tenía relación cárnica con alguien o con el turco innombrable o Ramón Hernández, o Kohan pero tenía buena información”.
El conflicto entre ambos se desató cuando el periodista denunció haber sido “detenido” en el aeropuerto de Caracas en la noche que Hugo Chávez fue reelecto presidente y Cerruti escribió en Twitter que la versión no le resultaba creíble, básicamente porque no cree en nada de lo que Lanada diga.
Ese comentario generó la ira del conductor, que se despachó con frases sexistas y discriminatorias. Unos días después, Cerruti escribióuna nota en Tiempo Argentino, en la que explicaba por qué no considera que Lanada sea un periodista serio.
En tanto, los damnificados permanecen en los centros de evacuados instalados en la ciudad homónima bonaerense ycontinúa la búsqueda del adolescente que desapareció durante la crecida.
El cauce alcanzó los 4,76 metros ayer a las 10 de la mañana, 56 centímetros menos que el pico que se dio el jueves a las 14 cuando el agua trepó a la marca de 5,32 metros y alcanzó la Basílica, pese a que ayer volvieron a caer precipitaciones en la zona.
“Las aguas están bajando lentamente, aunque todavía la gente no puede volver a casa y hay aproximadamente 200 evacuados, sin contar los que se autoevacuaron”, indicó una fuente de los Bomberos Voluntarios de Luján, que también precisó que ayer a la mañana retomaron la búsqueda de Nahuel Reyes, un adolescente de 14 años que desapareció ayer en la zona de Pueblo Nuevo (Jáuregui) cuando se bañaba junto a otros amigos.
Explicó que había alrededor de 15 buzos que pertenecen a Bomberos, Prefectura, Defensa Civil y Policía Bonaerense "abocados a a la búsqueda y rescate".
“Tenemos datos recabados, pero tanta cantidad de agua y correntada dificulta la búsqueda”, indicó, al tiempo que explicó que "el río es dificultoso en sí pero se trata de una zona que se limpió con la crecida y donde hay muchos arboles”.
María Eva Reyes, madre de Nahuel, relató que el adolescente estaba jugando en el río junto a un hermano y otros amigos cuando se resbaló y cayó. “Mi otro hijo vio que lo llevaba la correntada”, indicó en declaraciones radiales.
La mujer, madre de cuatro chicos, contó que al momento de desaparecer, Nahuel vestía una remera roja con un dibujo de Los Simpsons, un jogging celeste con una raya al costado y botas azules. “Como toda madre tengo esperanza que aparezca", declaró.
La Presidenta aseguró que "la reindustrialización del país no es sólo un modelo económico" y planteó la necesidad de que exista un "reconocimiento" sobre este proceso que se dio en el país en los últimos diez años por "parte de dirigentes que sufrieron la década del '90.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que su "temor reside en que se instale la idea de que hay una gran crisis" para que quienes gobiernen el país tras las elecciones del año próximo "apliquen políticas de ajuste, fundamentados en que hay una crisis que en realidad no es tal".
Al encabezar ayer el congreso organizado por los jóvenes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA Joven) en Parque Norte, Cristina expresó sentir "un verdadero placer" de participar del encuentro de jóvenes industriales "en una cámara tan importante para el desarrollo del país que promociona a nuevas generaciones".
"Son nuevas generaciones que se incorporan en un verdadero trasvasamiento generacional que debe no solamente darse en la política sino en todos los ámbitos y esferas del país", enfatizó.
La Presidenta expresó estar "movilizada por el reconocimiento" que hicieron los expositores que la precedieron "no a un gobierno, porque los gobiernos pasan, sino a las políticas y los proyectos que son lo que le dan un nivel estratégico a un país, como fue la reindustrialización" de la Argentina.
Cristina admitió que Argentina "no es Disneyworld" pero cuestionó las "profecías apocalípticas que se buscan instalar, para generar malas expectativas que terminan afectando a la economía, y quienes tienen estas visiones apoyan a determinados candidatos".
En ese sentido, mencionó a "dirigentes sindicales que dicen que el próximo gobierno tendrá que hacer un fuerte ajuste y habrá que apoyarlo, mientras a nosotros nos reclaman que eliminemos el impuesto a las ganancias", refiriéndose, sin nombrarlo, a Hugo Moyano.
"Tengo mi interpretación frente a este fenónemo mediático de profecías. Mi gran temor reside en que se instale que hay una gran crisis para entonces los que vengan, lo hagan con políticas de ajuste, fundamentados en que hay una crisis que en realidad no es tal. Y así revertir políticas de este gobierno que han generado empleo e inversión", consideró.
Asimismo, dijo "reconocer a los empresarios que hay desafíos" en la economía, "como el ausentismo laboral que resta competitividad o los impuestos superpuestos en jurisdicciones", pero remarcó que "no hay un manual de proceso de transformación perfecto, esto se va construyendo con la sociedad y también en base a la relación de fuerzas".
La jefa del Estado opinó que "cuando se plantean falsos dilemas y crisis, el perjuicio es no poder abordar con seriedad los problemas que realmente pueden tener los procesos de desarrollo industrial, cuando se sustituye de forma imperfecta importaciones".
Además, se refirió a la "necesidad imperiosa de desarrollar tecnología nacional para la extracción" de los recursos de petróleo no convencional de Vaca Muerta, algo que consideró que generará "una revolución energética y el autoabastecimiento", ya que "representa 68.000 millones de dólares, unas 82 cosechas de soja" al año.
Al respecto, resaltó la ley de Hidrocarburos aprobada esta madrugada por la Cámara de Diputados, que "brindará certezas a los empresarios" para invertir "el capital intensivo que hace falta para la extracción".
También recordó el lanzamiento del satélite Arsat-1 en el marco de la política oficial de ciencia y tecnología, y recordó que el oficialismo aprobó "en absoluta soledad" la creación de la empresa pública que lo fabricó.
"Después eran todas felicitaciones por Twitter (cuando se lanzó a órbita el satélite). Yo preferiría que además de las felicitaciones por Twitter, que son muy lindas, más me gustaría que se sentaran en las bancas a analizar y apoyar proyectos para todos los argentinos", reclamó.
Cristina también criticó a los dirigentes de la oposición que amenazan con derogar leyes del Congreso si llegan al Gobierno y "enseguida rectifican" cuando ven que ese discurso no es aceptado por la ciudadanía, y afirmó que "esas cosas son las que nos distraen de abordar un proceso de industrialización en la Argentina".
"Cuando nos plantean falsos dilemas, esos dirigentes nos distraen de abordar temas como la creciente incorporación de gente al consumo", subrayó.
En este marco, la Presidenta aseguró que "la reindustrialización del país no es sólo un modelo económico; es fundamentalmente un proyecto cultural".
Cristina planteó la necesidad de que exista un "reconocimiento" sobre el proceso de reindustrialización que se dio en el país en los últimos diez años por "parte de dirigentes que sufrieron la década del '90, cuando la política neoliberal arrasaba con todo proyecto industrial".
La Presidenta estuvo acompañada por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich; el ministro de Economía, Axel Kicillof; y el titular de la CGT, Antonio Caló, entre otros.
La ministra de Industria aseguró que los ejes del futuro de la política industrial estarán dados por “la inversión, la investigación y el desarrollo y la integración regional”, herramientas que serán impulsadas por el desarrollo energético y la producción agropecuaria.
La ministra expresó estos conceptos al inaugurar ayer el congreso Adimra Joven, organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos, que bajo el título de “Claves para el desarrollo industrial argentino” tiene lugar en Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.
Giorgi consideró que la Argentina “se ha reindustrializado en forma competitiva en el período 2003-2014, en el marco de un mundo un crisis”, con un modelo de inclusión, equidad, democracia plena y generación de trabajo, al tiempo que cuantificó que en ese período la industria creció el doble, el empleo ascendió un 77 por ciento; la productividad avanzó un 55 por ciento y las exportaciones de origen industrial (MOI) ascendieron 274 por ciento.
“Se habla de viento de cola pero no es verdad. La Argentina tiene una economía integrada al mundo, con viento de frente y no de cola”, aseguró y agregó que el país fortaleció su industria “promoviendo el mercado interno, la inversión para el desarrollo, la sustitución de importaciones y las exportaciones”.
Asimismo, afirmó que en el período el consumo creció 82 por ciento, al tiempo que se fortaleció la inversión en infraestructura, en educación, ciencia y tecnología e innovación y al citar los tres ejes de la política industrial que son la inversión, la investigación y la integración regional, aseguró que “partimos de una industria que está de pie, con inversiones, con regreso al país de científico repatriados”.
Giorgi Sostuvo que los dos vectores de las políticas de industrialización están dados por el desarrollo energético y la agroindustria. En relación a la revolución energética, citó a las reservas de shale gas y shale oil de Vaca Muerta y yacimientos como la cuenca del Chaco Paranaense, el Noa y el Centro. “A eso se le suma la decisión histórica de recuperar YPF para el Estado, con una política de sustitución de importaciones en bienes de capital e insumo”, detalló.
Por otro lado, consideró que la Argentina “va a poder rearmar su matriz productora de insumos difundidos y no va a importar mas” elementos como calderas, reactores, forjas, matrices y chapas, que son bienes de capital para la industria del petróleo y el gas.
Respecto del sector agrícola, citó el carácter “estratégico” del sector alimenticio que brinda al país oportunidades “inéditas” tanto para el consumo interno como para la exportación. Destacó también la competitividad del complejo oleaginoso-sojero, la elaboración de biodiesel, agroquímicos y máquinas agrícolas.
Instó a la producción de bienes de capital y máquinas “pari pasu” entre el sector privado y público y advirtió al sector empresarial que su tarea es “el riesgo y la inversión” y no la busca de la permanente prebenda estatal.
En cuanto a la integración regional, dijo que el Mercosur es “perfectible” y el que critica a ese bloque “quiere que compremos millones de horas de trabajo al resto del mundo” y consideró que el bloque es una “oportunidad para colocar los bienes industriales, en un marco del aumento de la inversión y el comercio interregional”.
Señaló también que el total de importaciones de origen industrial (MOI) de extrazona implica una suma total de 669.000 millones de dólares. De ese monto, unos 160.000 millones de dólares corresponden a bienes de capital, de los cuales 75.000 millones de dólares se destinan a la compra de bienes de capital para industrias extractivas.
Antes de la ministra había hablando el presidente de Adimra Joven, Elio del Re, que recordó que la agrupación había nacido en el año 2009 y que se fue transformando gracias al federalismo, con un régimen de fábricas abiertas y con la realización de concursos de emprendedorismo.
También saludó a los presentes el presidente honorario de Adimra Joven, Juan Carlos Lascurain, quien sostuvo que el golpe militar de 1976 dejó una brecha generacional muy grande en el sector industrial. También señaló que el ala joven de la asociación ha madurado “y ha recorrido su camino”.
En tanto, el presidente de Adimra, Gerardo Venutolo, destacó la capacitación de los jóvenes que lograron conformar una red de alto desarrollo tecnológico federalizada. También citó la importancia del Centro Tecnológico de Buenos Aires y las sedes de próxima inauguración como las de Las Parejas y el de Florencio Varela.
La central obrera pidió defender el modelo económico del gobierno nacional porque “genera trabajo”. Duras críticas al Coloquio de Idea.
A un año de las elecciones presidenciales del 2015, la gestión de Cristina Fernández de Kirchnersuma adeptos en las filas sindicales y políticas, que piden apostar a unpaís con “visión de futuro”.
Al respecto, elsecretario general de la CGT, Antonio Caló(UOM), afirmó que los trabajadores van a “defender a capa y espada” el modelo económico industrial actual porque “genera trabajo”.
En ese sentido, criticó a los referentes delColoquio de IDEAporque pretenden “hacernos retroceder y mirar modelos que nada tienen que ver con las necesidades de los industriales”.
“Esos son los mismos que ahora nos dicen tener las recetas para volver al mundo, cuando en los 90 vendían sus empresasy a nosotrosnos dejaban sin trabajo”, dijo el titular de la Unión Obrera Metalúrgica.
Sobre las elecciones presidenciales del año próximo, el vicepresidente primero del Partido Justicialista nacional pidió a los trabajadores que “no se dejen engañar” y los llamó a “elegir un presidente peronistay que defienda el modelo actual”.
“Que no nos pase como aquella vez, que votamos uncandidato que se vistió de peronistay luego no solo no actuó como peronista, sino que nos llevó al peor modelo económico de nuestra historia, confábricas cerradas y millones de argentinos sin empleo”, dijo para recordar almenemismo.
El titular de la AFSCA dijo que el proyecto, presentado el miércoles por el gobierno nacional, "no modifica en nada la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual” y sostuvo que los que afirman lo contrario “o no están informados o tienen la intención de confundir”.
El presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), Martín Sabbatella, aseguró ayer que el proyecto de regulación de las telecomunicaciones, Argentina Digital, "no modifica en nada a la Ley de Medios" y subrayó que el Grupo Clarín se opone a la iniciativa del Gobierno porque "cuestiona todo lo que tenga que ver con una perspectiva antimonopólica y lesiona su voracidad dominante".
"Ninguna empresa que tenga un servicio de comunicación audiovisual puede no cumplir las condiciones que establece la Ley de Medios", subrayó Sabbatella en declaraciones radiales y precisó que "si una empresa tiene un canal de televisión por aire, en esa misma zona geográfica no puede dar el servicio de cable".
El funcionario indicó que con el proyecto Argentina Digital, la Ley de Medios "no se cambia en nada, no hay ningún punto ni ninguna coma que se modifique" y sostuvo que los que afirman lo contrario “o no están informados o tienen la intención de confundir”, porque esa legislación "sigue regulando todos los servicios de comunicación audiovisual".
Asimismo, explicó que "al declararse todas las redes como de uso público, se exceptúa a las empresas de telecomunicaciones de la prohibición de brindar servicios de comunicación audiovisual, para que puedan darlo", pero remarcó que "no se modifica en nada la Ley de Servicios de Comunciación Audiovisual".
"Lo que hay ahora es una apertura a que todas puedan hacerlo. Se las exceptúa de la incompatibilidad por servicio público, porque todas pasan a ser servicio público, con el nuevo proyecto. Pero los servicios no pueden tener más de 35% del mercado, 24 licencias de cable y 10 de aire", precisó Sabbatella.
Así remarcó que "las limitaciones las tienen todos" e insistió con que "cuando se apruebe la ley, una empresa telefónica puede dar cable hasta 35% del mercado y no superponerse en la misma área con una frecuencia de aire de su propiedad".
Con todo, aseguró que "este proyecto permite que todos los actores participen en igualdad de condiciones regulados por el Estado al ser de interés público y compitan en el mercado".
"El Grupo Clarín quiere mantener su posición dominante y su situación de privilegio, lo que busca es que no haya competencia, ser los dueños del mercado, y lesionar la libertad de expresión y la pluralidad de voces, porque quiere tener la hegemonía en ese mundo", sostuvo el titular de la AFSCA.
Por otra parte, sobre la adecuación de oficio del Grupo Clarín dijo que “en unos días empieza la tasación y una vez que la Cámara de Casación tenga tasado, AFSCA elige lo que concursa y hace concurso público”.
Recordó que “la democracia necesita que todo lo que tenga que ver con la comunicación se regule para que haya más acceso y pluralidad” y se refirió a la recusación interpuesta en su contra por el Grupo Clarín por la adecuación de oficio, al señalar que “la realidad es que el Estado tiene que hacer cumplir la ley".
"El grupo no puede argumentar que no se le dieron las posibilidades, tuvieron tiempo para hacer la adecuación, se les aprobó el proyecto, el problema fue que cuando trajeron los nombres de los supuestos compradores de sus unidades, quedó claro que estaban intentando hacer trampa, cuando dicen que vendían no vendían”, concluyó.
